Del fusil al megáfono: FARC se reivindica en unas protestas que dejan tocado al uribismo

Boina verde y mirada penetrante, perdida en un océano de cemento. Carlos Alberto Grajales ha pasado buena parte de su vida en las montañas de Colombia, donde servía como guerrillero de las disueltas Fuerzas Armadas Revolucionarias del Común, las Farc. El verde de la tierra y el azul del cielo eran los colores predominantes en su vida. Ya no. Ahora ha cambiado el imponente paisaje rural andino por los altos edificios de Bogotá. El uniforme verde por camisetas de símbolos izquierdistas. Las botas pantaneras por calzado urbano. Ya no porta el fusil en sus manos. Ahora tiene cacerolas y megáfonos.

"Es la misma lucha con diferente instrumento", dice, mientras avanza, junto a miles de personas, hacia la Plaza Bolívar, el centro neurálgico de la convulsa Colombia. Los excombatientes de la Farc, aglutinados ahora en un partido político con las mismas siglas, se han unido estos días a las movilizaciones contra el Gobierno de Iván Duque, que estallaron el pasado 21 de noviembre.

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Sus banderas blancas ondean ahora junto a las de otros movimientos políticos y sindicales en el centro de la capital, una imagen que muchos habrían considerado imposible hace apenas un lustro.

"La gran mayoría de la gente reconoce lo valioso del proceso de paz. Reconoce que es un primer paso para poder avanzar y crear consensos en la población. Podemos estar en contradicción en muchas cosas y con mucha gente. Pero creemos que tenemos la posibilidad de construir país entre todos”, señala el excombatiente.

Excombatientes asesinados

El partido Farc, que cuenta con diez legisladores en el Congreso gracias al pacto de La Habana, tiene motivos propios para protestar en las calles.

Al menos 160 excombatientes han sido asesinados en los últimos tres años. Más de 60 sólo este año.

"Lo fundamental es la implementación del acuerdo de paz. No sólo en los componentes de seguridad, sino también en reforma rural", reclama Grajales. "Es a partir de ese cumplimiento exhaustivo del pacto que vamos a poder implementar una sociedad más justa. Y sin necesidad de tanta guardia. La cuestión no es ponerles escoltas a los 14.000 excombatientes. El dilema real es crear las condiciones de igualdad y justicia en los territorios que no permitan que el conflicto se reactive”, añade el ex combatiente.

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Sus reclamos se mezclan, en las multitudinarias marchas, con las de decenas de sindicatos y organizaciones estudiantiles, civiles e indígenas.

Las mayores protestas en las últimas cuatro décadas en Colombia son coordinadas por un 'Comité de Paro' (huelga) que aglutina a muchos de los grupos que están en las marchas. Este comité presentó a principios de diciembre un pliego con 13 peticiones al presidente Iván Duque, heredero político del uribismo del expresidente Álvaro Uribe.

La cuestión no es ponerles escoltas a los 14.000 excombatientes

El Comité de Paro reclama la retirada de una propuesta de ley de reforma tributaria, que ven regresiva, cancelar la creación de un 'holding' de empresas financieras públicas, desistir de ciertos cambios planteados en la legislación laboral y de pensiones, y no privatizar empresas estatales.

Los huelguistas piden también la aprobación de las normas anticorrupción previstas en un referéndum celebrado en agosto de 2018, votadas abrumadoramente a favor por más de 10 millones de personas, pero no aprobadas finalmente al no haberse alcanzado el 33,3% de participación en la cita electoral.

El Comité de Paro plantea además la disolución de la policía antidisturbios (Esmad), y el cumplimiento íntegro del pacto de paz de La Habana.

"Hay un sentimiento de inequidad. Colombia es el país más desigual de la OCDE, y el segundo de América Latina, después de Haití. El Gobierno no está haciendo nada contra eso. Se roban miles de millones de dólares en corrupción y todavía quieren hacer reformas tributarias para recaudar más dinero", lamenta Andrés Camargo, un comerciante habitual en las manifestaciones.

El Banco Mundial coloca al país sudamericano entre los diez más desiguales de todo el globo. En Colombia se necesitan 11 generaciones para salir de la pobreza.

"No hay reformas nuevas de nada. No hay ideas. No hay progreso. La gente ya está cansada. Nosotros ya es casi imposible, por ejemplo, que nos vayamos a pensionar", lamenta Jonathan Medina, un estudiante de la universidad distrital, ataviado con un tapabocas mientras se manifiesta en Bogotá.

Golpe al 'uribismo'

Las protestas han pillado a contrapié al Gobierno de Duque, del derechista Centro Democrático, liderado por el ex presidente Álvaro Uribe (2002-2010).

Su popularidad ha caído en picado desde que fue investido, en agosto del pasado año. Registra un 70% de desaprobación en las encuestas, después de haberse impuesto en las urnas al izquierdista Gustavo Petro con más de 10,4 millones de votos, el mejor resultado en la historia del país sudamericano.

"Por alguna razón que yo no tengo clara, en América Latina, y otras partes del mundo, lo que nosotros entendíamos siempre como derechos de aplicación progresiva, como pensiones y salud, están siendo ahora percibidos por parte de la ciudadanía como de exigencia inmediata”, critica el ex viceministro y precandidato presidencial ‘uribista’ Rafael Nieto.

"¿Cómo puede un Gobierno trasladar su agenda, por la cual han votado 10,4 millones de habitantes, para negociarla con quienes dicen ser los voceros del medio millón de ciudadanos que se fueron a la calle?”, se pregunta el político. "Ahí hay un camino de representatividad política difícil de resolver, y que puede llevar por un camino muy peligroso", cree Nieto.

El Gobierno se ha defendido destacando que el país va a crecer este año un 3%, a pesar de que el desempleo ha superado el 10%.

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Pero, además de los huelguistas, Duque tiene otros dos grandes problemas.

El primero, es la falta de gobernabilidad. No cuenta con mayoría en el Congreso. El presidente decidió renunciar, al menos sobre el papel, a la "mermelada", como se conoce en Colombia al hecho de dar a los grupos políticos cupos en las instituciones, y cierto control presupuestario, a cambio de apoyo.

Dicha iniciativa fue un interesante avance anticorrupción, pero ha dejado al Centro Democrático aislado en el Legislativo.

Renegociación del acuerdo de paz

Sobre todo, en cuestiones de paz. Duque propuso este año varios cambios al pacto con las Farc, como habían prometido en campaña tanto él mismo como su "mentor" Uribe, pero las objeciones no superaron el trámite legislativo, debido a la oposición del Partido Liberal y de Cambio Radical, dos formaciones de centro y centro derecha que se han mostrado dispuestas a pactar con Duque, pero que blindaron el acuerdo con la guerrilla y han tirado por tierra otras iniciativas.

Parte del espectro político le pide al presidente que, "si no quiere dar mermelada", permita la entrada de políticos de esas dos formaciones en el Ejecutivo, para garantizar la gobernabilidad. Esta posibilidad está tomando fuerza en los últimos días, especialmente después de la huelga, de alcance nacional, pero tendría un grave costo político para Duque.

Apoyarse en liberales y radicales supondría, a priori, romper la mayoría de las promesas realizadas en campaña con respecto al acuerdo de paz, que fue rechazado en un referéndum en octubre de 2016, y aprobado algunas semanas después por el parlamento, con escasos cambios.

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El 'uribismo' desplegó una gran campaña a favor del 'No' en ese plebiscito, y aglutina a los sectores que creen que los ex combatientes consiguieron impunidad para sus crímenes, y que critican que no han entregado ni el dinero del narcotráfico ni las informaciones sobre las rutas de la cocaína.

Si Duque pacta con dos formaciones que han defendido ese pacto, y sobre las que también se sostuvo el expresidente Juan Manuel Santos (2010-2018) se arriesga a romper con el ala más radical de su partido.

Ese sector es su segundo gran problema. Las críticas a la inacción de Duque frente al pacto de Paz por una parte de sus votantes, así como otras promesas incumplidas, están erosionando la confianza de los más duros de su partido. El exministro Fernando Londoño, abanderado del uribismo más radical, llegó a decir públicamente que, si Duque iba a reunirse con los miembros del Comité de Paro –algo que sucedió la semana pasada- era mejor que pidiese una licencia y dejase gobernar a Marta Lucía Ramírez, la vicepresidenta.

El presidente parece estar entre la espada y la pared.

El ala dura del uribismo, contra Duque

"A Duque le han dicho los más radicales del 'uribismo' que esto le quedó grande. Pero no porque no haya leído el descontento social, sino porque no ha aplicado medidas de fuerza. Ese fuego amigo le resta legitimidad al presidente. Hay quienes le están diciendo que no está preparado”, cree Marta Márquez, directora del Instituto Pensar, de la Universidad Javeriana.

Los problemas de popularidad no son sólo de Duque. Su mentor, Uribe, investigado en la Corte Suprema en un caso de supuesta compra de testigos, tampoco supera el 30% de popularidad, una cifra muy lejana a lo acostumbrado. El líder antioqueño, o los candidatos apoyados directamente por él, han ganado todas las presidenciales del siglo, menos las de 2014.

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El 'uribismo' parece haber entrado en crisis. Las elecciones regionales y locales son una muestra de ello. El Centro Democrático no ganó ni una sola de las grandes ciudades de Colombia. En Bogotá, su candidato fue la última opción de los electores. El 'uribismo' incluso perdió Medellín y Córdoba, sus grandes bastiones, contra todo pronóstico.

En la mayoría de las grandes urbes, como Bogotá, Medellín, Cartagena, Cali o Santa Marta, se impusieron candidatos alternativos o de centro izquierda, una ola política que, según la analista Márquez, ha crecido entre los desencantados con los dogmas de la izquierda y la derecha.

"Surgen en rechazo del discurso polarizador de Petro y de Uribe. La gente está tendiendo al centro. Y también es un descontento con las prácticas corruptas y el clientelismo de los partidos tradicionales", cree la directora del Instituto Pensar.

"Colombia cambió el 21 de noviembre. Nunca habíamos tenido unas manifestaciones así. Ya nada va a ser igual”, cree Fabio Arias, de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia.

Quienes se manifiestan en las calles están dispuestos a continuar, de forma indefinida, unas protestas que han dejado al menos cuatro muertos en tres semanas.