Las nuevas medidas de Trump hacia Cuba afectan (poco) a los hoteles españoles

Por ahora, no pasan de las seis mil reclamaciones, por un importe de alrededor de 9.000 millones de dólares, que hipotéticamente el Gobierno de Cuba tendría que pagar como compensación a los ciudadanos estadounidenses dueños de propiedades que fueron nacionalizadas a partir de 1959, tras el triunfo de la Revolución. Pero desde el pasado 19 de marzo, esas cifras podrían crecer de forma exponencial hasta alcanzar magnitudes virtualmente imposibles de calcular.

Todo depende de cómo se reaccione en EEUU ante la entrada en vigor del Título III del "Acta para la Libertad y la Solidaridad Democráticas Cubanas", más conocida como o Ley Helms-Burton. Una regulación tan dura que durante 23 años, todas las Administraciones, tanto demócratas como republicanas, han mantenido en suspenso sus aspectos más contundentes.

Solo Donald Trump se ha atrevido a romper la barrera de contención que colocó Bill Clinton en 1996, como una manera de suavizar la misma ley que acababa de aprobar para contentar al electorado de Miami, con el ojo puesto en la reelección. Entre la amenaza de sancionar a empresas extranjeras que "trafiquen con propiedades de ciudadanos norteamericanos" y la decisión efectiva de hacerlo media una distancia considerable, jalonada por convenios internacionales y las propias leyes de los Estados Unidos, que ahora el magnate asegura estar dispuesto a obviar. En la mira de su administración se hallan las compañías que comercian con la isla o invierten en ella. Y una buena parte de las mismas son españolas.

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El pasado 15 de noviembre, el Departamento de Estado publicó su nueva 'Lista de Entidades y Subentidades Restringidas Asociadas con Cuba', una suerte de lista negra en la que se cuentan las compañías y negocios prohibidos para aquellos que pretenden establecer vínculos con la isla. La relación -que añade 26 nombres a la lista del año anterior, hasta superar los doscientos- la encabezan los ministerios de las Fuerzas Revolucionarias y el Interior, y el Grupo de Administración Empresarial (Gaesa), un holding corporativo dirigido por antiguos oficiales de los institutos armados. Directa o indirectamente Gaesa controla buena parte de la red comercial y hotelera del país, lo que ha servido de pretexto a la Casa Blanca para asegurar que "toda la economía local se encuentra en manos del aparato represivo de la dictadura".

Partiendo de esa premisa, en enero de este año la administración Trump decidió suspender la aplicación del Título III por solo 45 días, en lugar de los tradicionales plazos consecutivos de seis meses. A comienzos de marzo, el secretario de Estado, Mike Pompeo, elevó la apuesta al anunciar una nueva moratoria de solo 30 días, permitiendo además que, desde la fecha señalada, puedan empezar a presentarse demandas en los tribunales de cualquier estado de la Unión contra las entidades cubanas incluidas en la lista negra.

En esas circunstancias se encuentran muchos de los hoteles operados por compañías españolas bajo contratos de gestión. Un ejemplo paradigmático es el Iberostar Grand Packard, el lujoso 'cinco estrellas plus' inaugurado en La Habana a mediados de octubre, con la presencia del presidente de la empresa española y del nuevo líder cubano Miguel Díaz-Canel. Pensado como una apuesta de cara al turismo de alto 'standing', el Grand Packard no tardó en ser incorporado al registro estadounidense, junto a otras 11 instalaciones administradas por la corporación balear y su compatriota Meliá, las dos con mayor presencia en el mercado local.

Qué ha cambiado

Las más de 21.000 habitaciones regentadas por firmas españolas (entre las que se cuentan casi el 90% de las designadas como de cuatro y cinco estrellas) podrían verse afectadas directamente por un hipotético escenario de demandas masivas, pues incluso los paradisíacos archipiélagos de la costa norte pertenecían en 1959 a latifundistas cubanos y estadounidenses, cuyos descendientes, de acuerdo con la ley Helms-Burton, podrían exigir compensaciones por las edificaciones erigidas en terrenos que entonces eran baldíos.

Las demandas que hasta ahora ha aceptado la Comisión Federal de Resolución de Reclamaciones Extranjeras no incluyen a ninguno de los exiliados (o sus descendientes) que en enero de 1959 residían en la isla y eran exclusivamente ciudadanos cubanos. A partir del 19 de marzo, ese impedimento de los tiempos de Clinton queda eliminado, una decisión que podría provocar una avalancha de reclamaciones. "Algunos las cifran en 200.000, otros en 400.000, y deben traducirse en prolongados procesos ante las cortes, que ocasionarán embotellamiento judicial y altos costos y gastos para los reclamantes, todo con dudosas probabilidades de éxito", anticipó a finales de enero el doctor en Ciencias Jurídicas Rodolfo Dávalos, un prestigioso catedrático cubano especializado en política y administración pública de los Estados Unidos. Aunque, de momento, no ha sucedido.

Hasta este momento, el único requisito a cumplir por los litigantes era haber sido ciudadanos norteamericanos en el momento de la expropiación (en el período de 1959 a 1961) o antes de la promulgación de la Ley (en marzo de 1996). También son amparados aquellos que por entonces tenían participación en "corporaciones organizadas a tenor con las leyes de los Estados Unidos". El amplio margen temporal fue una exigencia directa de los grandes empresarios de la comunidad cubanoamericana de la Florida, que a mediados de la década de 1990 impulsaron el proyecto en el Capitolio de Washington, en un esfuerzo conjunto de la Fundación Nacional Cubano Americana (FNCA, el poderoso lobby anticastrista de la época) y las más importantes corporaciones del exilio.

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La voz cantante la llevó la firma Bacardí, cuyos dueños ostentaban la ciudadanía cubana en el momento de las nacionalizaciones. "La FNCA hizo mucho trabajo de lobby, pero quien redactó realmente la Ley Helms-Burton fue la compañía Bacardí, y quien colocó el dinero, la gran mayoría del dinero, fue la Bacardí", asegura en un libro sobre esa compañía el escritor colombiano Hernando Calvo Ospina.

La larga historia de conflictos entre el Gobierno de La Habana y el clan Bacardí pareció saldarse en favor del primero a comienzos de 2016, cuando un tribunal norteamericano desestimó las pretensiones de la empresa (radicada en Estados Unidos) respecto a la propiedad de la marca Havana Club, la principal del catalogo exportador de la estatal Cuba Ron. Sin embargo, un año más tarde, la llegada de Trump a la Casa Blanca marcó un cambio radical en el rumbo en las políticas hacia la Isla. Cuando en junio de ese año el magnate se reunió con el sector más conservador de la comunidad en Miami, algunos de los integrantes de la familia Bacardí ocuparon asientos de preferencia en el auditorio. En el escenario que puede darse a partir de finales de marzo, se contarían entre sus principales beneficiarios.

Si se tiene en cuenta la realidad de Cuba en 1959, resulta evidente que la magnitud y número de las reclamaciones podrían llegar a ser virtualmente infinitos: seis décadas atrás, la isla era poco menos que un protectorado económico de los Estados Unidos y los espacios no copados por inversores estadounidenses estaban en manos de la burguesía local -el peso del Estado fue siempre ínfimo- que terminó emigrando en los años inmediatos a la llegada de Fidel Castro al poder.

Un escenario improbable

Pero lo masivo del proceso no implica garantías de su exito. Aun contando con el respaldo de la Casa Blanca y la posible sentencia favorable de alguna corte norteamericana, los demandantes tendrían ante sí el reto de recuperar los bienes reclamados o, en su defecto, recibir la compensación que fije una sentencia favorable. El primer objetivo se perfila imposible, ante la oposición radical de las autoridades cubanas, que han planteado la posibilidad de pagos en retribución por las expropiaciones pero no la devolución de las propiedades. La ausencia de activos cubanos en bancos estadounidenses cierra la puerta a retenciones de fondos como las ordenadas a comienzos de febrero contra petroleras venezolanas, y deja como única posibilidad las presiones que puedan ejercerse sobre las empresas de otros países establecidas en la isla.

De hecho, consciente de las dificultades económicas por las que atraviesa Cuba, la Casa Blanca intenta impedir nuevas inyecciones de capital en el sector turístico por parte de inversores extranjeros, especialmente españoles. De salir adelante proyectos como El Salado Resort, una urbanización de más de 800 millones de euros levantada a las afueras de La Habana con la participación de la empresaria María José Hidalgo, el Gobierno isleño recibiría un importante espaldarazo, precisamente cuando la salida de más de ocho mil trabajadores del programa Más Médicos en Brasil y la crisis venezolana han dejado sus finanzas en números rojos.

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Muchos gobiernos se han preparado para la eventual acción de los tribunales estadounidenses, dictando "leyes antídoto" como las de México y Canadá. En fecha tan temprana como abril de 1996, la Unión Europea ya inició un proceso contra la Helms-Burton en el seno de la Organización Mundial de Comercio, cuestionando su carácter extraterritorial, recuerda Dávalos. La confrontación se zanjó un año después con un acuerdo entre Bruselas y Washington, por el cual se decidió archivar el recurso presentado ante el organismo mundial y mantener en suspenso el mentado Título III. Internamente, la UE dictó el Reglamento 2271/96, estableciendo el protocolo de acción necesario para proteger a sus compañías en caso de verse perjudicadas por la actuación de los tribunales norteamericanos, y motivó a los gobiernos de la Eurozona a tomar cartas en el asunto.

En ese sentido, la actitud más proactiva fue la de España, que en julio de 1998 aprobó la Ley 27, destinada a impedir actos de coerción sobre sus nacionales. Al amparo de esa legislación, este país incrementó su presencia en Cuba hasta ocupar el primer lugar entre la comunidad de inversores, manteniéndose además como primer socio comercial de La Habana en Latinoamérica (al cierre de 2018 el intercambio bilateral rondó los 2.000 millones de euros).

Pese a los riesgos que implicaría la activación del Título III, las perspectivas son de un crecimiento todavía más acelerado en los próximos cinco años, al calor de varios proyectos inmobiliarios de alto perfil y de sectores emergentes, como las energías renovables. Demasiados intereses como para dejarle la última palabra a un juez norteamericano.