Del narco al 'coyote': el mundo del crimen latinoamericano reinventa el uso del dron

En las profundidades del Amazonas peruano se encuentra la pequeña comunidad indígena de Buen Jardín del Callarú, apenas una hilera de humildes viviendas tras un recodo del río. Están construidas sobre una plataforma de madera, y cuando el río crece, en temporada de lluvias, el agua llega casi a los umbrales, por lo que para ir de casa en casa hay que transportarse en bote o nadando. Buen Jardín está habitado por unas 275 personas de etnia tikuna. La localidad se asienta un área amazónica cerca de la triple frontera entre Perú, Colombia y Brasil, cooptada por las economías ilícitas como el tráfico de coca y la explotación maderera ilegal. Ambas generan deforestación.

Para los tikuna es difícil luchar la tala ilegal de árboles, que ya ha cambiado para siempre el paisaje de otras comunidades vecinas. "Nuestra selva se está volviendo pampa", alerta Pablo García Akawasa, antiguo 'apu' de la comunidad. El territorio es extenso y, muchas veces, casi inaccesible. Por eso, con la ayuda de la ONG estadounidense Rainforest Foundation, han sido entrenados en el uso de una nueva herramienta: los drones.

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Los tikuna abren unas bolsas negras en mitad de la selva, sacan los pequeños dispositivos, y los ponen a volar. Ya han realizado un mapeo del territorio de la comunidad, y si los drones detectan cualquier cambio, se enviará una alerta a las autoridades competentes. "Gracias a los drones se nos hace más fácil ver si alguien está deteriorando nuestra selva y talando nuestra madera a escondidas", dice García Akawasa.

Drones para el 'narco'

Pero los grupos de narcotraficantes también están haciendo uso de esta nueva tecnología. Los drones, que sirven a los tikuna para defender su territorio, están tomando protagonismo en el tráfico de drogas y en el conflicto armado colombiano, tanto para las autoridades, como para los contrabandistas.

"La tecnología dron se ha convertido en accesible para muchos grupos no gubernamentales, incluyendo grupos criminales", explica Mark Cancian, asesor senior del programa de seguridad internacional del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales (CSIS, por sus siglas en inglés) a El Confidencial.

"No son los drones sofisticados que usa Estados Unidos con armamento de largo alcance. Son drones disponibles comercialmente que han sido adaptados a otros propósitos. Cualquiera puede ir a una tienda a comprar uno. Son mucho más limitados que los drones militares, pero pueden ser útiles para llevar cargas ligeras, que pueden ser mensajes, drogas o teléfonos móviles. Esas cargas pequeñas pueden ser también armas como una granada o pequeños explosivos para atacar objetivos muy específicos", considera el analista.

Tanto la milicia colombiana Ejército de Liberación Nacional (ELN), como los disidentes de las disueltas Farc y los carteles mexicanos presentes en Colombia ya los usan para recoger información de inteligencia sobre las fuerzas de seguridad locales, vigilar los cargamentos de droga o monitorear las rutas del narcotráfico.

Transporte internacional de droga

Además, algunos grupos también habrían llegado a mover coca utilizano los pequeños dispositivos, ya que muchos pueden llevar cinco kilos o más de carga.

En 2016, la policía colombiana encontró un escondite de droga en las playas de Bahía Solano. Se trata de un punto turístico, situado en la costa pacífica y no muy distante a la frontera con Panamá. En la 'caleta', como se conocen esos lugares ocultos en el país cafetero, había al menos 130 kilos de coca, pero también piezas de un dron muy potente, con una autonomía de vuelo de unos 100 kilómetros. Supusieron que el objetivo del dispositivo era introducir la droga en Panamá.

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"El dron era utilizado para llevar la cocaína a Panamá. Tenía capacidad para transportar diez kilos en cada viaje", señaló entonces el general José Acevedo, comandante regional de la policía.

Drones con explosivos

El estupor de las autoridades fue máximo cuando, en septiembre de este año, se hicieron con dos drones, cargados con 600 gramos de explosivo plástico, además de metralla (tornillos, clavos y tuercas), en los alrededores de Tumaco, una zona cocalera del sur de Colombia. La explosión de la carga contenida en los dispositivos habría causado una onda de al menos 20 metros a la redonda cuando se hubieran estrellado contra su objetivo.

Los dispositivos serían propiedad del Frente Oliver Sinisterra, un violento grupo de disidentes de las Farc que se dedican, según las autoridades, al narcotráfico. El Ejército cree que la intención del FOS era atentar contra tropas de la fuerza armada y contra la población civil.

Al servicio del 'coyote'

"Los drones no van a revolucionar el conflicto armado colombiano porque sus capacidades son aún limitadas. Sin embargo, pueden ser utilizado como instrumentos de terror o asesinato", comenta Cancian.

Los carteles de la droga en México también se valen de los pequeños dispositivos voladores para vigilar sus cargamentos y a las autoridades.

En el país norteamericano, los grupos al margen de la ley también utilizan los drones para trazar rutas y detectar vulnerabilidades en la frontera con EEUU. No sólo para cruzar droga, sino también para permitir el paso de migrantes cuando no hay fuerza pública en los alrededores. Las autoridades estadounidenses han registrado un aumento del número de esos vuelos, según la revista Forbes.

“Los drones son vendidos de forma comercial y no hay ninguna forma de evitar que los grupos criminales tengan acceso a ellos”, asevera el analista.

Atentado contra Maduro

Los pequeños dispositivos han sido utilizados incluso en casos de supuesto intento de magnicidio.

El 4 de agosto de 2018, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, daba un discurso en la céntrica Avenida Bolívar de Caracas. De repente, sonaron dos explosiones, y la muchedumbre que se asistía al acto, en su mayoría militares, salió corriendo. A los pocos minutos se supo que dos drones habían explosionado a escasos metros del presidente venezolano, tras haber sido interceptados por guardias que los detonaron prematuramente.

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Maduro declaró que habían intentado asesinarle, y culpó a Colombia de estar detrás del presunto atentado. Bogotá negó haber tenido nada que ver, y parte de la opinión pública consideró la acción como un atentado de 'falsa bandera'.

Pero la cadena estadounidense de noticias CNÑ, logró hablar, en marzo de este año, con el supuesto organizador de la acción, que habló en condición de anonimato.

El personaje dijo que el atentado había sido preparado por desertores del Ejército venezolano y otras personas, descargando a Colombia de responsabilidad, aunque sí admitió que la acción fue preparada en el país vecino. Dijo también que el plan se llevó a cabo con un dron comercial, comprado por internet y ensamblado a mano incluyendo los explosivos en su interior.

Antinarcóticos se pone al día

Las autoridades de varios países latinoamericanos han iniciado una carrera para ponerse al día con los drones ante el aumento de su uso por parte de los grupos ilegales de contrabando. “Las fuerzas armadas de Colombia deberían considerar comprar armas anti drones, que están siendo desarrolladas ahora y llegando a los mercados. Algunas de esas armas interfieren con la comunicación eléctrica entre la base y el dron, y otras disparan a los drones y los derriban”, recomienda el analista Cancian.

Las áreas ideales para el uso de drones son la búsqueda y rescate, la inteligencia y el reconocimiento. La tecnología del dron, además, no es cara con respecto a su valor agregado.

Varios países de la región, como Chile o Argentina, ya utilizan los dispositivos para vigilar sus fronteras. Los expertos creen que, en breve, todos los países empezarán a utilizar drones para controlar los accesos a su territorio.

Los drones son vendidos de forma comercial y no hay ninguna forma de evitar que los grupos criminales tengan acceso a ellos

Las autoridades colombianas, por ejemplo, usan drones para realizar un monitoreo previo de las zonas donde sus agentes van a realizar erradicaciones de plantaciones de coca, con el objetivo de evitar ataques sorpresa de los traficantes.

El Gobierno de la región de Antioquia llegó incluso a realizar, a modo de prueba en octubre de 2018, varias fumigaciones con el polémico pesticida glifosato directamente con drones, en lugar de emplear a miembros de la fuerza pública.

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Las ventajas de los drones son claras a la hora de evitar ataques, pero también las minas antipersona colocadas por grupos criminales para sorprender a los 'erradicadores'. Varias personas han muertos por pisar dispositivos explosivos mientras destruían plantaciones de coca en los últimos años.

Pero la velocidad y el rendimiento de los drones a la hora de fumigar no fueron los esperados.

"Teníamos unos objetivos en cuanto a plazos, pero nos tomamos varios días más de los previstos por temas de mantenimiento y daños en los drones y además por lo lento del proceso", comenta Lila Marcela de los Ríos, gerente de Antioquia Libre de Coca. "La topografía de la región es altamente quebrada y los cultivos están dispersos. Por tema de logística era indispensable usar un helicóptero”, explica.

“Otro problema era la carga de baterías. Siempre se demoraban ocho horas. Por seguridad, en nuestros campamentos se deben apagar todos los sistemas a las seis de la tarde, incluidas las plantas generadoras de energía. Si se terminaba de fumigar o erradicar a las cuatro de la tarde, al día siguiente tenían que dedicarse todo el tiempo a cargar las baterías porque ya no quedaba más tiempo”, añade la gerente de Antioquia Libre de Coca.

Advierte también que los grupos criminales se están tomando la tecnología dron muy en serio.

"Ellos van mucho más avanzados que nosotros. Invierten muchísimo en investigación y desarrollo. No sólo en genética de las plantas, para que sean más resistentes o produzcan más. También hemos visto cómo están empleando los drones para piratear los sistemas de información de las fronteras, para poder ingresar la droga, y también para meter narcóticos y dinero en las cárceles”, comenta.

En América Latina se ha desatado una batalla tecnológica entre los grupos criminales y las autoridades en torno a una tecnología cuya industria, según la consultora estadounidense Price WaterhouseCoopers, podría mover 127.000 millones de dólares en 2020.