¿Es Haití un peligro para sus vecinos? Los riesgos de ignorar un estado fallido

En principio, podría parecer un sinsentido. Lo es, de hecho, para la mayoría del electorado en la República Dominicana, que por años ha mantenido al partido ultraderechista Fuerza Nacional Progresista ocupando una posición secundaria dentro del panorama político local. Pero su propuesta de construir un muro en la frontera con Haití sigue generando debates entre la clase política y la ciudadanía.

Tanto, que no faltan los estudios sobre el coste exacto de la obra y las comparaciones con el estado de calamidad en que malviven las poblaciones de la zona limítrofe. “Un muro de hormigón armado y seis metros de altura que cubra los 382 kilómetros lineales de frontera domínico-haitiana, costaría a razón de 5.225 pesos dominicanos el metro cuadrado, en total unos 12.000 millones de pesos, es decir, 260 millones de dólares. Todo eso destinado a un muro que atravesará cinco provincias donde hay más letrinas que sanitarios, más cubetas que acueductos y más ranchetas que casas dignas”, apuntaba en diciembre de 2015 el profesor universitario Matías Bosch en un artículo.

Entre 1990 y 2015 Haití duplicó su población. En la actualidad, sus cerca de 27.000 kilómetros cuadrados dan cabida a más de 11.000 de habitantes, la mitad de los cuales viven en condiciones de pobreza extrema. El futuro no se anticipa más halagüeño. “Con una población que aumenta en promedio un 2% anual, todo crecimiento por debajo de 2% del PIB es insuficiente para compensar las presiones demográficas”, alertó a finales de 2016 un estudio de la Organización Panamericana de la Salud.

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Por el contrario, a lo largo de la década actual la economía haitiana ha seguido una parábola de constante desaceleración (con crecimientos que han caído hasta un 1.5% por ejercicio fiscal) y el gobierno no ha encontrado un modelo “sostenible y resiliente ante los desastres naturales y la agitación social”. “Haití importa tres veces más de lo que exporta y sus recursos más importantes provienen de las remesas de la diáspora”, acotó con preocupación el estudio. La tormentosa elección presidencial de septiembre de 2016 y la crisis institucional de este verano han puesto de manifiesto la fragilidad de un estado que se mantiene gracias a las fuerzas de seguridad y los fondos de ayuda enviados por las Naciones Unidas.

La convicción de que no es posible esperar mejores tiempos está cada día más generalizada, y consulados como el de Chile se ven desbordados por la avalancha de solicitantes de visa. Preocupada por la explosión”en el número de migrantes haitianos asentados en su territorio (que en los últimos cuatro años ha pasado de 1.800 a cerca de 120.000), hace pocas semanas Santiago llegó a un acuerdo con la Organización Internacional de las Migraciones para que esa entidad de la ONU intentara poner orden al proceso a través de una oficina de campo en la propia ciudad de Puerto Príncipe. Gobiernos como el mexicano o el estadounidense también han manifestado su inquietud por el fenómeno, que en varias ocasiones ha sido tema de discusión en la Organización de Estados Americanos. Pero el costo de un programa integral de desarrollo para la nación caribeña es de tal magnitud que nunca se ha llegado a acuerdos concretos.

Cualquier empeño de esa naturaleza debería afrontar problemáticas tan complejas como la baja accesibilidad de la población al agua potable (poco más del 55%) y los sistemas de alcantarillado (que en 2015 prestaban servicios a una cuarta parte de los hogares). La insuficiente cobertura de los programas de vacunación (como promedio, no más del 70% de los niños) y la alta prevalencia de enfermedades como el VIH o la hepatitis C (que se calcula afectan a más de 200 mil personas) limitan también el futuro de una sociedad que en varias ocasiones se ha convertido en objeto de atención para la Organización Mundial de la Salud (OMS). Las alarmas crecen, además, por la posibilidad de que la emigración irregular extienda estos problemas a otros países cercanos.

Un sistema sanitario colapsado

El episodio más emblemático se produjo entre 2010 y 2011, cuando una epidemia de cólera originada en el valle del río Artibonito se extendió rápidamente por los departamentos vecinos y hacia Cuba y la República Dominicana. Cerca de ocho mil haitianos murieron; La Habana elevó su cuenta de fallecidos a un par de docenas y Santo Domingo a casi 400.

Ocho años después el cólera parece haber sido controlado, pero la situación está lejos de la normalidad. Así se puso de manifiesto en abril pasado, cuando un niño haitiano murió de difteria en un hospital dominicano. El hecho motivó la declaración de la alerta epidemiológica por el Ministerio de Salud local, preocupado por la permanencia de esa enfermedad en el territorio vecino desde 2014.

“En la actualidad, el sistema sanitario en la República de Haití resulta inviable”, considera el periodista Luis García, en una columna para el sitio digital El Día. En su opinión, el gobierno de Puerto Príncipe no tiene posibilidad alguna para cumplir con las normas de la OMS: “allí, las estadísticas no son confiables, y las capacidades de detección, notificación y respuesta a las enfermedades mínimas. Indudablemente la República Dominicana está ante una amenaza sanitaria que supera la proveniente de la inmigración ilegal”.

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Un informe publicado en 2015 por el Observatorio Político Dominicano reveló que en las áreas más próximas a la frontera, los índices de pobreza y desempleo duplicaban los del resto del país, el 17% de los hogares no contaban con servicio eléctrico, y casi la mitad de las viviendas estaban construidas con madera o materiales de desecho en extremo vulnerables ante las tormentas que regularmente afectan la zona.

Sin embargo, incluso en esas condiciones, la vida resulta mucho mejor que en Haití. No por casualidad, entre 1991 y 2012 (el año de la primera Encuesta Nacional de Inmigrantes realizada por el gobierno de Santo Domingo) el número de haitianos residentes en el país creció de 245.000 a cerca de 668.000 (significativamente, solo 11.000 de ellos de forma legal). En término porcentuales el ascenso fue aún más acusado, pasando de constituir el 3.4% al 7.1% de la población total; en provincias como la fronteriza Pedernales, la más pobre del país, casi un tercio de los pobladores son haitianos.

Si a la estadística se sumaran las personas con ascendencia haitiana, su proporción llegaría hasta el 11% del padrón nacional, siendo además el grupo demográfico que registra los mayores índices de natalidad. En la franja occidental del territorio dominicano representan hasta una quinta parte de los nacimientos, según el ministerio de salud, circunstancia que es favorecida por una práctica común entre muchas mujeres haitianas: cruzar la frontera durante sus últimas semanas de gestación, aprovechando que en los hospitales públicos dominicanos está prohibido negar los servicios médicos basándose en principios de nacionalidad o estatus jurídico.

Venta de la nacionalidad

Un segundo estudio nacional sobre la migración, desarrollado en 2017, confirmó los resultados de aquella primera indagatoria y puso sobre la mesa un nuevo fenómeno: la venta de inscripciones en los registros del estado civil. “En los últimos años ha aumentado la cantidad de solicitudes de declaraciones tardías de personas de ascendencia o nacionalidad extranjera que aportan la cédula de un dominicano para ponerlo como padre e intentar que les transfiera los derechos de nacionalidad”, explicó Brígida Sabino, encargada jefe de la Unidad Central de Declaraciones Tardías de Nacimiento de la Junta Central Electoral, el ente de gobierno encargado de los trámites de identificación. A comienzos de este octubre, un reportaje del Diario Libre detalló como la “venta de nacionalidad” se ha convertido en una apreciable fuente de ingresos, sobre todo en comunidades pobres de las provincias de Pedernales, Independencia y Dajabón, donde el precio de un padre o una madre “de alquiler” puede oscilar entre 8.000 y 20.000 pesos dominicanos (de 140 a 350 euros).

Aunque numerosos funcionarios han sido procesados por su implicación en tal ilegalidad, están lejos de desaparecer las causas que la favorecen. En primer lugar, por el gran número de niños que no son inscritos al nacer y por los miles de adultos que no cuentan con actas de nacimiento (en 2016, un estudio oficial calculaba que podían sumar al menos medio millón de personas). “Vivimos declarando gente con 50 años, con 60, y debajo de ellos están los hijos, están los nietos. Uno de los más grandes problemas que hemos tenido para terminar de documentar a la población dominicana ha sido ese, que hemos encontrado cadenas muy grandes de indocumentados”, señaló la funcionaria en el artículo mencionado.

Para complicar aún más la ecuación, en 2013 el Tribunal Constitucional dictó la polémica “Sentencia 168”, estableciendo que los hijos de extranjeros indocumentados que hubieran entrado al país después de 1929 nunca habían tenido la ciudadanía dominicana. La medida afectó a cerca de 400.000 descendientes de haitianos, que de la noche a la mañana pasaron a encontrarse en un estatus de apátridas. Si bien un año después la presión internacional forzó a Santo Domingo a establecer un improvisado plan de “naturalización” para ese segmento poblacional, buena parte de sus expedientes siguen en tramitación a día de hoy, colapsando el sistema burocrático local y haciendo prácticamente imposible el control por parte de las autoridades.

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Se trata de un estado de desorden que viene como anillo al dedo a los traficantes de personas que operan en la zona fronteriza. “Los haitianos siguen entrando, los negociantes haciendo su agosto y los llamados misioneros y responsables de Organizaciones No Gubernamentales, viviendo de sus acciones”, describía a comienzos de este mes el analista Santos Aquino, del influyente rotativo El Caribe. Grandes sectores de la línea de delimitación no cuentan con presencia permanente de policías o fuerza militar. Por eso, nadie se engaña acerca de los verdaderos alcances que pueda tener la política de deportaciones que conduce la Dirección General de Migración, la cual en el primer trimestre de este año devolvió a sus países más de 30.000 personas, en su inmensa mayoría haitianos. A estos últimos les basta con un poco de dinero y suerte para volver a hallarse en la República Dominicana.

“Nuestro país está siendo invadido por una población depauperada de un Estado colapsado como es Haití, al cual debemos ayudar en todo lo que podamos para su desarrollo en su país. Pero tenemos derecho de preservar nuestro territorio, nuestra cultura, nuestro idioma, nuestra religión”, señalaba en enero de 2017 el diputado dominicano Vinicio Castillo, una de las principales figuras de la Fuerza Nacional Progresista. Este verano, al relanzar su campaña de recolección de firmas para promover la construcción del muro fronterizo, esa agrupación política recordó que no solo estaba en discusión la posibilidad de acabar con el contrabando de personas, sino también el de armas y drogas, e incluso preservar derechos esenciales de la ciudadanía dominicana.

Pero los bajos salarios son un argumento demasiado convincente para la clase empresarial, que durante décadas ha bloqueado cualquier iniciativa que pueda limitar la llegada de inmigrantes haitianos al país. Como ya relataba este diario en diciembre del año pasado, ni la industria azucarera ni la construcción (esencial para el turismo) podrían sostenerse en la República Dominicana sin la mano de obra que llega desde más allá de la frontera. Poco importa que entre los nacionales el desempleo supere el 15%.