Revés histórico para el Gobierno de May en plena cuenta atrás para la votación del Brexit

Histórico varapalo al Gobierno de Theresa May cuando la 'premier' afronta la apuesta más arriesgada de su carrera política. En la primera de las cinco jornadas de debate en Westminster sobre el acuerdo del Brexit —que se votará el día 11—, la Cámara de los Comunes aprobó la moción que acusa al Ejecutivo conservador de "desacato" al Parlamento por no haber publicado todo el análisis legal recibido sobre el pacto con la Unión Europea, como exigía un mandato anterior.

A siete días de una votación clave para el futuro de Reino Unido, la moción arroja nuevas dudas sobre la autoridad parlamentaria de la primera ministra, quien todavía no tiene los apoyos necesarios para asegurar que el acuerdo de salida sea aprobado. En una decisión sin precedentes, un total de 311 diputados frente a 293 votaron a favor de impulsar un proceso contra el Ejecutivo, al considerar que el informe resumido sobre el asesoramiento legal que presentó este lunes ante la Cámara el abogado general del Estado, Geoffrey Cox, no es suficiente.

El revés obliga al Gobierno conservador a presentar hoy el informe "completo y definitivo" ofrecido por Cox —un texto que los diputados quieren examinar antes de votar sobre el acuerdo de salida de la Unión y la futura relación bilateral el día 11—, según anunció la líder conservadora en los Comunes, Andrea Leadsom, quien argumentó que se viola el derecho del Ejecutivo a recibir asesoramiento legal confidencial. Lo cierto es que nunca antes la Cámara de los Comunes había acusado a los ministros de desacato al Parlamento.

Horas antes de que la moción fuese aprobada, el ministro de Asuntos Exteriores, Jeremy Hunt, argumentó que publicar el análisis legal del acuerdo completo "imposibilita" la tarea de gobernar. Hace un mes, el propio Hunt estaba entre los ocho ministros que aseguraron que "no podrían apoyar ningún acuerdo del Brexit si no podían acceder al asesoramiento legal completo brindado a la primera ministra", recordó en el Parlamento la portavoz de Exteriores laborista, Emily Thornberry. Una muestra del desconcierto que reina en las filas 'tories'.

En el inicio del debate parlamentario sobre el acuerdo del Brexit, May —quien ha estado reuniéndose con pequeños grupos de diputados conservadores en busca de apoyos— intentó complacer a todos. Consciente de que la oposición laborista pedirá su dimisión si Westminster no aprueba el pacto, la 'premier' destacó que el acuerdo que los Veintisiete refrendaron el 25 de noviembre "respeta" las posiciones de 'brexiters' y eurófilos. Por ello, señaló que "es el momento" de que los diputados apoyen un acuerdo que "empezará a unir al país" y rechazó un segundo referéndum sobre la permanencia en la UE porque "exacerbaría la división" en el Reino Unido.

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Sobre la salvaguarda incluida en el acuerdo para evitar el restablecimiento de una 'frontera dura' entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda, May afirmó que "no había posibilidad" de pactar con la UE sin esa cláusula conocida como 'backstop'. La 'premier' subrayó que esa garantía únicamente se aplicará en caso de que Londres y Bruselas no hayan llegado a otra solución al término del periodo de transición (31 de diciembre de 2020) y que, en cualquier caso, "el texto dice específicamente que sería algo temporal".

La Justicia abre la puerta a detener el Brexit

Poco antes de que el Gobierno británico iniciase el debate del Brexit, la Justicia europea abrió la puerta a que Londres detenga el divorcio. El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) determinó que Reino Unido tiene la capacidad de revocar de forma unilateral el artículo 50 de los tratados europeos, el que inició el proceso de su salida del club comunitario, al activarse el 29 de marzo de 2017.

"El artículo 50 admite la revocación unilateral de la notificación de la intención de retirarse de la Unión, hasta el momento en que se concluya el acuerdo de retirada, siempre que la revocación se haya decidido de conformidad con las normas del Estado miembro, se comunique de manera formal al Consejo Europeo y no suponga un práctica abusiva", señaló el letrado Sánchez-Bordona. Aunque no son vinculantes, las conclusiones del abogado general sobre el caso —presentado por eurodiputados y diputados británicos pro UE— sí suelen marcar el camino que sigue el tribunal en su sentencia. La posibilidad de que Reino Unido siga dentro del club comunitario si la Cámara de los Comunes rechaza el acuerdo gana peso.

El abogado encargado del caso, el español Sánchez-Bordona, se apoya en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados para afirmar que "las notificaciones de retirada de un tratado internacional pueden ser revocadas en cualquier momento antes de que surtan efecto". Indica que la retirada de un tratado internacional es "una manifestación de la soberanía" de un Estado miembro, por lo que revocar su decisión también lo sería. Entre otros argumentos, sostiene que el propio artículo 50 notifica la "intención", y no decisión, de retirarse de la UE, y que la unilateralidad de la activación de este artículo "se proyecta" sobre la fase de la negociación, que dura dos años y en la que el Reino Unido y la Unión Europea han negociado el acuerdo de salida británica.

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"No poner obstáculos a la permanencia en la Unión de un Estado miembro (...) es un criterio interpretativo especialmente apropiado, consonante con el objetivo del desarrollo del proceso de integración", señala el comunicado, que apunta también que esta es la opción que mejor protege "los derechos" de los ciudadanos europeos. Subraya, no obstante, que la posibilidad que ha reconocido al Reino Unido tiene "condiciones y límites", como la notificación al resto de los estados miembros de manera formal, que el proceso respete las normas constitucionales del país y que se respeten los principios de "buena fe y cooperación leal", de forma que ningún socio abuse del sistema.

Planteado inicialmente por miembros escoceses de la Eurocámara, el Parlamento de Escocia y la Cámara de los Comunes, entre otros, el caso espera ahora la sentencia del TJUE, que no tiene por qué seguir la opinión del abogado y para la que no se ha fijado una fecha concreta. El proceso comenzó apenas dos días después de que los países que permanecerán en la UE tras el Brexit dieran su respaldo político al acuerdo de retirada y a la declaración política sobre la futura relación bilateral.