Más allá de ideologías, la corrupción envenena el Gobierno de Maduro

Tras la muerte de Hugo Chávez en marzo de 2013, Nicolás Maduro heredó un régimen en el que los grandes negocios de la rica Venezuela estaban en manos de clanes, principalmente monopolizados por oficiales del ejército. Entonces, el nuevo presidente se vio obligado a recomponer el control de las industrias más lucrativas para mantenerse en el Palacio de Miraflores. Algunos de los gerifaltes que ostentaban esas parcelas de poder eran chavistas, pero no maduristas.

Una de las personas que ejemplifican ese proceso es Rafael Ramírez, otrora todopoderoso ministro del Poder Popular de Petróleo y Minería y presidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA) hasta 2013. Fue ‘exiliado’ por Maduro a Nueva York como representante permanente ante Naciones Unidas. A finales de 2017, Ramírez fue destituido por mostrarse crítico con el Gobierno de Caracas. Hoy colabora con las autoridades de Estados Unidos para salvar su pellejo.

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T.F.

Investigaciones judiciales y periodísticas y el testimonio de fuentes de toda solvencia consultadas por El Confidencial revelan que el Gobierno de Maduro ha sido cómplice de que los negocios legales e ilícitos más lucrativos de Venezuela hayan estado en estos últimos años manejados por gente poderosa allegada al presidente. Negocios tales como el narcotráfico, el cambio de divisas, el petróleo o la explotación del oro en la cuenca del Orinoco que ha dado lugar a una corrupción galopante.

Narcotráfico con el consentimiento presidencial

“Los hijos de Cilia Flores manejan los negocios del oro y el narcotráfico”, afirma un alto oficial del ejército venezolano a este diario. ¿Quién es ella? Cilia Flores es diputada en la Asamblea Nacional, se define en su cuenta de Twitter como “primera combatiente de la República Bolivariana de Venezuela” y, lo más relevante para este artículo, contrajo matrimonio con Nicolás Maduro en 2013. Tiene tres hijos de un matrimonio anterior: Yosser, Walter y Yoswal.

La frontera entre Colombia y Venezuela tiene una longitud de más de 2.200 kilómetros. Esa linde es porosa al tráfico de cocaína que, vía Venezuela, transita hacia países de Centroamérica y el Caribe para alcanzar destino final en Estados Unidos. Según explican esas mismas fuentes, exguerrilleros —convertidos en narcos— de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y del Ejército de Liberación Nacional (ELN) hacen llegar la droga a territorio venezolano con el consentimiento de las autoridades. De ese negocio se lucrarían clanes cercanos a la familia política de Maduro.

En noviembre de 2015, dos sobrinos de la pareja presidencial, Efraín Antonio Campo Flores y Francisco Flores de Freitas, fueron detenidos en posesión de cocaína en Haití gracias a una operación diseñada por la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos en colaboración con la policía de ese país caribeño. De acuerdo con los documentos publicados por la fiscalía y el tribunal adscritos al Distrito Sur de Nueva York que sentenció a los investigados, en el momento de su arresto estaban a punto de recibir millones de dólares como adelanto previo a trasladar con aviones privados miles de kilos de cocaína desde Venezuela a Estados Unidos vía Honduras. Finalmente, fueron condenados en diciembre de 2017 a 18 años de prisión.

Escritos de la fiscalía subrayaban que los acusados habían llegado a acuerdos con las FARC para traficar la droga con “el imprimatur del actual presidente del Gobierno de Venezuela”, es decir, con el consentimiento de Maduro. El fallo judicial dictaminó que los integrantes de la organización criminal usaban un hangar del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, controlado por el propio presidente Maduro, para fletar la cocaína llegada desde Colombia hacia México, Honduras, Estados Unidos y otros países.

En una de las conversaciones telefónicas intervenidas por la DEA, uno de los hijos de Cilia Flores decía que su madre “era candidata a las elecciones [parlamentarias de diciembre de 2015] y necesitaba 20 millones de dólares”. Les hacía falta para sufragar los costes de la campaña electoral y para “sobornar a funcionarios locales venezolanos que ya se han comprometido con apoyar a Cilia Flores”. El 5 de enero de 2016, la esposa de Maduro tomaba posesión de su escaño en la Asamblea Nacional tras la celebración de los comicios.

Multimillonarios gracias al sistema cambiario

Venezuela ha entrado en coma con Maduro. Según el Fondo Monetario Internacional, en 2019 la inflación podría llegar al 10.000.000% y la contracción de la economía podría alcanzar el 18%. Lejos quedan los años de bonanza, cuando se superaban con creces los 100 dólares el barril.

Era una economía que nadaba en la abundancia por los altos precios del petróleo y que generaba un gran excedente de divisas que Chávez quiso reinvertir en mejorar las infraestructuras del país. Sin embargo, en muchos casos el beneficio acabó en cuentas de países como Panamá, Suiza o Andorra, un dinero enmascarado en sociedades opacas registradas en paraísos fiscales gracias a la actividad ilícita de ciertos altos funcionarios corruptos.

Ante el exceso de dólares, el Ejecutivo de Caracas necesitaba bolívares para afrontar los pagos domésticos y estableció un valor oficial fijo para el cambio con el dólar. En la realidad, esa situación no se mantenía y generó desequilibrios cambiarios que a su vez originaron un mercado negro. Esa tesitura, mantenida en el tiempo, la supieron aprovechar funcionarios y empresarios para hacer fortuna.

Alejandro Andrade confesó haber recibido 1.000 millones de dólares en sobornos para facilitar la corrupción en el cambio de divisas

Uno de los grandes beneficiarios de ese régimen cambiario fue Raúl Gorrín, abogado de la cuerda de Maduro que a mediados de 2013, junto a otros empresarios, se hizo con el poder en la cadena Globovisión, un movimiento más del Gobierno para controlar los medios. El pasado 8 de enero, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos anunció sanciones contra un esquema de corrupción a cuya cabeza se situaba el propio Gorrín y en el que habrían participado altos funcionarios, militares, empresarios y testaferros próximos a Chávez y Maduro.

Según argumenta la OFAC, la organización criminal habría generado más de 2.400 millones de dólares en beneficios, habiendo usado grandes cantidades de dinero para sobornar a los responsables de la Oficina Nacional del Tesoro de Venezuela (ONT). Alejandro Andrade, uno de los jefes de la ONT, confesó a las autoridades judiciales estadounidenses haber recibido más de 1.000 millones de dólares en sobornos para facilitar ese esquema de corrupción. Colaboró con la Justicia y en noviembre de 2018 fue condenado a solo 10 años de prisión. En Florida tenía fincas, inmuebles, decenas de caballos purasangre, relojes de lujo, colecciones de joyas, yates o aviones privados, entre otros bienes, casi todos ellos hoy decomisados.

Según el auto de acusación de la fiscalía del tribunal del Distrito Sur de Florida, el jefe de la red de corrupción, Raúl Gorrín, habría pactado con Gabriel Arturo Jiménez, propietario del banco dominicano Peravia, utilizar esa institución financiera para canalizar el expolio del dinero de los venezolanos.

Con la complicidad de altos cargos del Ministerio de Finanzas y de la ONT, entre 2008 y 2017, Gorrín abonó decenas de millones de dólares en sobornos para comprar bonos soberanos y beneficiarse ilícitamente del régimen cambiario bolívar/dólar. Los miles de millones de dólares originados en esquemas de corrupción acabaron en cuentas de entidades suizas de banca privada como CBH o HSBC y en la compra de multitud de bienes inmuebles en Nueva York, Florida y otros lugares, España entre ellos, como señala el auto y como reveló la investigación de este diario denominada Venezuela Leaks.

Un país petrolero sin energía

Venezuela alberga las mayores reservas mundiales de crudo, hasta el 25% del total. Así lo aseguran los últimos datos disponibles de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. La miseria de este país sudamericano es que apenas esté explotando sus campos petrolíferos por la ineficiencia de su estatal PDVSA y sus ciudadanos sufran continuamente el racionamiento de combustible y cortes de energía. En 2008 producía 3,3 millones de barriles al día; en 2018 generó un promedio diario de 1,3 millones, según los últimos datos de la OPEP de este mes de enero.

“Dicen que producen un millón y pico de barriles al día, pero no es cierto. Produce tristeza que Venezuela esté comprando petróleo fuera para llevarlo al país y que no salte por los aires. Luego se vende el combustible a los precios mínimos del mercado interior, lo que es doblemente ruinoso para el Estado porque no cubre los gastos de importación”, informa a este diario un alto oficial venezolano. Añade esta misma fuente: “Resulta también devastador que sigamos regalando crudo a Cuba, pero esta vez no venezolano, sino comprado a precios del mercado internacional”.

Pero no se trata solo de ineficencia, a pesar de que el Gobierno de Maduro haya vendido una gran parte de la explotación de los pozos a Rosneft y Gazprom, multinacionales rusas experimentadas en el negocio, sino también de corrupción pura y dura. La dirección de PDVSA ha quedado estos años en manos de allegados a Maduro que han explotado para sus intereses personales la gallina de oro del país americano.

La Asamblea Nacional fijó en 11.000 millones de dólares la malversación en PDVSA únicamente para el periodo 2004-2014

El general de la Guardia Nacional Bolivariana Manuel Quevedo dirige la estatal petrolera PDVSA y el Ministerio de Petróleo y Minerías desde noviembre de 2017. La gestión de la mayor industria del país, que produce alrededor del 95% de las divisas, está militarizada. “Desde la FANB [Fuerza Armada Nacional Bolivariana] apoyamos al presidente Nicolás Maduro en la cruzada por la recuperación, producción, reestructuración, reorganización y lucha contra la corrupción de nuestra querida PDVSA”, manifestó entonces el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, en un tuit.

Tanto Padrino como Maduro son sabedores del desfalco continuado que ha sufrido la joya de la corona de la economía venezolana. A finales de 2016, la Comisión de Contraloría de la Asamblea fijó en 11.000 millones de dólares la malversación de fondos en PDVSA únicamente para el periodo 2004-2014. El periodo investigado coincide con el tiempo en que estuvo al mando de la petrolera estatal el más arriba aludido Rafael Ramírez. El actual fiscal general, Tarek William Saab, se ha referido repetidas veces a la trama corrupta que explotó PDVSA como “cartel”.

Uno de los 'narcosobrinos' de la esposa de Maduro, Efraín Antonio Campo Flores, describió en una comunicación intervenida por la DEA cómo las grandes parcelas de negocio se habían repartido tras la muerte de Chávez. El control del petróleo había quedado bajo el poder de su familia, los Flores, le dijo a un informante hondureño de la DEA.

El pasado martes 29, precisamente, John Bolton, asesor de Seguridad Nacional de EEUU, anunció la congelación de los fondos de Citgo Petroleum, filial de PDVSA en ese país, para frenar la corrupción de la estatal petrolera y presionar más aún a Maduro en favor de Juan Guaidó. “Hemos expuesto de forma continuada la corrupción de Maduro y sus amigotes y la acción de hoy garantiza que no puedan seguir saqueando los bienes del pueblo venezolano”, afirmó Bolton.

Oro venezolano, destino Turquía

En 2011, Chávez decretó la nacionalización de la explotación y comercialización de la industria del oro. El Ejecutivo de Maduro profundizó en esa política estratégica y creó en 2016 el llamado Arco Minero del Orinoco, un inmenso territorio rico en oro y otros metales preciosos en el centro-este de Venezuela. La empresa de capital mixto estatal-privado Oro Azul SA lleva la gestión para recabar el oro y hacerlo refinar principalmente en Suiza, Bélgica, Emiratos Árabes Unidos y Turquía. A su mando está Jorge Arreaza, yerno de Chávez y actual ministro de Exteriores.

Precisamente Turquía tiene una especial importancia para la industria aurífera de Venezuela en los últimos tiempos como destino para su refino. Recep Tayyip Erdogan visitó hasta tres veces Caracas en 2018. Solo en los cinco primeros meses de ese año, según estadísticas oficiales del INE turco, Venezuela exportó oro en bruto a Ankara por valor de más de 750 millones de euros. Las sanciones al Gobierno de Maduro de Estados Unidos y la Unión Europea estaban desviando el oro hacia Oriente Medio en previsión de la congelación de activos, como recientemente ha sucedido en Reino Unido.

Sin ir muy lejos en el tiempo, el titular del Ministerio de Industria y Comercio de Venezuela, Tareck El Aissami, estuvo reunido con Erdogan el pasado 18 de enero en Ankara y visitó las refinerías de oro donde llega el metal del Orinoco.

“En los últimos tiempos, Venezuela había convertido las islas de Curazao y Aruba en las potencias exportadoras de oro de América”, refiere a este diario un conocedor de los tejemanejes del Gobierno de Maduro con la industria aurífera. El oro venezolano, a menudo de forma opaca, suele llegar a las islas caribeñas de Curazao, Aruba y Bonaire (antiguas Antillas Holandesas) para luego seguir ruta a Ámsterdam y ser distribuido para su refinado en países de Oriente Medio y Centroeuropa.

El pasado 1 de noviembre, Donald Trump firmó un comunicado dirigido a la Cámara de Representantes y el Senado de Estados Unidos informaba del bloqueo de los activos e intereses relacionados con el sector del oro venezolano por estar incurriendo en “una serie de transacciones ilícitas y ligadas con prácticas corruptas”. Las palabras escritas de Trump fueron acompañadas por otras verbalizadas por John Bolton: "El régimen de Nicolás Maduro ha utilizado este sector como bastión para financiar actividades ilícitas y apoyar grupos criminales".

El comercio ilegal de las onzas doradas afloró cuando un cargamento de 50 kilos, valorado en unos dos millones de euros, fue aprehendido en el aeropuerto Reina Beatrix de Aruba después de llegar de Maracaibo, según desveló recientemente la investigación periodística “La fuga del oro venezolano. La ruta de un saqueo oficial”, del medio 'Runrunes'. La valiosa mercancía había sido embarcada de manera clandestina por un escolta aduanero venezolano en un vuelo de KLM destino Ámsterdam.

El trabajo de 'Runrunes' demostró que la minería del Orinoco la explotan los militares, guerrilleros, intermediarios extranjeros y bandas de criminales o ‘pranes’, palabra usada en Venezuela. “En el Arco Minero está metida de cabeza una élite militar. De allí no sale ni un gramo de oro sin el visto bueno de la cúpula militar”, contó a los periodistas de 'Runrunes' Américo de Grazia, diputado de la Asamblea Nacional.

Uno de los 'narcosobrinos' de la esposa de Maduro, Efraín Antonio Campo Flores, también apuntaba en las conversaciones interceptadas por la DEA lo siguiente: “Fue muy fácil para nosotros hacer dinero aquí en mi país porque trabajamos con todo. Operamos con oro, con dulces [referido a drogas], trabajamos con hierro, cemento...”.

“Cuando vas a las zonas mineras del oro, ves a malandros [delincuentes], no son soldados del ejército, vigilando con sus kalashnikov el negocio. No sale nada sin su supervisión. Son mafias que controlan el negocio con la connivencia de los militares y el Gobierno”, sostiene una fuente solvente consultada por este medio.

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