el país encarna un gran problema de la unión

Bruselas no se fía de la presidencia rumana de una UE azotada por crisis internas

Bruselas confía en los técnicos rumanos que se encargarán de la mayoría del trabajo de la presidencia, pero no así en su Gobierno

Foto: Banderas rumanas y de la UE frente a la sede del Gobierno rumano en Bucarest, el 2 de enero de 2019. (Reuters)
Banderas rumanas y de la UE frente a la sede del Gobierno rumano en Bucarest, el 2 de enero de 2019. (Reuters)

El 1 de enero de 2019 Rumanía asumió la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea. Pocas veces hay consenso en Bruselas, pero en ese instante todos coincidían: el momento no podía ser menos indicado. Un país que encarna uno de los principales problemas de la Unión, los gobiernos que deciden minar el Estado de derecho, acaba de ocupar el asiento principal en una de las principales arterias de la UE.

La confianza es un elemento clave en el buen funcionamiento de una presidencia, y lo que ha quedado claro durante las últimas semanas es que la Comisión Europea no se fía de la gestión rumana. Jean-Claude Juncker, presidente del Ejecutivo comunitario, lo dejó ver pocos días antes de que Rumanía asumiera el mando: “Creo que el Gobierno en Bucarest no ha entendido del todo qué significa la presidencia”. Este jueves Juncker se encuentra un Bucarest para asistir a la inauguración formal de la presidencia.

El Ejecutivo rumano, consumido por los asuntos internos y por una deriva de ataque a la independencia judicial desde hace tiempo, no ha preparado en exceso la presidencia en el plano político, en contraste con sus antecesores, los austriacos, que han dejado un buen sabor de boca entre los diplomáticos europeos: orden, disciplina y búsqueda de acuerdos entre los Estados miembros.

Sí hay consenso en que el equipo técnico rumano en Bruselas es capaz de dirigir el trabajo de fontanería, de gestionar la enorme carga que representa coordinar la agenda de trabajo del Consejo de la UE. Las dudas se centran en el capitaneo político de Bucarest. Principalmente porque el Gobierno juguetea de forma continua con el euroescepticismo como una receta electoral.

En noviembre un portavoz del gobernante Partido Socialista hizo, literalmente, un corte de mangas durante una sesión en el Parlamento rumano a la Comisión Europea y a la Eurocámara tras criticar los pasos dados por las instituciones europeas contra los ataques del Gobierno a la independencia judicial.

Siegfried Muresan, eurodiputado rumano del opositor Partido Nacional Liberal, señala que “el Gobierno tiene que demostrar que está listo para proteger los valores europeos, hasta ahora no lo ha hecho”. “Deben frenar cualquier doble lenguaje. Por ahora, a un nivel europeo, tratan de hablar en términos generales, pero cuando vuelven a casa son euroescépticos, combativos contra la UE”, explica Muresan en una entrevista con El Confidencial.

"No estamos preparados para esto. No hay perspectivas de buena gobernanza. Esto es muy serio”, aseguró Iohannis en noviembre

El Gobierno está dirigido desde la sombra por Liviu Dragnea, líder de los socialistas e inhabilitado de cargos públicos que empuja al precipicio a cualquier primer ministro que no cumpla con sus exigencias: eliminar la independencia judicial y relajar la codificación de los delitos de corrupción, algo que le permitiría librarse de las condenas que pesan sobre él. Por el momento, desde que en enero de 2017 comenzó la legislatura, Dragnea ha defenestrado a dos primeros ministros, expulsados del Gobierno a través de una moción de censura de su propio partido.

Y aunque Dragnea no forma parte del Gobierno, la mayoría hablan de él como parte del Ejecutivo. “Inmediatamente después de tomar el control del Gobierno, Dragnea dejó clara cuál es su agenda y cuáles son sus prioridades, que no son gobernar bien el país, sino escapar de la cárcel”, asegura Muresan.

Muy pronto veremos si el Partido Socialista trabaja para Dragnea, veremos si la Justicia en Rumanía está haciendo su trabajo, y en ese momento se responderán todas las preguntas que hay”, replica para este diario Mihai Turcanu, eurodiputado del Partido Nacional Liberal rumano.

Liviu Dragnea durante una cumbre del PSD en Bucarest, en diciembre de 2018. (EFE)
Liviu Dragnea durante una cumbre del PSD en Bucarest, en diciembre de 2018. (EFE)

Mano a mano con Bruselas

Los choques con Bruselas han sido un continuo desde enero de 2018. El enfrentamiento con la capital comunitaria se aceleró a partir del 3 de octubre de 2018. Ese día, Viorica Dancila, primera ministra del país, mantuvo un mano a mano en el Parlamento Europeo con Frans Timmermans, vicepresidente primero de la Comisión Europea.

El holandés hizo una defensa del diálogo con Bucarest, pero amenazó con utilizar el artículo 7 de los Tratados, el botón nuclear de las normas europeas que permite que en última instancia el país al que se le aplica pierda el derecho a voto en el Consejo. “Si tenemos que utilizar otros métodos a nuestra disposición, lo haremos”, señaló Timmermans.

Rumanía, como Bulgaria, está monitoreada de cerca por parte de Bruselas. Lo hace a través del Mecanismo de Cooperación y Verificación (MCV), un sistema que permite evaluar los progresos que hacen los dos países, que se incorporaron al club en 2007 sin estar plenamente preparados para hacerlo. El objetivo es controlar, a través de indicadores, la eficacia y transparencia del sistema judicial y la lucha contra la corrupción. Mientras Sofía está cada vez más cerca de abandonar el MCV, Bucarest no solo ha frenado el progreso de su primera década en la UE, sino que ha comenzado a dar marcha atrás.

Es fundamental que Rumanía vuelva inmediatamente a retomar su trayectoria en la lucha contra la corrupción y garantice también un poder judicial independiente”, aseguró Timmermans el 13 de noviembre de 2018, cuando se publicó el último informe anual del MCV.

La situación en Rumanía ha llevado a importantes protestas durante 2018, y en julio de ese mismo año Laura Codruta Kovesi, fiscal anti-corrupción del país y mujer de confianza de la Comisión Europea, fue cesada tras cinco años, un mes y 24 días de trabajo gracias a los cuales las condenas por corrupción se habían disparado.

Laura Codruta Kovesi, ex fiscal jefe de la Agencia Nacional Anticorrupción, durante la presentación del Balance Anual de la Agencia en Bucarest. (EFE)
Laura Codruta Kovesi, ex fiscal jefe de la Agencia Nacional Anticorrupción, durante la presentación del Balance Anual de la Agencia en Bucarest. (EFE)

División interna

En noviembre de 2018, a solo un mes de tener que asumir la presidencia, Klaus Iohannis, presidente del país y líder del partido en la oposición, atacaba al Gobierno socialista y aseguraba que Rumanía no estaba preparada para asumir la presidencia. “Mi opinión es que no estamos preparados para esto. […] No hay perspectivas de buena gobernanza y de involucración en los asuntos europeos. Esto es muy serio”, aseguraba entonces Iohannis.

Con esas declaraciones, el presidente mostraba uno de los principales problemas del país: la división interna. El pulso entre Viorica Dancila y Klaus Iohannis por el poder y la visibilidad está latente en todo momento y la última muestra ha sido cuando Dancila a pedido a Iohannis que le ceda el puesto en el Consejo Europeo, la reunión de los líderes de la UE, durante la presidencia rumana, pero el presidente se ha negado a hacerlo. “Las disputas políticas internas en Bucarest son una constante, como lo son en París, Roma o Londres”, responde Turcanu.

Aunque finalmente Rumanía ha asumido la presidencia, y Iohannis ha corregido su posición para asegurar que Bucarest puede afrontar el trabajo que le ha sido encomendado, lo hace ante la desconfianza de prácticamente todos: algunas capitales recelan de su capacidad de asumir la carga de trabajo que representa la presidencia, otras lo hacen de los ataques que el Gobierno rumano realiza sobre el Estado de derecho y la difícil situación que atraviesa el país. Y la mayoría desconfían por ambas razones.

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