Los presos políticos de Maduro son ahora los pobres

Hace cinco años, un día como hoy, una multitud de personas se agrupaba en la plaza Brion, en el municipio opositor de Chacao, para arropar a Leopoldo López, el dirigente de Voluntad Popular. “Si mi detención sirve para que el pueblo despierte, vale la pena”, dijo. Se entregó a la Guardia Nacional. Es el preso político más conocido de Venezuela. Pero a día de hoy, y tras las últimas manifestaciones de enero y febrero, hay más de 900 personas detenidas por motivos políticos, según cifras de la organización Foro Penal.

La ONG lleva años haciendo la cuenta de los presos por motivos políticos en Venezuela. “Las cifras son dinámicas y variables, pero en el último corte de la semana pasada teníamos 989 presos políticos, personas privadas de libertad por motivos políticos”, explica Gonzalo Himiob, director de Foro Penal. Dice que es la suma de los que había desde antes del 21 de enero -cuando se dieron protestas en distintas zonas populares de Caracas después de que en la Cota 905 un grupo de la Guardia Nacional se sublevara- y de los acumulados a partir de ese día.

Himiob asegura que en el contexto actual “se ha experimentado una intensidad en la represión que no se había visto antes”. Desde el 21 de enero ha habido más de 700 arrestos arbitrarios en todo el país y, según sus cifras, más de 700 presos políticos. “Son presos políticos y están certificados como tales por la Organización de Estados Americanos y la Oficina del Alto comisionado para los Derechos humanos de la ONU. Esto es algo a lo que no habíamos llegado en nuestra historia reciente”.

Especialmente en 2014 y en los años sucesivos, el partido de Leopoldo López, Voluntad Popular, sufrió más ataques. En general, todos los partidos políticos. Pero ahora, denuncian desde Foro Penal, la represión no está focalizada contra estos actores. Las detenciones de 2019 tienen dos matices distintos.

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“Es contra las zonas más humildes, pobres, de todo el país, allí se ha hecho una persecución intensa. La otra característica es que la persecución se ha hecho de noche y a cargo de organismos que no tienen función de control del orden público”, dice Himiob. En este caso se refiera las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), un organismo dentro de la Policía Nacional que no tiene entrenamiento para el control de manifestaciones pacíficas. “Es un cuerpo táctico de élite para neutralizar criminales. El mensaje que quiere mandar el poder en este último periodo represivo es contra los más humildes y es brutal”.

Cabezas de partido

Sobre Leopoldo López pesaba una orden de captura, acusado de promover la violencia en una manifestación de 6 días antes, el 12 de febrero, que dejó cuatro muertos -a manos de las fuerzas del Estado y los colectivos, los grupos de choque de apoyo al Gobierno-. “Me entrego ante una justicia injusta, corrupta, que no juzga de acuerdo a la Constitución y a las leyes.”, dijo entonces.

En septiembre de 2015 fue condenado a más de 13 años de prisión. Los delitos que se le imputaban eran instigación pública, asociación para delinquir, daños a la propiedad e incendio. En 2018, la ex Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, dijo que había recibido presiones para incriminar a López y acusarlo de la muerte de dos personas. Ortega está en condición de asilo en Colombia desde agosto 2017, meses después de que enfrentara al Gobierno de Maduro y dijera que había roto el hilo constitucional. “Leopoldo es inocente, el Gobierno lo quería encarcelar porque le tenía miedo”, dijo el año pasado en una entrevista para una radio colombiana.

Uno de los casos más recientes de políticos opositores detenidos es el del concejal Fernando Albán. Fue detenido acusado de participar en el intento de magnicidio contra Nicolás Maduro durante un desfile militar el pasado agosto. Albán murió durante su detención en el Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional). Según el Gobierno, se suicidó, pero en la oposición aseguran que las circunstancias de su muerte no están claras.

Otro caso notable es el de Juan Requeses, del partido Primero Justicia. Está detenido desde agosto, acusado también de participar en el intento de magnicidio contra Maduro. En su caso, lo detuvieron en su casa sin orden de aprehensión y al día siguiente allanaron su inmunidad parlamentaria. Durante el proceso se han contado innumerables irregularidades, como la difusión de vídeos del detenido en condiciones deplorables -en ropa interior, tras haberse hecho sus necesidades encima–, o que ni siquiera se permitiera la visita de sus familiares.

El caso de López es el más visible, la cara que tiene más apoyos, la causa bandera que se lleva al exterior. Pero, como dicen en Foro Penal, ahora los detenidos por manifestarse son de origen humilde. Y se cuentan por centenares.