La ley de Macron para sacar a los 'malos' manifestantes de las calles de Francia

Los prefectos (delegados del Gobierno) podrán prohibir la participación en manifestaciones a personas que representen "una amenaza de particular gravedad para el orden público", con penas de hasta seis meses de cárcel y 7.500 euros de multa. Y aquellos que oculten voluntariamente su cara para no ser identificados serán susceptibles de ser condenados a un año de cárcel y 15.000 euros de multa, salvo que puedan alegar un "motivo legítimo".

Estos son algunos de los puntos más polémicos de la ley que ha aprobado hoy el Parlamento francés para prevenir y combatir los disturbios en las manifestaciones en el contexto de los chalecos amarillos, a pesar de que el movimiento ha perdido fuerza y logró reunir a solo 29.000 personas en su decimoséptimo fin de semana de protestas.

El procedimiento parlamentario terminó la noche del martes al miércoles con un voto en la Cámara Alta, donde el texto recibió el apoyo de 210 senadores, de los partidos de derechas y centristas, incluidos una mayoría de la formación del presidente, Emmanuel Macron, La República en Marcha (LREM). En contra se pronunciaron los socialistas, comunistas y otros senadores de izquierdas, mientras hubo 18 abstenciones, entre ellos cinco parlamentarios de LREM, según el escrutinio publicado por la web del Senado.

Aunque el Gobierno apoyó la nueva norma, el ministro de Interior, Christophe Castaner, confirmó que Macron va a someter la ley al Consejo Constitucional -también lo hará la izquierda, pero por diferentes razones- para "despejar todas las sospechas".

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Según la ley, las fuerzas del orden podrán llevar a cabo, si lo solicita la Fiscalía, registros de bolsos y vehículos donde se organicen manifestaciones o en los alrededores para buscar armas u objetos que pudieran servir para causar daños. Asimismo, las personas a las que se prohíba acudir a manifestaciones, por haber cometido actos graves contra la integridad física de personas o "daños graves" contra bienes en protestas precedentes, serán inscritas en el fichero de personas buscadas por las fuerzas del orden.

En el origen, esta ley surgió de una proposición legislativa de Los Republicanos, el gran partido de la derecha, e iba dirigida contra grupos como los "black blocs", los encapuchados de negro que alientan la violencia en las manifestaciones. El Gobierno se sumó a la iniciativa en enero, tras varias semanas de acciones de los "chalecos amarillos".