para hacer frente a la "catástrofe"

Qué es el artículo 338 y qué implica el estado de emergencia que pide Guaidó en Venezuela

La facultad de declarar un estado de excepción corresponde al presidente de la República y, tras pasar por la Asamblea Nacional, debería ser ratificado por el Tribunal Supremo

Foto: Juan Guaidó ondea la bandera venezolana. (EFE)
Juan Guaidó ondea la bandera venezolana. (EFE)

El autoproclamado presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, solicitará este lunes a la Asamblea Nacional decretar el estado de emergencia para hacer frente a la "catástrofe" que a su juicio atraviesa el país tras un apagón de luz que cumple más de 75 horas. "Vamos a solicitarlo al Parlamento, debemos atender de inmediato", subrayó sin aclarar qué potestades podría obtener en caso de aprobarse la solicitud, al tiempo que aseguró mantener "conversaciones" con una empresa alemana capaz de suministrar energía a las plantas eléctricas.

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela califica como supuestos de excepción aquellas "circunstancias de orden social, económico, político, natural o ecológico, que afecten gravente a la seguridad de la nación, de las instituciones y de los ciudadanos". Con los cortes eléctricos todo se ha paralizado en el Estado caribeño: desde el suministro de agua hasta las comunicaciones por carretera. Mientras que Nicolás Maduro lo achaca a un "ciberataque" de Estados Unidos sobre la central hidroeléctrica que abastece al 70% del territorio, la oposición alude a la mala gestión del Ejecutivo.

Venezuela sigue a oscuras cuatro días después

¿Qué implicaría esta medida?

En caso de declararse un estado de excepción, "podrán ser restrigidas temporalmente las garantías consagradas" en el propio texto constitucional, salvo las referidas a los derechos a la vida, a la información y a un juicio justo, así como la prohibición de incomunicación o tortura, entre otros "derechos humanos intangibles". El "estado de alarma" puede durar 30 días con opción a otros 30; serán 60 jornadas prorrogables en el mismo plazo si se decreta el "estado de emergencia económica", y 90 si se aplica "el estado de conmoción interior o exterior en caso de conflicto interno o externo", según lo establecido en el artículo 338 del título octavo.

De acuerdo al 337, la facultad de "decretar los estados de excepción" corresponde al presidente o presidenta de la República en Consejo de Ministros. He aquí donde reside el gran punto conflictivo, pues aunque Maduro ejerce las funciones de mandatario tras su reeleción en mayo de 2018, el líder de la Asamblea Nacional cuenta con el reconocimiento de unos 50 países que se sumaron a la iniciativa de Donald Trump el pasado mes de enero. Postura opuesta fue la de países como China, Irán, Rusia o Turquía, que optaron por rechazar la "intervención extranjera".

El decreto que anuncia el estado de excepción habrá de ser presentado en un plazo de ocho días desde su promulgación al Parlamento —controlado por la oposición— y, una vez aprobado, deberá ser avalado por el Tribunal Supremo de Justicia, misma institución que despojó de competencias a la Asamblea Nacional en 2017, posteriormente la declaró ilegítima y, más recientemente, prohibió a Guaidó salir del país. En cualquier caso, el estado de excepción "no interrumpe el funcionamiento de los órganos del poder público".

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