España amenaza con vetar el acuerdo del Brexit pero la UE puede aprobarlo sin su voto

Las reclamaciones de España sobre el futuro de Gibraltar sobrevuelan la trascendental cumbre del domingo en la que los Veintisiete deberán aprobar el acuerdo del Brexit, pactado ayer entre Londres y Bruselas y que no hace mención al futuro del Peñón. Aunque Londres no ve la cuestión de Gibraltar como un riesgo para cerrar el acuerdo de divorcio, el presidente Pedro Sánchez ha amenazado con vetar un pacto que la UE puede aprobar por mayoría cualificada, sin unanimidad. Una 'maniobra' que “no sería políticamente aceptable” para el conjunto de la Unión, en palabras del ministro de Exteriores, Josep Borrell, quien descarta que pueda adoptarse un acuerdo sin el apoyo de todos los estados miembros

El Gobierno de Pedro Sánchez ha adelantado que España votará no al borrador del acuerdo del Brexit si no se introducen aclaraciones sobre el estatus de Gibraltar, ya que "ningún documento aclara algo (...) fundamental: Gibraltar no pertenece al Reino Unido". Madrid considera que el texto no es lo suficientemente claro sobre la última palabra de España en cualquier acuerdo entre Bruselas y Londres respecto al Peñón, una garantía que sí había quedado recogida en previas conclusiones de cumbres europeas. Por ello, Sánchez ha amenazado con "vetar" el pacto.

Mientras las negociaciones continúan y España presiona en pos de un documento vinculante con la misma fórmula empleada en textos anteriores de los Veintisiete, el Gobierno ha elevado el tono. Ayer acusó a la primera ministra británica, Theresa May, de haber presionado a la UE para modificar a última hora, "con nocturnidad y alevosía", la declaración política que establecerá el marco de la relación futura entre el Reino Unido y la UE, porque versiones anteriores recogían la posición española sobre la cuestión de Gibraltar.

El artículo que crítica España, el 184 —que contempla la aplicación de acuerdos más allá del fin del periodo de transición tras el Brexit—, apareció por primera vez el miércoles de la semana pasada, tras conocerse que Londres había dado su visto bueno al texto preliminar de los negociadores. No es una modificación de uno anterior, según fuentes diplomáticas citadas por la agencia EFE. El Gobierno de Sánchez planteó sus recelos al resto de los estados miembros el lunes en una reunión de representantes de los Veintisiete para preparar la cumbre extraordinaria de este domingo.

Que España vote no al borrador del acuerdo del Brexit no impide que en esa cumbre pueda haber fumata blanca. Las reglas de la Unión establecen que el acuerdo debe ser aprobado por una mayoría cualificada —20 estados miembros que representen el 65% de la población del bloque comunitario—, por lo que no sería necesaria la unanimidad. No obstante, la imagen de unos Veintisiete unidos frente al Brexit sufriría un daño considerable.

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Al otro lado del Canal, también tiran con bala. La 'premier' advirtió ayer a España de que protegerá la "soberanía británica de Gibraltar". May destacó que había sido "absolutamente clara" con Pedro Sánchez durante una conversación que mantuvieron la noche del miércoles, al trasladarle que "la soberanía británica de Gibraltar se protegerá" y que "la futura relación [con la UE] debe funcionar para toda la familia del Reino Unido". Su firmeza no concuerda con el escaso protagonismo que tiene en Reino Unido el debate sobre Gibraltar en el tortuoso camino hacia el Brexit.

En dicha conversación, May también pidió "apoyo y solidaridad" al presidente Sánchez para que no pusiera obstáculos al acuerdo de retirada. La 'premier' justificó su petición de apoyo en su "fragilidad política", pero Sánchez replicó que no le hablara a él de debilidad parlamentaria, según el secretario de Estado para la UE, Luis Marco Aguiriano.

¿Ha logrado May detener la rebelión?

La 'premier' se ha aferrado al borrador de la declaración política pos-Brexit acordada este jueves con la Comisión Europea como a un auténtico chaleco salvavidas. La líder 'tory' sabía que el acuerdo de retirada pactado la semana pasada con Bruselas iba a hacer hundir el barco. Los últimos ocho días aguantando sola en altamar no han sido fáciles: siete dimisiones en el Ejecutivo, amenazas de moción de censura contra su liderazgo, tensión con el DUP… Estuvo a punto de ahogarse, pero el documento que esboza ahora el marco para las futuras relaciones con el bloque representa, de momento, una tabla de salvación.

May espera que las 26 páginas puedan hacer que el polémico acuerdo de retirada sea ahora más “digerible” en Westminster, donde en última instancia deben ratificarse ambos textos. Tras el caos que provocó el pacto de divorcio, la 'premier' ha intentado con este segundo documento contentar tanto a eurófilos como a euroescépticos con un lenguaje lo suficientemente vago y ambiguo como para poder venderlo a ambos bandos.

Este fue fundamentalmente el objetivo de su intervención el jueves en la Cámara de los Comunes, cuando señaló que se trataba del acuerdo “adecuado” para el país. “Retomaremos el control de nuestras fronteras, de nuestras leyes, al tiempo que protegeremos los puestos de trabajo, nuestra seguridad y la integridad de nuestro estimado Reino Unido”, declaró. “El pueblo británico quiere que esto se resuelva, quiere un buen acuerdo que nos sitúe en el camino de un futuro brillante. El pacto está a nuestro alcance y estoy determinada a que se haga cumplir”, agregó.

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Desde un primer momento, el párrafo cuatro de la declaración política establece que el Reino Unido podrá “desarrollar su política comercial independiente” —línea roja para los 'brexiters'— y que se pondrá “fin a la libre circulación de personas” —la cuestión protagonista durante la campaña del histórico referéndum de 2016—. “El acuerdo cumple con el mandato marcado por los británicos en el plebiscito”, matizó May.

Por otra parte, el artículo 25 deja la puerta abierta a que el Reino Unido pueda “alinearse con las normas de la UE en áreas relevantes”, como bienes. Esta era una de las demandas de los pro-UE, incluida además en el Plan de Chequers que el Gabinete acordó el pasado mes de julio, cuando se plantearon las posibles futuras relaciones comerciales.

Sin rastro de la "regulación común"

La reunión acabó entonces con la dimisión de los euroescépticos David Davis como ministro del Brexit y Boris Johnson como titular de Exteriores. Así que, consciente de toda la polémica, en la declaración política no queda ni rastro de la frase “regulación común” con el bloque que la líder 'tory' había planteado en verano.

En cualquier caso, la clave para que ambos textos tengan más posibilidades de ser ratificados en la Cámara de los Comunes está en el artículo 27, el referido al 'backstop' irlandés. Se trata del plan de emergencia que debe existir para que, en caso de que las futuras negociaciones sobre relaciones comerciales fracasen, no haya una frontera dura entre la República de Irlanda y la provincia británica de Irlanda del Norte.

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El acuerdo de retirada establece que, en caso de que no se haya cerrado un acuerdo comercial para cuando finalice el periodo de transición en 2020 —nadie espera realmente que haya un milagro en 21 meses—, este plazo de implementación puede ampliarse o todo el Reino Unido podría quedar dentro de la unión aduanera de manera temporal e Irlanda del Norte quedaría además alineada con el mercado único, solo respecto a bienes.

Esto causó gran revuelo la semana pasada en Westminster, donde May no cuenta con mayoría absoluta y depende del apoyo de los unionistas norirlandeses del DUP, quienes advierten de que no respaldarán ningún pacto que deje a la provincia británica con un estatus diferente al del resto del país. Pues bien, el artículo 27 de la declaración política señala ahora que, para evitar una frontera dura en la isla, se puede “considerar” como alternativa la posibilidad del uso de “tecnologías”, una de las grandes peticiones de los 'brexiters'. Por último, el artículo 87 garantiza la cooperación en seguridad, otra de las grandes preocupaciones de ambos bandos, manteniendo, por ejemplo, “el intercambio de datos”.

"Evita los beneficios, nos ata a lo peor de la UE"

La pregunta es: ¿se han calmado los ánimos en el núcleo duro euroescéptico? No realmente. Los 'brexiters' aseguran que la declaración sobre la futura relación con la UE es una “rendición”, ya que mientras que el acuerdo de retirada es vinculante, los 26 folios sobre las relaciones futuras son tan solo una declaración de intenciones. “Todo lo que quería obtener la Unión Europea de las negociaciones ha quedado plasmado en el acuerdo de salida, que es un tratado internacional legalmente vinculante. Lo que quería el Reino Unido está en una declaración no vinculante y sin significado. Y nos ha costado 39.000 millones de libras”, afirmó la parlamentaria conservadora Priti Patel.

Por su parte, el euroescéptico Simon Clarke señaló: “La declaración política tiene buenas intenciones, pero al final es un conjunto de palabras sin aplicación. Esta declaración es una rendición por parte del Gobierno”. En esa misma línea, el 'tory' Ranil Jayawardena sostuvo que “en lugar de retomar el control, estamos cediendo el control de una enorme cantidad de nuestras políticas sociales y económicas”. “Este acuerdo evita que obtengamos los beneficios del Brexit, mientras que nos deja atados a las peores partes de la Unión Europea”, recalcó.

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En definitiva, para los 'brexiters' se trata de “pura fantasía”, porque este segundo documento no es vinculante. Downing Street tratará de convencerles de que sí cuenta con base legal ateniéndose al artículo 184 del acuerdo de retirada, precisamente el que crea polémica con España por Gibraltar. Pero no parece que, de momento, haya tenido demasiado éxito. Literalmente, el artículo asegura que “ambas partes [Reino Unido y la UE] deben utilizar sus mejores esfuerzos y actuar de buena fe y en el respeto completo de sus respectivos órdenes legales, para tomar las medidas necesarias para negociar sin demora los acuerdos que regirán la futura relación mencionada en la declaración política”.

Por su parte, el segundo texto tampoco parece que haya convencido a la oposición que, a día de hoy, sigue defendiendo que votará en contra de ambos documentos con el objetivo de forzar elecciones anticipadas. “Esto es el salto a la oscuridad que todos temíamos”, señaló el líder laborista, Jeremy Corbyn.