Así es la lucha contra los dos millones de hectáreas contaminadas por Chevron Texaco

Justino Piaguage vive en un poblado indígena de 550 habitantes de la Amazonía de Ecuador. Le encanta la caza y la pesca, todo lo que provee la naturaleza, como desde hace milenios, en el pulmón imprescindible del planeta. Lo sigue haciendo, pero con consecuencias. El agua de los ríos dejó hace mucho de estar limpia. Tras la explotación de la petrolera Chevron su realidad ha cambiado. Donde había vida ahora hay enfermos. Muchos de cáncer. También niños.

“Nuestro territorio era extenso, pero cambió drásticamente cuando abrieron los caminos para empezar su actividad petrolera. Creían que era una selva sin presencia del ser humano. Desconocían la realidad, siempre existimos y estábamos allí”, recuerda Justino en conversación con El Confidencial. Él es uno de los miembros más activos de UDAPT (Unión de Afectados/as por las Operaciones Petroleras de Texaco). Son más de 30.000.

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David Brunat. México D.F.

Una sentencia de la Corte Constitucional de Ecuador (equivalente al Tribunal Supremo) del pasado 27 de junio obliga a pagar 9.500 millones de dólares a los afectados. La multinacional extrajo petróleo y contaminó sus tierras entre 1964 y 1992. Vertió 19 millones de galones de residuos tóxicos, 1,5 veces más que el caso Exxon Valdex en Alaska en 1989, uno de los mayores desastres ambientales de la historia. El área contaminada (dos millones de hectáreas. al norte de Ecuador) equivale a un país como El Salvador.

Un 'paraíso' petrolero

Todo comenzó en 1964 cuando Texaco, tras un acuerdo con el Gobierno de Ecuador, parceló esta parte de la Amazonía. A los indígenas que se quedaron en su territorio se les ofreció cultivar la tierra y vivir en aquel paraíso petrolero, sin alcantarillado, sin agua corriente, sin luz eléctrica. El petróleo derramado en los caminos. Hacían agujeros en el terreno y echaban los restos del crudo a otras partes de la explotación.

Justino ha estado esta semana en Suiza para plantear en la sede de Ginebra de la ONU por qué no se ejecuta la sentencia. “Buscamos un tratado vinculante para que sea efectivo y las empresas transnacionales sean sancionadas. A pesar de que hemos ganado el juicio no encontramos justicia”. El parlamento de Ecuador busca una vía para poder intervenir en las resoluciones judiciales y anular oficialmente la sentencia de la Corte Institucional en contra de Chevron.

Este ecuatoriano de 42 años no sólo se queja de cómo la extracción del petróleo en su territorio colectivo modificó de manera radical su vida, sino del impacto cultural que han sufrido. Prácticas de ceremonias vinculadas a “los ritos sagrados del viaje”. “Tenemos miedo de que las nuevas generaciones no valoren la sabiduría milenaria que nosotros heredamos. En mi comunidad vivimos seis familias. Algunos tienen estudios superiores. Consumimos lo que pescamos, pero antes no veíamos enfermedades de la piel”.

La principal misión de los afectados es reparar el medio ambiente y que puedan vivir de una forma digna

La provincia de Sucumbios; los cantones de Lago Agrio y Shushufind; la provincia de Orellana; los cantones de Joya de los Sachas y Puerto de Francisco de Orellana, conocido como Coca son las zonas más contaminadas. Ecuador no se responsabiliza de la seguridad en la Amazonía, señalan en UDAPT. Tampoco de la salud. La principal misión de los afectados es reparar el medio ambiente y que puedan vivir de una forma digna. Denuncian el abandono de esta región. A saber: no existe red ferroviaria. De Quito, la capital, a núcleos afectados hay una distancia de 300 kilómetros y se tardan siete horas en autobús.

Cierre de un hospital oncológico

“La infraestructura sanitaria es pésima. En la zona de Lago Agrio, que pertenece a Sucumbios, que no solo es el área más pobre, sino la más peligrosa, cerraron el hospital especializado en oncología porque tenía un déficit de 27 millones de dólares. También cerró una Universidad, apenas hay el 5% de los centros educativos del país y en 2016, también en Sucumbios, solo hubo un 1,2% de visitas de sanitarios a los domicilios. Y en Orellana, el 0,02%”, detalla a este diario una médico española desplazada un mes en la zona.

La doctora abunda más en la situación: “El Gobierno dice que la población no tiene problemas de cáncer. El diagnóstico hay que hacerlo sobre el terreno y se hacen muy tardíos. Los enfermos no se pueden pagar los 15 dólares que les cuesta el autobús para desplazarse a Quito… los certificados de defunción no se rellenan bien. Estamos intentando que se pueda hacer un registro de tumores de las dos provincias más afectadas. ¿Cómo puede ser que se formaran burbujas en el río, apareciera un producto blanquecino, y se le dijera que las sales para el petróleo las podía utilizar para cocinar?”.

En EEUU taparon las piscinas de petróleo con membranas para aislar los residuos y reinyectaron las aguas sobrantes en lugar de vertirlas en los ríos

“El objetivo de Chevron no era jorobar a la población. Eso lo sabemos. Su objetivo era rentabilizar al máximo la extracción de petróleo. ¿Por qué durante todos esos años utilizaron la última tecnología en Estados Unidos, por ejemplo, donde contaminaron mucho menos, y en Ecuador no hicieron nada?”, expone a El Confidencial un portavoz de los afectados.

“En Estados Unidos canalizaron el gas sobrante en lugar de quemarlo, taparon las piscinas de petróleo con membranas para aislar los residuos y reinyectaron las aguas sobrantes en lugar de vertirlas en los ríos. En Ecuador hicierton justo lo contrario: ni canalizaban ni usaban membranas y decían a la población que ya estaba todo bien y que podían construir sus casas ahí y cultivar”. La comunidad indígena ha sufrido cómo los camiones pesados circulaban desde las tres de la mañana hasta las 10 de la noche “por sus caminos, ya destrozados”.

Tratado de protección de inversiones

Pablo Fajardo es el abogado de los afectados. Fajardo, que es nativo de la zona más contaminada, denuncia que unos días después de conocerse la sentencia un panel privado de arbitraje emitió un laudo favorable a Chevron contra el Estado ecuatoriano. Aplicó un tratado bilateral de protección de inversiones que entró en vigor en 1997 firmado entre Estados Unidos y Ecuador. “Se trata de una estrategia de la multinacional para intentar lograr el desprestigio del sistema judicial y que se aplicara una sanción contra Ecuador para que se anule la sentencia de los afectados y que la sentencia no se ejecute fuera del país”. "En realidad, los 9.500 millones de dólares no es una cantidad tan desorbitada para un grupo enorme como este. El problema es que se abriría una caja de pandora", apunta la médico que analiza el caso.

A juicio de este letrado, un panel de arbitraje privado “no puede violar su propia Constitución y tirar a la basura la independencia de las funciones del Estado o que de forma ilegítima deje sin derechos humanos a los pueblos indígenas. Hay un abuso del Derecho basado en los tratados comerciales, sin olvidar el daño real a la salud: algunos tipos de cáncer superan el promedio nacional y latinoamericano. Las fuentes de agua superficial y las subterráneas están contaminadas por hidrocarburos desde hace más de 50 años. No solo es una catástrofe social, sino cultural”.

Chevron Texaco argumenta jurídicamente que la sentencia de Ecuador “es producto del fraude”, que no existe daño ambiental y resaltan que en el caso de que lo hubiera es el Estado y no la empresa quien deberá asumir la responsabilidad. El abogado Douglas Casse explicó en 2013 a El Confidencial que según las evidencias técnico-científicas no se constataba que "hoy, a diferencia de los años 80, haya contaminación más allá de las plataformas donde se extraía el petróleo en su día”. “Para generar dudas, hay una sentencia favorable a ellos que prohíbe la aplicación de la resolución de la Corte Constitucional ecuatoriana en Estados Unidos y el intento de echarle la culpa en todo caso a las compañías subsidiarias del grupo y no a la empresa matriz”, critica Fajardo.

Las víctimas se quejan de que se trata de una lucha clarísima de David contra Goliat. Han luchado judicialmente en Estados Unidos. También en Canadá, Argentina o Brasil, sin fruto alguno. Querían homologar la sentencia, pero la multinacional argumentó la maraña de empresas subsidiarias y auxiliares. No tienen más recursos económicos para litigar. Buscan fondos. Y denuncian que la Corte Penal Internacional no haya querido investigar el caso. Justino quiere regresar pronto a la Amazonía del Ecuador, pero antes quiere que el mundo entero se entere de su historia.