suponen un gasto de 2.000 millones anuales

El 'efecto llamada' del estado social francés dispara las llegadas de menores inmigrantes

La cifra de entradas se ha triplicado en tres años. Las mafias son conscientes de la legislación y falsifican los documentos de muchos para hacerles pasar por adolescentes

Foto: Un menor inmigrante afgano saluda a su salida de un refugio de menores en Saint Omer, Francia, en 2016. (Reuters)
Un menor inmigrante afgano saluda a su salida de un refugio de menores en Saint Omer, Francia, en 2016. (Reuters)

Francia hace frente a un aumento espectacular de inmigrantes menores de edad. Su número se ha triplicado en tres años y un informe del Senado cifra en 40.000 los extranjeros que afirman ser menores a su llegada a territorio francés. Las redes de tráfico de personas son acusadas de incitar un negocio que desvía hacia la inmigración clandestina los fondos de ayuda a la infancia.

Ningún menor extranjero puede ser expulsado y tiene derecho a beneficiarse de la ayuda social, lo que supone albergue, comida, ayuda material, asistencia médica y psicológica. Francia cuenta con un dispositivo generoso, además de decenas de ONG y asociaciones para la atención de menores inmigrantes o nacionales.

Pero no es el Estado el que se hace cargo del asunto, sino los 95 departamentos (provincias) del territorio. Son las autoridades locales las que han lanzado el grito de alarma. Los centros de acogida están saturados; el presupuesto ad hoc, mermado. Se calcula que cada menor extranjero supone un gasto de 50.000 euros al año. La cifra total sobrepasaría los mil millones de euros, aunque la Asociación de Departamentos afirman que en realidad la suma estaría más cerca de los dos mil millones.

En pleno periodo de recortes a las ayudas sociales que el presidente Emmanuel Macron quiere profundizar y cuando se perciben ya los efectos de la nueva y restrictiva legislación para frenar la inmigración, la generosidad y el sincero sentimiento humanista choca con una realidad que provoca una alarma política que enfrenta a la miríada de organismos que se ocupan de asuntos de inmigración y de la infancia.

Las redes de traficantes de personas serían responsables de la llegada del 95% de los jóvenes inmigrantes. Los mafiosos se aplican al “benchmarking”, a la comparación de las legislaciones europeas, y saben que Francia es una apuesta ideal para su negocio. Por eso, los mecanismos para establecer la verdadera edad de los acogidos es el primer paso antes de conceder el derecho a permanecer en el territorio.

Las pruebas para definir la edad de los recién llegados enfrentan también a los organismos encargados y a las asociaciones de ayuda a los inmigrantes. La Cimade, una de las asociaciones encargadas de ayuda a los refugiados (y que recibe subvenciones para ello, como las demás), denunció el mes pasado el aumento de retenciones de aspirantes al asilo, rechazados por ser mayores de 18 años. “El encierro de niños se ha multiplicado por siete desde 2013”, asegura David Rahi, uno de los responsables de la organización.

Un adolescente sale de su habitación en un refugio para menores en Saint Omer. (Reuters)
Un adolescente sale de su habitación en un refugio para menores en Saint Omer. (Reuters)

¿Menores o inmigrantes clandestinos?

La Cimade y otras ONG critican el método que los departamentos emplean para establecer la edad real de los inmigrantes. En primer lugar, la prueba del estudio de los huesos es considerada como poco fiable y se efectúa con los mismos criterios de 1930, subraya Pierre Henry, Director General de la ONG, France Terre d’Asile. Los jóvenes son entrevistados por responsables de la Cruz Roja, que son también objeto de duros reproches de las asociaciones. “A veces, las entrevistas duran solo 20 minutos”, dice Corentin Bailleul, encargado en la sección local de la UNICEF de los “Menores No Acompañados” (MNA), como se denomina burocráticamente a los inmigrantes menores. Bailleul denuncia que los aspirantes pueden ser rechazados por tener zapatos deportivos de calidad o un teléfono móvil, por ejemplo.

Los responsables de la Cruz Roja desmienten enérgicamente estas afirmaciones. En un comunicado que respondía a las afirmaciones de Cimade, la centenaria organización asegura que “jamás hace entrevistas relámpago”. Si los jóvenes inmigrantes reciben una negativa, son asistidos por abogados de las mismas asociaciones para llevar el caso ante el juez, y en algún caso, los magistrados han concedido el asilo incluso sabiendo que se trataba de mayores de edad, pues el asunto se convierte también en batalla ideológica en todos los estamentos del Estado, y la Magistratura no es ajena al debate.

Human Rights Watch se ha unido también a la desacreditación de las pruebas de edad, y alerta de que las evaluaciones se convierten en una lotería. La Cruz Roja, sin embargo, trabaja con especialistas en derecho, en geopolítica e, incuso en el sistema educativo de diferentes países africanos. En la conversación con los aspirantes, les pueden preguntar sobre las ciudades recorridas, las compañías de autobús empleadas, el modelo de embarcación utilizada…Eso, si los demandantes de asilo hablan francés.

Los departamentos señalan que encontrar intérpretes de lenguas africanas como malinké, susu o yulá, es difícil y muy caro. Un responsable de izquierda departamental se lamenta: “Yo soy un humanista, pero con un coste de 50.000 euros al año por persona, estamos recibiendo inmigrantes económicos”. Sus colegas de la ciudad de Tours afirman que en este departamento un 70% de los peticionarios son originarios de Guinea Conakry, “un país, subrayan, “que no está en guerra”.

En Val d’Oise, las redes de traficantes se han especializado en paquistaníes. Los jóvenes son acompañados en coche por los mafiosos hasta la puerta de las asociaciones. Otro responsable político, el presidente del Departamento Nord, explica el procedimiento utilizado por otros inmigrantes supuestamente menores: “Llegan al aeropuerto de Roissy y dicen haber perdido los documentos de identidad; los compran falsos en Lille para demostrar que tienen 16 años, cuando en realidad tienen 25”.

La policía francesa evacúa a cientos de inmigrantes de un campamento improvisado en París, en mayo de 2018. (Reuters)
La policía francesa evacúa a cientos de inmigrantes de un campamento improvisado en París, en mayo de 2018. (Reuters)

"Nomadismo departamental"

El presidente de la Asamblea de Departamentos ahonda sobre estos casos: “Cuando llegan a Francia ya tienen fichas plastificadas con los teléfonos de los trabajadores sociales de los diferentes departamentos”. En efecto, el “nomadismo departamental” es una de las prácticas de los inmigrantes que no han recibido el asilo en un departamento determinado. Con la negativa bajo el brazo, se desplazan a otras provincias donde probarán suerte de nuevo, a veces con éxito. Por esa razón, el Ministerio el Interior estudia la posibilidad de crear un fichero nacional, una iniciativa que eriza a muchos defensores de los derechos de los inmigrantes.

Los representantes políticos locales no dudan de que algunos de los inmigrantes que acogen sea menores que han pasado calamidades hasta llegar a Francia, pero alertan sobre el fraude que desvía los fondos de ayuda social de los verdaderamente necesitados hacia el negocio de las mafias. La saturación de los centros de acogida obliga a muchos jóvenes inmigrantes a vivir en la calle y buscarse la vida como pueden, lo que se convierte en un problema diferente. Muchos inmigrantes son explotados por redes de prostitución, o son drogados para dedicarse a la pequeña delincuencia.

El caso del barrio de la Goute d’Or, en el distrito XVIII de París, ha acaparado titilares de los medios durante meses. Una banda de menores marroquíes, entre 15 y 17 años, había tomado por cuartel general un parque desde donde salían a robar a los habitantes de la zona. Las denuncias de vecinos y comerciantes no se tomaron muy en serio en un principio, por la sistemática respuesta compasiva y emocional de asociaciones y de la prensa en general. Pero el problema llegó hasta el punto de solicitar ayuda a la policía marroquí para estudiar cada caso. En su mayoría eran verdaderos menores que se negaban a ser atendidos en albergues y se comportaban violentamente cuando eran conducidos a centros sanitarios, la mayoría de las veces por los efectos de drogas o ansiolíticos.

Seis policías marroquíes han pasado casi dos meses en ese barrio tras el acuerdo de los Ministerios de Interior de París y Rabat. El objetivo era repatriar a Marruecos a los jóvenes identificados, lo que levantó las protestas de ONG y los más de 150 miembros del Colegio de Abogados de la capital francesa especializados en la defensa de menores. Pero un asistente social declaraba al semanario L’Obs: “Son víctimas-delincuentes para los que no existe solución. Se fugan y degradan las estructuras de acogida”. El alcalde del distrito, el socialista Eric Lejoindre, se había desgañitado pidiendo ayuda al Primer Ministro, Edouard Philippe. El Ministerio del Interior y sus colegas marroquíes fueron más rápidos en encontrar una respuesta.

El aumento de los recortes en ayudas sociales que proyecta Emmanuel Macron no va a facilitar las cosas. El gobierno ha aceptado aumentar, de momento, una pequeña ayuda de más de 1.000 euros para cada menor inmigrante, muy lejos de lo pedido por los departamentos franceses. El presidente confía en que las nuevas disposiciones sobre la lucha contra la inmigración clandestina también ayudarán a frenar el tráfico de supuestos menores, sin menoscabar la ayuda a los inmigrantes realmente necesitados. Las redes mafiosas, por el momento, disfrutan del efecto llamada del sistema generoso y humanitario del país campeón de Europa en ayudas sociales.

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