Estrasburgo cuestiona las expulsiones en caliente en Ceuta y Melilla

"Toda persona que llegue a España, incluidos los que salten las vallas fronterizas en Melilla y Ceuta, debe estar protegida contra la devolución y las expulsiones colectivas, con la posibilidad real de tener acceso a un procedimiento de asilo eficaz y justo". Lo dice el representante especial del secretario general sobre migración del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, Tomáš Boček.

En un informe publicado hoy, el Tribunal constata las dificultades que afronta España en la gestión de las vallas, pero advierte de que, como ya constató el Tribunal en casos anteriores, el envío inmediato a Marruecos de inmigrantes que tratan de entrar en las ciudades autónomas escalando las alambradas "constituye un caso de expulsión colectiva y es una violación" de la Carta de Derechos Humanos.

El Tribunal constata que las leyes españolas garantizan la protección de los derechos de los migrantes, pero lamenta que "en la práctica" la Guardia Civil no tiene aún unas directrices adecuadas sobre cómo tratar a las personas que cruzan las verjas de manera irregular a la hora de identificar qué personas necesitan acogerse a una protección internacional y cómo garantizar que tienen acceso a las peticiones de asilo.

Durante la misión que realizaron en marzo sobre el terreno, los expertos del Tribunal constataron que los agentes "no busca comunicarse con los extranjeros". Y que, según su testimonio, los inmigrantes que cruzan las vallas "son generalmente violentos y no buscan comunicarse con las autoridades, sino escapar de ellas". "Como resultado, los extranjeros no plantean ninguna petición de protección internacional durante o después de cruzar las vallas. Poco después de recibir ayuda de la Cruz Roja, son enviados de regreso a Marruecos a través de puertas especiales a lo largo de la frontera, pero separados de los puestos fronterizos".

Estas personas son devueltas en caliente, antes de haber tenido acceso a "un intérprete, a un abogado o a las oficinas para pedir asilo ubicadas en los pasos fronterizos. Además, se devuelven a Marruecos sin haber sido identificados o registrados", destaca el informe. El documento también hace hincapié en la situación de saturación que viven los centros de acogida en las ciudades autónomas, donde no hay cabida para todas las personas que llegan.

También destacan la necesidad de que España acelere los trámites de asilo, ya que muchas de estas personas son retenidas y liberadas tras el periodo máximo marcado por ley, seis meses, sin que su proceso haya sido resuelto. "Una reflexión se impone sobre la eficacia de la detención como herramienta de gestión de la migración irregular", recalca el informe.