A SEIS AÑOS DE LAS PROTESTAS Y EL GOLPE

Naufragio de Egipto en tres actos: “Usan la palabra terrorismo cuando sienten miedo”

El país de Nilo continua una deriva autocrática y emprende una nueva ola de arrestos de activistas y políticos ante la inacción de la comunidad internacional

Foto: Cadetes egipcios entrenan en la base militar Mohamed Najib en Egipto. (Reuters)
Cadetes egipcios entrenan en la base militar Mohamed Najib en Egipto. (Reuters)

En las últimas semanas han ocurrido tres cosas en Egipto que ilustran la (mala) salud democrática del país: la primera, por lo (casi) excepcional; la segunda y la tercera por lo (demasiado) habitual. El pasado 17 de junio murió el expresidente Mohamed Morsi. Ocurrió ante el tribunal que lo juzgaba, en una jaula insonorizada. Ocho días después, se denunció el “secuestro” por parte de fuerzas de seguridad egipcias de varios activistas y abogados, entre otros de Ziad El-elaimy, que fue miembro del Parlamento egipcio y líder del partido Social Democrático. Ese mismo día en las redes sociales se denunciaba el arresto y deportación de un hincha de fútbol argelino que asistía a la Copa de África, por esgrimir una pancarta política. Ninguna de esas noticias fue portada de los diarios locales.

La muerte de Morsi, miembro de los ahora ilegalizados Hermanos Musulmanes, se decretó en el hospital de la prisión. Allí se acondicionó su cadáver. Su familia rezó por él en la mezquita de la cárcel antes de que se le enterrara en un cementerio reservado a líderes islamistas de El Cairo, al que sólo se permitió asistir a sus dos hijos. No se autorizó a la familia a enterrarle en su pueblo natal, Zagazig, en el Delta del Nilo. Se prohibió a los reporteros desplazarse hasta allí, y el acceso al entierro. Las imágenes grabadas en el tribunal fueron confiscadas.


El expresidente había pasado los últimos seis años en una cárcel con diversas causas abiertas después de que un golpe de Estado militar en julio de 2013 acabara con su año escaso en el poder. Había sido el primer presidente elegido democráticamente tras la revolución que derrocó a Mubarak en 2011. Su gobierno, por el contrario, fue todo menos democrático: por decreto se blindó a él y a sus decisiones ante la justicia; promulgó una Constitución que ignoraba las demandas de la revolución, usó la maquinaria de represión del Estado para acabar con sus críticos y traicionó la promesa de gobernar para todos que había hecho al llegar a la presidencia. El golpe de Estado llegó a lomos de multitudinarias protestas que dieron legitimidad a los militares para apear al islamista del poder. El Ejército supo manipular las masas para situarse donde ha estado desde 1952: en el trono del palacio de Heliópolis.

Pero aquellos que pidieron su dimisión, aquellos revolucionarios a los que dio la espalda con sus políticas son los primeros que han denunciado su muerte como un “asesinato premeditado”. El ex gobernante permanecía en aislamiento 23 horas al día, según su familia sólo se les permitió visitarle tres veces en estos años y no tenía acceso a su abogado. Organizaciones internacionales y hasta un parlamentario británico denunciaron que sus condiciones carcelarias agravaban sus precaria salud y podrían acelerar su muerte. La versión oficial es que el fallecido líder sólo había pedido atención médica en noviembre de 2017 y que recibía los cuidados adecuados. Amnistía Internacional (AI), Human Rigths Watch (HRW) y el portavoz de la comisión de Derechos Humanos de la ONU piden una investigación independiente sobre su muerte. La trayectoria del Gobierno egipcio invita a pensar que nunca ocurrirá. Pero no sólo la del régimen, sino también “la [nula] respuesta internacional ante las constantes violaciones [de derechos humanos] de Egipto”, apunta el bloguero y analista Wael Eskandar.

Dictando la narrativa

La muerte de Morsi puso de manifiesto la situación de las cárceles egipcias y el trato de los prisioneros políticos, según denunció la Red Árabe para la Información de Derechos Humanos ese mismo día. Hay más de 60.000 encarcelados por sus ideas, según esa misma organización. Algunos, simpatizantes de los Hermanos Musulmanes que fueron purgados tras el golpe de Estado, otros muchos activistas, defensores de derechos humanos pero también artistas, periodistas o cómicos como Shady Abuzeid, que lleva más de un año en prisión. Como Abuzeid, el abogado Ziad El-elaimy desapareció forzosamente de su casa al amanecer para aparecer horas después ante el Amm el Watany, la Seguridad del Estado, una de las agencias de inteligencia egipcias.

En las cárceles egipcias hay más de 60.000 encarcelados por sus ideas: simpatizantes de los Hermanos Musulmanes, activistas, artistas, periodistas o cómicos

El abogado encabezó la Coalición de Jóvenes del 25 de enero que intentaron dar forma política a las ideas que surgieron del alzamiento. Su detención es parte de la última ola de arrestos de líderes de la oposición, activistas y periodistas “bajo el pretexto del contraterrorismo” que según Magdalena Mughrabi, investigadora para el Norte de África de Amnistía Internacional, “es parte de la sistemática persecución y brutal represión de las autoridades egipcias contra cualquiera que se atreva a criticarlos”. “La represión no deja dudas sobre la visión de las autoridades para la vida política en Egipto; una prisión al aire libre sin oposición, críticas o informes independientes permitidos”, concluye Mughrabi.

El gobierno egipcio acusa a HRW y a AI de sesgo político y de mentir cada vez que publican sus informes sobre tortura sistemática en las cárceles o denuncian el maltrato de presos o el aumento de las condenas a muerte, en muchos casos ante tribunales militares y con confesiones obtenidas bajo tortura. Todo en aras de la lucha contra el terrorismo, la principal acusación contra los detenidos.

El Egipto del ex general, ahora presidente, Abdelfatah Al Sisi ha convertido en enemigo cualquier voz crítica, sea sobre la ausencia de derechos humanos o mejoras económicas. El régimen lo llama “amenazar la seguridad del estado” o “terrorismo”. Lo pone de relieve el comunicado de prensa de Interior tras la detención de El-elaimy en el que explicaba que había arrestado a siete personas en relación con un supuesto “Plan de la Esperanza”, que describía como “un complot conjunto entre líderes en el exilio de los Hermanos Musulmanes y la oposición civil [en Egipto] para atacar al Estado y sus instituciones y acabar con ellas el 30 de junio”, cuando se cumplieron 6 años de las multitudinarias protestas que precedieron al golpe de Estado que acabó con Morsi. Nada ocurrió el 30 de junio, pero todos los arrestados forman parte de una nueva coalición que pretende presentarse a las elecciones parlamentarias el año próximo y el interrogatorio se centró en sus actividades políticas.

El fútbol es política

Al argelino Samir Serdouk le gusta el fútbol, motivo por el cual pretendía ver a su equipo competir por la Copa de África en Egipto. Pero el fútbol es también política en el país del Nilo, aunque eso lo desconocía Serdouk cuando decidió hacerse en El Cairo una foto con una pancarta en la que se leía en árabe: “Todos tienen que irse”, la máxima más coreada en las protestas en Argelia, donde los manifestantes no quieren sólo que caiga Bouteflika, sino el entramado de corrupción que le ha mantenido en el poder durante décadas. Los ultras han estado vetados de los estadios desde la revolución en Egipto, castigados por liderar el frente duro de las protestas. Sus cánticos en la grada replicaban aquellos que se coreaban en la plaza de Tahrir. Serdouk quería hacerse una foto pero en Egipto no se admiten ni si quiera protestas individuales. Un joven intentó lo mismo en abril en Tahrir con un cartel contra el referéndum constitucional en el que Sisi consagró su poder sine die: aún está en prisión.

La muerte del expresidente Morsi fue una nota breve en páginas interiores de los diarios locales

Hay que controlar la narrativa, evitar cabos sueltos, por eso para el régimen la muerte lenta en la cárcel del expresidente Morsi, la detención de activistas o la expulsión de un aficionado al fútbol extranjero importan lo mismo: nada. Porque la comunidad internacional, la Unión Europea o Estados Unidos no tienen nada que decir, o poco y en voz baja, sobre lo que ocurre en Egipto, como denuncian en las redes sociales activistas y defensores de derechos humanos. Sus comunicados, como uno de los más recientes de la UE en Egipto, hablan en genérico de “cooperación en derechos humanos, democracia y estado de derecho, reconociendo que dicha cooperación y diálogo son indispensables para lograr intereses comunes y afrontar desafíos comunes”. Sin más. La sociedad civil egipcia siente que les han dado la espalda, si es que alguna vez fueron un apoyo.

La muerte de Morsi fue una nota breve en páginas interiores de los diarios locales, sólo uno, el independiente Al Masry al Youm se atrevió a llevarlo a portada. Sobre Ziad El-elaimy y el resto de activistas detenidos y el hincha argelino sólo leeremos en publicaciones independientes o en las redes sociales. El único espacio que aún queda a los egipcios para protestar, aunque al hacerlo se arriesgan a ser juzgados como terroristas que amenazan la seguridad del país gracias a leyes de reciente creación. Quizá porque, como apunta Wael Eskandar, “el término terrorismo se usa cuando los que están en el poder sienten miedo”. Miedo de protestas individuales, miedo de que se presente una alternativa política, miedo de que un expresidente muerto se convierta en un símbolo, miedo de que otro 25 de enero puedo ocurrir, aunque el presidente Sisi haya advertido que jamás permitirá otra revolución. Miedo.

Mundo

El redactor recomienda

Escribe un comentario... Respondiendo al comentario #1
1comentario
Por FechaMejor Valorados
Mostrar más comentarios