Cuando informar de la corrupción en la UE te lleva a la cárcel... o a la muerte

Asesinada en la orilla del Danubio, en una de esas fronteras de la Unión Europea que ha ha difuminado desde la entrada de nuevos países del este, como Bulgaria y Rumanía. Su ejecutor aparece en un vídeo de seguridad escapando a toda prisa del parque donde cometió el crimen, tan deprisa que cuando se le capturó había llegado hasta Alemania. Viktoria Marinova tenía treinta años y estaba detrás de una gran historia que implicaba malversación de fondos europeos. El sueño de un periodista de investigación truncado. Asen Yordanov, colega de profesión describe a AFP el asesinato “como un ejemplo, algo así como una advertencia” a todos los periodistas del Bulgaria, un país que ocupa el puesto 111 de 180 países en libertad de prensa según Reporteros Sin Fronteras.

La reacción europea, desde Bruselas y desde otras capitales de la UE, ha sido unánime: condena, condolencias, petición de investigación profunda sobre el que es el tercer asesinato de un periodista en menos un año en territorio comunitario. "Un crimen horrible, de nuevo un periodista cae en la lucha por la verdad y contra la corrupción", ha dicho el vicepresidente primero de la Comisión Europea, Frans Timmermans.

En cambio, la respuesta del Gobierno de Bulgaria no ha sido menos decepcionante por ser esperada: postura defensiva, la fiscalía enrocándose en que el motivo no ha sido el trabajo que desarrollaba Marinova -cuando la investigación está todavía en estado embrionario- y el propio primer ministro Boiko Borisov mostrando su descontento porque se le está dando demasiada importancia al crimen.

Crímenes sin resolver

La tragedia de Marinova ha vuelto a poner de relieve no sólo los problemas para la libertad de expresión y de prensa local, sino la diferencia abismal de sistemas entre el centro y la periferia de la UE. En el caso de Bulgaria, que como Rumanía entró en la UE en 2007, la falta de reformas en sectores clave como la justicia normalmente vuela bajo el radar. Bruselas tiene demasiados fuegos económicos y políticos que apagar, y tradicionalmente no ha prestado mucha atención a las reticencias de Bucarest y Sofía para ponerse al nivel del resto de la Unión en estándares clave como la lucha contra la corrupción. Por ello, los recientes casos de asesinatos de periodistas ligados a investigaciones que salpicaban a gobiernos o empresarios en países que son nuestros vecinos echa más leña al fuego al debate sobre el precupante deterioro de algunos estándares democráticos en la UE.

El final del periodista eslovaco Jan Kuciak fue igual de terrible que el de su colega búlgara. Cuando investigaba las posibles conexiones del Gobierno con el crimen organizado acabó tiroteado en su propia casa junto a su prometida. Solo las manifestaciones que, semana tras semana mostraron una ira popular que no afloraba desde la caída de la Unión Soviética, forzaron al estado eslovaco a seguir con la investigación. El asesinato se produjo en febrero y en septiembre se ha detenido a los, hasta la fecha, últimos ocho sospechosos de haberles asesinados. Pero la responsabilidad del gobierno, que fue remodelado con varias dimisiones para mantenerse en el poder, está lejos de ser dilucidada.

También queda por aclarar si el Ejecutivo del Malta, dirigido por Joseph Muscat, tuvo algún tipo de relación con el asesinato con bomba lapa, al más puro estilo de la mafia, de Daphne Caruana Galizia, del que se va a cumplir un año en unos días. Caruana Galiza investigaba los Papeles de Panamá y la relación de Muscat y su círculo con esquemas de evasión fiscal y blanqueo. Las autoridades del pequeño país, gracias a la presión internacional, han investigado el crimen, pero el Centro Europeo para la Libertad de Prensa (ECPMF) ha pedido, junto a 24 asociaciones más de prensa, que se indague más.

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Irene Savio. Roma

Estos tres casos son un aviso claro a navegantes para los periodistas de la periferia de la UE: ejercer su trabajo incómodo es peligroso porque no acarrea consecuencias para los autores intelectuales de los crímenes o para los que tuercen las leyes, haciendo que sea la ley de la selva, la del que tiene todos los medios para aplastarte, la que prevalece.

La difamación como crimen “flagrante”

A veces los gobiernos pueden ser más sutiles a la hora de apretar los botones adecuados. Basta una llamada a la policía para pasar una noche en un oscuro calabozo con traje y corbata. Es el caso de tres miembros del periódico de centro derecha Fileleftheros (traducido como “Liberal”), que vieron como un ministro utilizaba un resquicio en la ley para intimidarles.

El 21 de septiembre la publicación reveló una información explosiva: el Gobierno habría malversado fondos europeos destinados a la construcción de campos de refugiados y habría otorgado contratos a dedo a amigos del gabinete, y muchos de ellos podrían apuntar hacia el ministro de Defensa, Panos Kammenos. Un escándalo si se tiene en cuenta el estado pésimo de muchos de los campos, por ejemplo en Lesbos. El dirigente de la derecha nacionalista de ANEL decidió utilizar una herramienta inaudita para taparles la boca: la ley contra la difamación, hecha, como su propio nombre indica, para otros casos. Con ella en la mano la policía debe actuar como ante un violador o un agresor machista: deteniendo al individuo denunciado antes de que lo decrete un juez.

Thanassis Mavridis, editor del periódico; Panayiotis Lampsias, redactor jefe; y la reportera política Katerina Galanou fueron detenidos un viernes, ya que Kammenos fue astuto y lo tenía todo planeado: pidió la orden el viernes por la noche para que no hubiera un juez competente de guardia. Lampsias, de unos cincuenta años, elegante, de atuendo planchado y corte de pelo serio, asegura al Confidencial que todos los Gobiernos desde la caída de la dictadura, ya fueran de derechas o de izquierdas “han intentado presionar a la prensa”, pero que el de Syriza ha ido más lejos que ninguno, porque ha tomado como práctica común “abusar de todos los poderes”: legislativo, judicial y ejecutivo.

Este veterano periodista no está acostumbrado a pasar la noche en el calabozo, aunque no describe que lo pasara mal ni que le impresionara demasiado que le metieran entre rejas. Quizás a sabiendas de que el juez, cuando les viera, como hizo el domingo, se llevaría las manos a la cabeza y les sacaría de allí. El objetivo de esta maniobra era “intimidar a la prensa utilizando un vericueto de la ley”, pero dice, con gesto de desdén hacia el ministro, que seguirán “publicando la verdad”.

El escándalo acabó funcionando como “efecto Streisand”: la fiscalía ya está investigando de oficio el supuesto desvío de fondos. En el caso de Malta, la imagen de la isla como paraíso fiscal se ha generalizado. Eslovaquia vio manchada su reputación internacional. De Bulgaria, se ha expuesto sus bajos índices de libertad de prensa y la alta corrupción. A veces los periodistas, a pesar de la intimidación y la presión consiguen pequeñas victorias.