Las protestas piden acabar con el sistema

Cómo la solución a la guerra civil del Líbano se convirtió en el gran escollo para la paz

Las protestas en ambos países piden el fin de las elites políticas y del sistema confesional, pero su desmantelamiento podría llevar a otra guerra civil

Foto: Un manifestante en Trípoli, Líbano. (Reuters)
Un manifestante en Trípoli, Líbano. (Reuters)

Han pasado 30 años desde que las facciones políticas y armadas libanesas firmaron el pacto de Reconciliación Nacional en la ciudad saudí de Taif que puso fin a quince años de sangrienta guerra civil, y el Líbano aún sigue con el síndrome de la postguerra. La prioridad del acuerdo de Taif era la abolición gradual del sectarismo y, sin embargo, el confesionalismo sigue marcado todos los aspectos de la vida política, económica y religiosa de los libaneses. Lo que fue un intento de evitar una nueva guerra civil ha terminado paralizando durante más de treinta años las reformas de Estado, mantenido las cuotas de poder en beneficio de las élites y hundiendo el país en una deuda pública millonaria.

Por eso, aunque el pasado 29 de octubre el primer ministro Saad Hariri (suní) ofreció su dimisión al presidente Michel Aoun (cristiano maronita), las multitudinarias y trasversales protestas que han sacudido el Líbano durante el último mes no abandonaron las calles: quieren acabar con el sistema de sectarismo político, vendido históricamente como la solución para evitar nuevos conflictos sectarios que se repiten en la región. "Guerra Civil del Líbano: 1975-2019" dice un graffiti de los muchos que han aparecido en las calles del país.

Tras la independencia del país, la Constitución libanesa de 1943 estableció una representación confesional sectaria para ocupar los puestos de poder. Precisamente, una de las causas que precipitó la guerra civil en el Líbano fue la distribución de manera desigual del poder entre los cristianos y musulmanes. El reparto se hacía con base en el censo de 1932, el único oficial, y era la élite cristiana, que quedó sobrerrepresentada entonces, quien gozaba de todos los privilegios.

Para no repetir los errores del pasado se estableció en el Pacto Nacional de Taif un Parlamento compuesto por 128 miembros distribuidos en partes iguales entre cristianos y musulmanes, y la misma proporción en los ministerios. Sin volver a hacer un censo exhaustivo, los poderes se reajustaron y se le dio el liderazgo del Ejecutivo del país a un primer ministro suní, y la presidencia a un cristiano maronita. Con los acuerdos de Taif, se adoptó el confesionalismo de forma temporal, es decir, hasta que los ciudadanos libaneses -con plenos derechos democráticos- dejaran de ser sectarios. Pero, en un país con 18 confesiones religiosas, cada una con su propio estatuto personal, y con grandes desigualdades entre las diferentes sectas y confesiones, se hace muy difícil adoptar el compromiso del secularismo y la diversidad. Esta solución de equilibrio sectario, en parte, ahondó más las divisiones.

Los señores de la guerra civil se convirtieron en líderes políticos de la posguerra, y ahora siguen gobernando o sus hijos y yernos

Entre los musulmanes, la comunidad chií fue la más marginalizada. Solo fue a partir de que el Partido de Dios (Hezbolá) ganara a finales de los noventa representación política y notoriedad en el Líbano, que la comunidad chií, de la más económicamente deprimidas del país, consiguió mejoras sociales. Pero desde entonces, el partido-milicia Hezbolá se ha convertido en un mini estado dentro del gran estado de todas las sectas, y hoy día ha sido vista como parte de la misma "élite política" que critican las protestas, pues el sistema libanés protege al partido y sus operaciones. De partido "de la resistencia" ha pasado a ser aliado clave del partido chií Amal, cuyo líder ostenta la presidencia del Parlamento.

Bajo el paraguas de esa "temporalidad" se ha paralizado durante treinta años las reformas para un sistema político no sectario, en beneficio a las élites. El Líbano sigue siendo una especie de "reino de Taifas", en donde las cinco principales comunidades sectarias del país tienen sus propias escuelas, universidades, hospitales, medios de comunicación y propiedades.

"Todos los lideres políticos repiten que el confesionalismo es una desgracia para el Líbano, pero ninguno ha hecho un movimiento serio para librar al país de la corrupción, las cuotas repartidas entre los favorecidos, los privilegios, la democracia distorsionada y la falta de justicia y de igualdad", asevera un veterano periodista libanés, Issa Goreb.

Deuda del 150% del PIB

Pero, ahora, con la profunda crisis económica, que arrastra una deuda pública de 86.000 millones de dólares, el 150% del PIB, se notan más las carencias y aumentan las demandas populares. En el caso del Partido de Dios, además, sufre de escasez de fondos por las sanciones económicas de Estados Unidos a Irán, que salpican también al partido-milicia chií libanés. Precisamente, la red de ayuda social y familiar que durante años ha brindado Hezbolá a su comunidad es lo que le ha dado el poder de la calle, y para muchos chiíes, estas ayudas son su principal fuente de ingresos. Por lo que "si no hay dinero para pagar a las madres de los mártires, las medicinas de los enfermos, o los costes del colegio... La gente se te revuelve", comenta un diplomático europeo a El Confidencial.

Las cifras no mienten. Más del 25% de los libaneses viven en la pobreza, según el Banco Mundial. En la ciudad norteña de Trípoli, que se ha convertido en el centro neurálgico de las protestas, el 57% de la población vive en el umbral de la pobreza o por debajo. El 1% de la población genera casi el 25% del ingreso nacional, mientras que el 50% genera poco más del 10%, según la Base de Datos de Desigualdad Mundial. Además, el Líbano ocupa el puesto 138 de 180 en la lista de percepción de corrupción de Transparencia Internacional.

Una protesta en Trípoli, Líbano. (Reuters)
Una protesta en Trípoli, Líbano. (Reuters)

Las protestas han experimentado un raro momento de unidad nacional, en donde los manifestantes han ridiculizado a los políticos de todos los partidos, han exigido el fin de la corrupción y una revisión completa de la política sectaria.

Desde que comenzaron las manifestaciones antigubernamentales, el 17 de octubre, en los suburbios de Beirut, en el barrio de Dahiyeh (feudo de Hezbolá), se oyen los lemas de: "¡Nunca a la humillación!", pero esta vez no son contra Israel o Estados Unidos (sus sempiternos enemigos) sino contra su líder Hassan Nasrala o el presidente del Parlamento, Nabih Berri, del Movimiento Amal, el otro partido chií en coalición con Hezbolá.

Para Goreb, acabar con la élite política en el Líbano se presenta como una ironía puesto que "los políticos deben sus escaños al sistema político sectario y a las redes económicas, sociales y legales que lo facilitan".

"Todo está organizado para reforzar y exacerbar el fanatismo electoral, y mantener el mismo sistema sectario y confesional para fortalecer la lealtad a los liderazgos tradicionales", argumenta.

Además, sostiene el periodista, que otra de las razones que ha conducido a la corrupción económica y al estancamiento político ha sido que "los señores de la guerra", gracias a la ley de Amnistía de 1991, se convirtieron en líderes políticos de la posguerra y ahora siguen gobernando o sus hijos y yernos: Saad Hariri es hijo del exprimer ministro asesinado, Rafic Hariri; el clan de los Gemayel incluye a Amin Gemayel (expresidente) y a su hijo Pierre (ministro, fue asesinado) y a su otro hijo Sami, miembro parlamentario; Michel Aoun (actual presidente) y su yerno Gibran Bassil (ministro de Exteriores).

La presión de las protestas hizo dimitir a Hariri y su gobierno el pasado 29 de octubre, pero la realidad es que la renuncia del primer ministro tardó casi dos semanas porque estuvo condicionada a la presión de Hezbolá y su socio cristiano maronita, el presidente Aoun. Bassil, hoy día el político más impopular en el Líbano, estaba siendo promocionado por Hezbolá para sustituir a su suegro en la presidencia del Líbano. "En la nueva formación de gobierno quien podría quedarse fuera de la ecuación es Hezbolá. De ahí el interés de mantener las cosas como están", asegura Nizar Lahud, profesor de la Universidad Libanesa Americana.

¿Una junta militar?

Los manifestantes piden un gobierno de tecnócratas "pero algo así está fuera de la realidad", insiste. Para el analista libanés la mejor solución es "un junta militar (como en Egipto) que asuma transitoriamente el poder y preparar al país para unas nuevas elecciones en 2020".

Las protestas del Líbano contra el sistema sectario son un toque de atención al Gobierno del vecino Irak, que también está viviendo en sus propias carnes manifestaciones masivas en su 'revolución de otoño'. Mientras que la 'revolución' libanesa está siendo un movimiento pacifico y al ritmo de la música, el levantamiento popular iraquí contra las élites políticas ha dejado más de 270 muertos en la represión de las protestas por parte del Gobierno de Adil Abdul Mahdi. Por el momento, a diferencia de su homólogo libanés, Abdul Mahdi se ha negado a dimitir.

Con un problema similar de equilibrio de poder entre distintas facciones religiosas y étnicas, en esta ocasión entre suníes, chiíes y kurdos, tras la guerra de Irak de 2003, el país imitaron el sistema de 'muhasasa taifa' o "sectarismo equilibrado" del Líbano. Los dos países comparten así un sistema político sectario de posguerra, dirigido por unas elites que, aunque han evitado que recaigan en la guerra civil, no han hecho mucho más en el día a día de los libaneses e iraquíes. Para muestra, un botón: en el Líbano, el estado no ha logrado asegurar el acceso generalizado a la electricidad en los últimos 30 años.

El grito más común entre los manifestantes en Irak y Líbano es "¡Ladrones! ¡Ladrones!", en referencia a que la corrupta casta política a la que acusan de robar su dinero y acumular riqueza durante décadas. Y cuando piden acabar con las élites políticas, los manifestantes se refieren a "todos, es decir, todos", refiriéndose también al poderoso líder chií libanés Nasrala.

Las protestas en el Líbano e Irak amenazan la influencia regional de Irán. Si bien estos dos levantamientos populares, espontáneos y sin líderes, han conseguido unir a personas de diferentes comunidades religiosas contra sus líderes políticos, el cambio revolucionario que están pidiendo es complicado. Desmantelar un gobierno confesional podría resultar contraproducente ya que provocaría animosidades sectarias si se expulsa a los líderes que están cerca de Irán y a sus aliados fuertemente armados.

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