El movimiento antidesahucios de Italia que reniega de los "traidores" del M5S

Radia no puede con la humedad. Sentada en una silla mordisqueada, se aprieta el chaquetón de pluma con los dedos, mientras afuera los niños juegan sin cansarse. En el edificio en el que vive, el número 198 de vía delle Province, en el barrio romano de Nomentano, los vecinos se caldean con estufas eléctricas porque el sistema de calefacción jamás ha funcionado. Antaño sede del Instituto de Seguridad Social de Italia (INPS), luego abandonado durante años, fue ocupado en 2012 por sus nuevos huéspedes, unas 140 familias desahuciadas de otras casas y sin otro sitio al que ir. Radia llegó en ese momento y, pese las limitaciones del lugar, ya no se ha movido. Aunque esto podría cambiar pronto.

"Ya lo tenemos asumido. Un día de estos nos podrían desalojar. Pero, eso sí, no nos doblegarán con facilidad… no sé, quizá nos subiremos al techo y desde ahí continuaremos resistiendo y resistiendo", dice, algo desencantado, Umberto, un italiano que también vive en el edificio ocupado.

Umberto, de 62 años, es también el representante del colectivo Blocchi Precari Metropolitani (BPM), la plataforma antidesahucios que aquel 6 de diciembre de hace seis años coordinó la ocupación del edificio y de otros nueve inmuebles que fueron tomados simultáneamente en la capital italiana para dar un hogar a decenas de desalojados. Han resistido desde entonces. En parte gracias a que, en aquellos años, eran muchos los que denunciaban que la destrucción sistemática del empleo en el país iba acompañada de importantes cifras en los desahucios.

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Entre ellos se encontraban, en aquella época, los activistas y políticos del Movimiento 5 Estrellas (M5S), los entonces llamados ‘indignados italianos’ que, estando en ese momento en la oposición, denunciaban el fenómeno en el blog de la formación y en el Parlamento. “El M5S logró frenar un vergonzoso desahucio de una anciana señora de 91 años, con una invalidez del 100%”, se llegó a jactar en 2016 Enza Blundo, entonces senadora de la formación, cuando su partido coqueteaba con los movimientos de resistencia contra los desalojos y clamaba contra sus funestas secuelas —suicidios incluidos— para los afectados.

Pero ahora, justo dos años después, cuando el M5S ya se encuentra en el poder asociado con la Liga de Matteo Salvini, esos objetivos parecen estar en un punto muerto. El mismo edificio de vía delle Province se encuentra, con otros treinta inmuebles, en listas de ’desalojos inminentes’ anunciados por las autoridades italianas. Al mismo tiempo, el tema de los desahucios ha dejado de ser un escándalo nacional y rara vez se encuentra en el argumentario de la clase política en el poder. Y, cuando lo está, no acarrea buenas noticias.

Lo último ha sido lo dispuesto por el llamado “Decreto Seguridad”, aprobado definitivamente en estos días y que introduce penas de cárcel de hasta cuatro años para los activistas que promueven ocupaciones de inmuebles, según se lee en el artículo 30. Y eso sin que en el paquete de leyes se prevean normas para ayudar los desahuciados a encontrar otras viviendas en las que habitar, según denuncian los grupos de protesta. “Es un decreto aberrante que destila odio hacia los pobres”, afirma sin medias tintas Massimo Pasquini, el responsable de la Unión de Inquilinos. “Nadie ocupa porque quiere. Si en Italia existiesen políticas de inclusión social adecuadas ninguna familia se habría visto obligada a ocupar edificios públicos o privados no utilizados”, insiste Pasquini. Otra nota del ministerio de Interior que dirige Salvini, animó, en septiembre pasado, a los jefes de policía a ejecutar los desahucios de manera más expedita.

Sin solución

Y eso que la tragedia de los desahuciados italianos sigue estando ahí. Según el ministerio de Interior italiano, en 2017, el número total disminuyó ligeramente con respecto al año anterior pero, aún así, se emitieron 59.609 sentencias de desalojo, la mitad de los cuales en situaciones de alquiler. Se produjeron 32.069 desahucios de inquilinos, muchísimos de los cuales, según los grupos de protesta, involucraron a personas que habían perdido su empleo y pasaron a estar una en situación de grave pobreza. Un drama que sigue golpeando al país de manera transversal, puesto que las regiones más afectadas se encuentran en el norte (en Lombardía, 4.973, Piamonte, 4.030, y Véneto, 2.413, Emilia Romaña, 2.971), en el centro (Lacio, 3.569 y Toscana, 3.194), y también en el sur (Campania, 2.349, Sicilia, 1.717, y Apulia, 1.894) de la península.

Además, el fenómeno afecta mucho a las personas de mediana edad. En concreto, el 60% de los desahuciados en Italia son personas de entre 35 y 55 años y el 80% son familias con menores, según reza una estimación de la Unión de Inquilinos (datos oficiales precisos no hay). Es el caso del núcleo familiar de la ítalo-tunecina Radia, una de las okupas de los edificios de vía delle Province. Cuando hace seis años se quedaron sin un hogar y su marido, obrero de profesión, dejó de tener un empleo fijo, Radia tenía 45 años, sus gemelos, 11, y su hija mayor, 15.

Radia echa la vista atrás y dice que lo volvería a hacer. “Participé en la ocupación de este edificio porque mi marido, mis tres hijos y yo no teníamos otra opción”, afirma. “Lo que nunca hubiera imaginado es que hubiéramos llegado hasta aquí”, dice la mujer, al explotar en una carcajada nerviosa cuando le preguntamos por la calefacción. “Claro que no hay. En los inviernos, quien puede, se calienta con unas estufas eléctricas”, afirma Radia, cuya familia también vive de las ayudas de Cáritas.

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El caso de Oleksandra, una limpiadora ucraniana, es similar. Aunque haya llegado después del núcleo inicial de okupas, también ella se enteró de la existencia del lugar gracias al mundo del activismo y es una inmigrante con más dos décadas vividas en Italia. Ellos, extranjeros afincados desde años en Italia, junto con muchos italianos en situaciones de precariedad laboral, son algunos de los más afectados por los problemas de alojamiento que existen hoy en Italia.

“Hagamos unas sencillas cuentas. Yo me despierto todos los días a las cinco de la mañana para trabajar limpiando oficinas por unos 400 euros al mes sin un contrato fijo, ni vacaciones pagadas. Con esta miseria, aun queriendo, no sabría adónde ir”, se queja la mujer. “El único consuelo es este lugar que, con todos sus defectos, es mejor que estar en la calle”, afirma esta mujer que, en lo que va de su vida laboral en Italia, ha trabajado también en pastelerías, de niñera y cuidadora de ancianos. “La lucha es por la tierra”, dice Rafael, un solitante de asilo venezolano que pasa el día cuidando de una biblioteca que ha abierto hace semanas para integrar a los desahuciados en el barrio.

Pasquini, por su parte, insiste en que el problema, en el fondo, remite a una falta de voluntad política para solucionar un drama que, desde la crisis de 2008, ha golpeado con dureza a una parte significativa de la población. “Uno de los problemas principales es que en Italia el stock de viviendas de protección social no supera el 4%, es decir, ni un millón de casas en total, mientras que hay 630.000 personas que están en las listas de espera para obtener una vivienda pública y 140 familias que son desalojadas cada día”, afirma Pasquini.

Paradojas inmobiliarias

“Se trata de unas cifras absurdas si pensamos que, en el norte de Europa, hay países en los que el 30% de los inmuebles son viviendas públicas, lo que es un colchón social mucho más efectivo”, añade. Otras estadísticas, de la Federación Italiana para las Viviendas Sociales, calculan que 1,7 millones de familias tienen dificultades para pagar el alquiler en Italia. Mientras que, en junio pasado, el Instituto de Estadísticas italiano (ISTAT) estimó que en el país hay más de 5 millones de personas en estado de pobreza absoluta, una cifra récord desde que la institución empezó a realizar el recuento en 2005. Son más de 50.000 los ’sin techo’ estimados en el país.

No obstante, la estructura del sector inmobiliario italiano en sí también fomenta las paradojas del fenómeno, como señalan los activistas. Italia es, en efecto, uno de los Estados europeos con el mayor número (72%) de casas de propiedad de Europa, pero también tiene una tasa muy alta de inmuebles vacíos (más de 7 millones, el 22%, según datos divulgados en 2016). Con ello, “en muchísimos casos, una vez desalojadas las familias, no se les garantiza siquiera una solución alternativa adecuada, algo que viola el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”, argumenta Pasquini. En estas circunstancias, los movimientos de protesta aseguran que han informado la relatora de la ONU para la vivienda, Leilani Farha, a la que también han puesto al día sobre las últimas normas que se están poniendo en marcha en Italia. “Le puedo decir que están vigilando lo que ocurre en Italia muy de cerca”, afirma.

Pero los activistas también están en el punto de mira. Lo sabe muy bien Cesare Ottolini, coordinador mundial de la Alianza Internacional de Habitantes y miembro de la comunidad de vecinos de Padua (norte de Italia). Él mismo podría pagar muy cara la osadía de la resistencia dentro de poco. En mayo pasado, de hecho, fue convocado por el Tribunal de Padua por haberse opuesto al desalojo de una familia de migrantes, y en la actualidad su caso está bajo investigación.

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“La situación en el sur de Europa sigue siendo particularmente grave e Italia no es la excepción”, afirma Ottolini, quien también insiste en que otro aspecto es que el Estado sigue desaprovechando centenares de edificios no usados (nadie conoce la cifra exacta) que posee. “Muchos podrían destinarse a atender esta emergencia pero eso no se hace”, afirma el activista. Él, como también Pasquini, subraya que, sin embargo, las ocupaciones de casas son solo “la punta del iceberg del fenómeno de los desahucios”.

Así y todo, el sueño de Radia sigue siendo que sus tres hijos dejen de dormir vestidos “cuando hay peligro de desalojo” y que “esa sea la normalidad”. Para Rafael y Umberto, en cambio, la lucha ya es activismo, porque la situación en la que están, dicen, “se debe a un sistema al que le interesa mantener parte de la población en la pobreza”. Mientras que Oleksandra, que antes de ser okupa fue desalojada cuatro veces de casas en las que residió, ya ni siquiera busca consuelo. Sabe que el día podría llegar, pero no por eso será menos duro el golpe.

Una de las pocos alegrías es, cuentan, que los vecinos del barrio siguen aceptado a la comunidad okupa. “Muchos vienen, nos traen ropa y comida, e incluso envían sus hijos a jugar con los nuestros”, dice Radia. Un magro consuelo cuando se sabe que, en cualquier momento, todo lo que han creado aquí puede quebrarse.