Cruzar la frontera de Gibraltar a España para abortar... o arriesgarse a la cadena perpetua

Rosalina Oliva abortó sin saber siquiera que era ilegal. Fue en 2008, tras quedarse embarazada por tercera vez en cinco años, fruto de una violación por parte de su marido. “Él abusaba de mí, me maltrataba. Yo ya había tenido dos hijos, un niño y una niña. No podía tener un tercero con ese hombre porque quería dejarle”, cuenta diez años después, sentada en una terraza de Casemates Square, la plaza principal de Gibraltar. Reconoce que fue hace tan solo unos meses cuando supo que, de haber abortado en Gibraltar, habría cometido un grave delito: el aborto está criminalizado y la pena de cárcel para las mujeres que lo practiquen dentro del territorio es la cadena perpetua (life imprisonment). Una medida que jamás se ha llevado a cabo, pero que explica en gran parte el tabú que existe en torno a este tema. “Yo sabía que estaba mal, pero ni siquiera sabía por qué”, añade.

Rosalina nació en Londres y llegó a Gibraltar con cinco años. Poco después de haber cumplido la mayoría de edad, se casó. “El maltrato era cada vez peor y cuando me quedé embarazada por tercera vez, pensé: ‘No puedo tenerlo’. Él era una persona a la que yo no quería nada. Me tocaba y yo sentía que quería vomitar… pero él me forzaba”.

En cuanto supo que estaba embarazada, Rosalina se lo contó a una amiga enfermera. Ella le facilitó una lista con nombres de clínicas privadas en Cádiz en las que podía abortar, tan solo con cruzar la frontera entre Gibraltar y España. Pidió cita por teléfono y fue en coche hasta el centro médico el día acordado. “Había muchas mujeres. Me llevaron a un cuarto chiquitito y me hicieron un scan [ecografía]. Estaba de siete semanas. No quise mirar. Yo sé lo que es mirar un scan y saber que hay un bebé allí, me sentía culpable. Me metieron en un cuarto, me pusieron una inyección y me hicieron… eso. No me dieron una pastilla ni nada [en referencia a que fue un procedimiento quirúrgico, no farmacológico]”.

La intervención le costó 400 euros: “Yo tenía una cuenta donde había empezado a guardar dinero poco a poco desde el momento en que planeé dejar a mi marido. Así que lo cogí de ahí. No todas las mujeres aquí tienen ese dinero para ir a una clínica privada y abortar. Y si no tienen dinero para eso, tampoco para mantener a un bebé”.

Una de las leyes más restrictivas de toda Europa

El mapa de la regulación legislativa en Europa se podría dividir en cuatro categorías: completamente legal, legal pero con ciertas restricciones, ilegal salvo en ciertos supuestos y completamente ilegal. Malta y Ciudad del Vaticano estarían en esta última categoría. En ambos estados, la interrupción voluntaria del embarazo está ilegalizada y criminalizada en cualquier circunstancia (también cuando una mujer esté en peligro de vida o muerte), según se puede leer en un exhaustivo informe realizado por Naciones Unidas sobre cómo se legisla el aborto en cada país del mundo.

Gibraltar tiene una legislación equiparable a la de Irlanda del Norte, San Marino, Mónaco y Andorra, donde solo se realizaría un aborto en el supuesto de que haya que salvar la vida de una mujer embarazada. El del Reino Unido es un caso peculiar, ya que en Inglaterra, Escocia y Gales el aborto es legal aunque la mujer debe alegar razones de salud para ella o para el feto o motivos socioeconómicos. Allí, hasta dos médicos deben autorizar a una mujer su petición de abortar tras justificar su decisión con alguna de estas razones.

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Celia Maza. Londres

Gibraltar dispone de plena autonomía respecto al Reino Unido -excepto en cuestiones de defensa y asuntos exteriores-. Sin embargo, el 12 de julio, Fabián Picardo, el ministro principal, anunció un proceso de consulta para el cambio de la ley del aborto. ¿El motivo? Una reciente sentencia del Tribunal Supremo del Reino Unido declaraba que la ley del aborto de Irlanda del Norte, idéntica a la de Gibraltar, era contraria a la Convención Europea de Derechos Humanos. Picardo resta importancia al desfase legislativo en torno al aborto y cree que el debate que se inició en la sociedad gibraltareña fue “resultado inesperado del Brexit”.

El ministro principal apunta que las mujeres cruzan la frontera porque en España “hay más facilidades”: “No es porque aquí se prohíba, sino porque es más privado acceder a ese servicio, si lo puedo llamar de esa manera, en España. En una comunidad tan pequeña y reducida como la gibraltareña todos nos conocemos. Y aunque en el servicio médico tenemos a grandes profesionales, es casi imposible que algo sea secreto. Las circunstancias del aborto en muchas situaciones son muy emotivas, muy sensibles y privadas, y la gente ha querido ir a España porque es más privado”.

Marlene Hassan fue la primera política en posicionarse abiertamente a favor del aborto. Comenzó su carrera en 2013 en el Partido Socialista Laborista de Gibraltar, aunque actualmente es miembro independiente del Parlamento y líder de 'Together Gibraltar', una de las plataformas civiles que se ha involucrado en el debate público sobre el aborto. La diputada es el ejemplo de que un asunto a priori personal tiene relevancia política: “He tenido amigas que se han visto perdidas, y claro… Las he llevado porque me han pedido que las ayude. Y hemos ido a España”.

“Conozco a mujeres que se han quedado embarazadas usando anticonceptivos, eso pasa. Hay quienes no pueden permitirse el lujo de tener un hijo más porque ya tienen varios, o porque tienen una pareja que las maltrata. O porque no están en ese punto de su vida. Quiero que tomen sus propias decisiones, darles una opción que ya existe en la mayoría de países europeos”, apunta Marlene Hassan.

Precisamente Noemí J., una española asentada en el territorio británico desde que se casó con un gibraltareño, explica que conoce casos como los que menciona la diputada independiente: “Hay una chica a la que ahora mismo le falta un mes y medio para dar a luz. Ella quiso abortar porque es drogodependiente. No lo hizo porque no tenía dinero para pagarlo”.

Hassan reconoce que “los políticos no se querían meter en este tema”. El miedo a involucrarse en un asunto tan sensible y polarizado en la sociedad gibraltareña tiene consecuencias en el ámbito político. Ni siquiera el partido de la oposición, el Partido Socialdemócrata de Gibraltar, ha manifestado su posición respecto al asunto tras meses desde el inicio del debate. “Hemos abogado por la prudencia porque la cuestión requiere consideración minuciosa y hay posturas serias y fuertemente opuestas. No sería correcto tomar decisiones apresuradas”, explica Keith Azopardi, el líder del partido de la oposición. De hecho, un militante de este partido -que prefiere mantenerse en el anonimato- explica que varios miembros importantes del Partido Socialdemócrata de Gibraltar simpatizan con el movimiento "pro-choice", pero que no lo expresan públicamente por miedo a que eso les penalice electoralmente.

El proceso de consulta que debería dar lugar a la nueva ley del aborto de Gibraltar ya ha comenzado. Y aunque Picardo no avanza los términos de la futura ley, afirma que el anteproyecto de ley se publicará antes de que finalice el verano” y que la reforma definitiva debería producirse “a finales de año”.

La sanción social y la cultura del silencio

Hasta hacerlo público a principios de 2018 en una entrevista para la BBC, Rosalina Oliva solo le había confesado a una persona que había abortado: a su hermana. “Se quedó embarazada con 15 años y mi madre le dijo: ‘No puedes tener ese bebé, eres muy joven’. Ella vino llorando y entonces se lo conté todo para que no se sintiera tan mal. La acompañamos a la clínica, a la misma que fui yo y, una vez dentro, no quiso. No quiso hacerlo. Así que ahora tengo un maravilloso sobrino de ocho años”, dice. “Después de aquello, no volvimos a hablar de lo mío. Pero cuando salió la entrevista en la BBC, toda mi familia se enteró”.

La cultura del silencio es una de las herramientas que ha evitado abordar hasta ahora el debate sobre los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres. Fue a principios años cuando un grupo de gibraltareñas introdujo el asunto en pequeños círculos femeninos. Algunas de ellas pertenecían a la Asociación de Mujeres de Gibraltar (GWA por sus siglas en inglés), una organización compuesta principalmente por mujeres católicas de la generación de los sesenta y los setenta. Tamsin Suárez y Gemma Briggs son dos de las caras más visibles de una escisión de la GWA, la que comenzó a promover el debate "pro-choice" (pro elección) para legalizar el aborto en Gibraltar.

La campaña empezó en Facebook. La red social ha sido el arma más útil para este grupo de mujeres que tomaron la lucha feminista irlandesa y su petición de un referéndum como una punta de lanza. El debate no se trasladó a la calle, sino a internet: “Creamos dos páginas en Facebook en las que íbamos posteando cosas y generando debates en los que participaba mucha gente”, señala Gemma Briggs. Uno de los contenidos que difundieron fue un recorte de prensa: un artículo titulado 'Abortion. Say goodbye to your options' (‘Aborto. Di adiós a tus opciones’) y publicado en 1996 en la revista 'The Gibraltar Woman Magazine'. El texto pone de manifiesto que muchas gibraltareñas han de viajar a España o al Reino Unido para interrumpir su embarazo (aunque en España, por aquel entonces, solo se practicaba en tres supuestos: violación, riesgo para la salud física y psíquica de la madre y malformación del feto). En el caso del Reino Unido, el artículo también especifica que allí el aborto necesita la autorización de dos médicos, pero que esto, aunque en la teoría pueda sonar estricto, en la práctica no lo es.

La comparativa no se hizo esperar: Briggs, Suárez y otras compañeras rescataban la publicación de 1996 para afirmar que 22 años después las cosas siguen igual en Gibraltar. Además, reformularon el lenguaje. Hasta entonces, a quienes defendían reformar la ley se les llamaba "pro-abortion" o "baby killer", pero ellas se bautizaron como "pro-choice". Su lema es: “Nosotras no te obligamos a abortar, solo queremos que tengas el derecho a hacerlo si lo deseas”.

En febrero de 2018, elaboraron una lista de temas para presentar al Gobierno de Gibraltar. Entre ellos estaba la despenalización del aborto. “Pasamos la información también a los medios y, de repente, la televisión empezó a hablar de ello”, apunta Tamsin Suárez. Hasta entonces el tema no llegó a la agenda política porque, como reconoce a El Confidencial Fabián Picardo, nadie hasta el momento había creído necesario hacerlo: “El debate no ha existido. En Gibraltar se habla de todo lo político, pero nadie había puesto este tema en la agenda pública. Hasta hace tres meses, no se hablaba del aborto en Gibraltar”. Preguntado sobre si no es el Gobierno quien tiene la responsabilidad de abordar asuntos sociales como este, responde: “Puede ser, sí. Pero el Gobierno no es todopoderoso. En el Gobierno de Gibraltar somos un gabinete de diez personas [de las cuales, la única mujer es Samantha Sacramento, ministra de Igualdad] y nadie nos dice: ‘Oye, que hay un tema aquí’. Es que esto no surge hasta ahora”.

Una de las razones por las que esta discusión ha tardado en aflorar es la relevancia que tiene la religión. En este pedacito de tierra de siete kilómetros cuadrados conviven 30.000 personas y solo el 7% considera no tener ninguna filiación religiosa. La mayor parte de los ciudadanos se consideran católicos (el 72%, según el censo oficial de 2012), aunque también hay protestantes, sobre todo anglicanos (7%), una pequeña pero influyente comunidad sefardí (2,5%), además de hindúes (2%) y musulmanes (3,5%).

Esta diversidad étnica y religiosa ha llevado a multitud de historiadores a describir la sociedad gibraltareña como un “crisol de culturas” de la que los políticos y representantes de las diferentes comunidades se enorgullecen. Sin embargo, Noemí J. ha vivido en primera persona las consecuencias de una sociedad todavía conservadora en muchos aspectos: “Cuando me casé no me quise cambiar de apellido. Muchos me decían: ‘¿Qué pasa, por qué no te lo cambias? ¿No quieres que te identifiquen con tu marido?’. Y con bautizar a la niña [Noemí es madre de dos], lo mismo: ‘¿Por qué no la bautizas? ¿Qué estás esperando? Después en la escuela tendrá que hacer la Comunión y si no la hacen se van a reír de ella’”.

El modelo educativo es casi idéntico al del Reino Unido, pero aquí, al contrario que en Inglaterra -donde la mayoría de colegios públicos son mixtos desde la década de los 70-, el alumnado de las escuelas públicas está segregado por sexos (algo que cambiará de cara al curso 2019).

En la educación primaria, la comunidad judía dispone de un colegio público hebreo, mientras que el resto de la población se reparte entre diferentes “colegios públicos laicos”, como los define Fabián Picardo. Varios jóvenes gibraltareños nacidos a finales de los 90 recuerdan haber rezado “todos los días, cada mañana y después del almuerzo”, como en el caso de Jonathan Ablitt, de 25 años. “También la primera comunión se organiza a través de los colegios. Los niños musulmanes e hindúes, por ejemplo, no participan. Espero que ahora se haga mejor: cuando yo estaba en el colegio, simplemente se les llevaba a una habitación para que viesen una película mientras nosotros practicábamos la ceremonia de Comunión”, comenta Jonathan.

Nathalie, una gibraltareña de 19 años que estudia en el norte de Inglaterra y que pide no ser identificada con su nombre real, critica el sesgo de la educación sexual que reciben en la escuela pública. Ella es una de las muchas alumnas que han visto el vídeo "The Silent Scream" (El grito silencioso). Se trata de un documental estadounidense rodado en 1984 por Bernard Nathanson, un ginecólogo contrario al aborto. En él se muestra explícitamente un aborto quirúrgico en el que hay abundante sangre y que, además, falsea imágenes de bebés sin vida en cubos haciéndolos pasar por fetos producto de un aborto, algunos de ellos incluso descuartizados o con deformidades. Relaciona estas fotografías -cuya procedencia se desconoce- con las clínicas privadas estadounidenses que practican la interrupción voluntaria del embarazo.

Nathalie vio el vídeo con 14 o 15 años: “Fue en clase de Religión. Creo que aquello conformó mi visión de lo que era un aborto. Estaba asustada. Pensaba en ello como algo muy doloroso, con mucha sangre… No hace falta que te digan que es asesinar bebés, te hacen sentir pánico de pensar en pasar por eso”, explica. Esta gibraltareña cuenta que su madre también vio el vídeo en Secundaria a finales de los 80, pero no su padre: “Al estar en clases separadas, a las chicas, y solo a nosotras, nos ponen este vídeo. A ellos les ponen otro vídeo de un parto”. Sobre la proyección de este vídeo en los colegios públicos de Gibraltar solo a las adolescentes, el ministro principal reconoce esta información como cierta y señala que “tiene que cambiar”. “Gibraltar se tiene que modernizar, necesitamos mejorar la educación sexual”, añade.

El territorio británico ha conseguido erigirse como un importante centro financiero, pero en materia de derechos civiles sigue a la cola de Europa. Hasta 1993 era ilegal que los homosexuales mantuviesen relaciones sexuales. Y no fue hasta 2012 cuando el Partido Socialdemócrata de Gibraltar igualó la edad de consentimiento entre homosexuales y heterosexuales, que hasta entonces era de 18 para el colectivo gay y de 16 para las personas heterosexuales.

Varias mujeres con las que este diario ha hablado de manera informal reconocen no saber que el aborto es ilegal en Gibraltar ni que el castigo es la cadena perpetua. Desconocen también que el Gobierno haya abierto una consulta para reformar la ley. El caso de Nathalie es diferente. Ella supo hace tres años, con 16, que carecía de ese derecho: “Aquella vez pensé que me había quedado embarazada. Tomaba la píldora anticonceptiva, pero ya sabes, a veces falla. Se lo conté a mi madre, le dije que no me había venido la regla. Ella me dijo: ‘El aborto aquí es ilegal. Tendríamos que ir a España, tu padre y yo te acompañaríamos y te lo pagaríamos’. Resultó que no estaba embarazada, pero ahí fue cuando supe que si algún día pasaba algo, no tendría la opción de abortar aquí”.

Viajar al Reino Unido para abortar

Sara (nombre ficticio para proteger su identidad) abortó en Inglaterra cuando tenía 18 años. Una beca que concede el Gobierno a cualquier joven que desee cursar estudios universitarios fue su billete hacia la libertad en aquel momento. También la posible solución cuando se quedó embarazada. “Empecé con mi primer novio a los 16. Las cosas en mi casa estaban muy mal, yo era una persona muy rota, muy codependiente, así que me fui a vivir con él con tal de salir de ahí. Cuando a mí con 18 me dicen que me puedo ir a estudiar a la universidad, fuera, de pronto el estudio era la cosa más importante de mi vida. Para mí se abría el mundo. Quería dejar a mi novio, empaquetar todo y quitarme de en medio. Entonces él me pidió matrimonio”, recuerda ahora a sus 36.

“Barajamos no solo descriminalizar el aborto, sino ofrecerlo fuera de aquí”. La razón con la que Picardo justifica esta decisión es la de “mantener la privacidad"

Sara no dijo que sí, pero presionada por su familia accedió a que él la acompañase a Inglaterra. Allí comenzó a estudiar Psicología. “El Gobierno de Gibraltar me daba 4.000 libras al año y me pagaba la carrera. Ese dinero era suficiente para mantenerme a mí. Pero para mantenerme a mí y a él, no. Él se pasaba el día drogándose, tirado en casa. Llevaba tres meses en Inglaterra y no me quedaba dinero. Pensé: ‘¿Qué coño estoy haciendo con mi vida?’. Le obligué a irse y yo pensaba que ahí habían acabado todos los problemas. Esto fue a principios de diciembre. Para Navidades fui a casa y el 21 de diciembre de 2000 me enteré de que estaba embarazada”.

Voló de nuevo a Inglaterra el 2 de enero y lo primero que hizo fue acudir a un centro de salud sexual: “Me dijeron que alguien tenía que acompañarme para estar conmigo cuando acabase el procedimiento. Una de mis mejores amigas estaba allí, pero sabía que era 'pro-life' (pro-vida). Aun así se lo conté. Me dijo que no lo veía bien, pero que si era lo que yo quería, me apoyaría. Cuando salí, lloré. Fue la única vez que lloré. En parte me sentía aliviada, pero también asco de mí misma”. La mentalidad de Gibraltar si te quedas embarazada es la de que tú eres la única responsable, la idiota, la que ha jodido la vida. Te sientes culpable”.

El Reino Unido es uno de los territorios que Fabián Picardo plantea como lugar al que externalizar los abortos para las mujeres que no deseen hacerlo en Gibraltar: “Barajamos no solo descriminalizar el aborto, sino ofrecerlo fuera de aquí”. La razón con la que justifica esta decisión es la de “mantener la privacidad”, aunque como explicaba Rosalina Oliva, la intención es “que sea algo que no ocurre aquí”. “Conozco casos de mujeres embarazadas que en el segundo o tercer trimestre les han dicho que el feto no era viable. Los médicos en Gibraltar te dicen que te van a mandar al Reino Unido para pedir una segunda opinión, donde te confirman que el feto no es viable y te practican el aborto. Así, los médicos de aquí se lavan las manos”.

Tanto Rosalina como Sara han sido madres y no lo han sido. Han dado a luz y han abortado. Ambas comparten la esperanza de que sus hijas, ahora adolescentes, puedan decidir cómo y cuándo serlo o no serlo.

Así está legislado el aborto en Europa

Completamente ilegal: en Malta y Ciudad del Vaticano, la interrupción voluntaria del embarazo está ilegalizada y criminalizada en cualquier circunstancia (también cuando una mujer esté en peligro de vida o muerte). Son las leyes más punitivas de toda Europa, más restrictivas aún que la de Argentina (que data de 1921).

Ilegal salvo en ciertos supuestos: En Gibraltar, San Marino, Polonia, Andorra, Chipre (país euroasiático), Liechtenstein y Mónaco el aborto es ilegal salvo en algunas circunstancias, que varían en función del país.

Por un lado, Gibraltar, San Marino, Mónaco y Andorra solo lo permiten en un supuesto, que es el de salvar la vida de una mujer embarazada. Sin embargo, Polonia, Chipre y Liechtenstein contemplan el aborto también bajo estas otras circunstancias: salvar la vida de la madre o cuando su salud física y mental está en peligro. Además, Polonia y Chipre lo extienden a dos supuestos más: en casos de violación o incesto y cuando el feto no es viable.

En Irlanda del Norte, que forma parte del Reino Unido, el aborto es ilegal excepto en los supuestos de que haya que salvar la vida de la embarazada, cuando su salud física y mental esté en riesgo, cuando el embarazo sea fruto de una violación o incesto o cuando el feto no sea viable. Es decir, los mismos supuestos que Polonia y Chipre.

Legal pero con ciertas restricciones: el reglamento en Luxemburgo, Finlandia Albania e Islandia es muy similar al del Reino Unido: el aborto es legal pero para la petición debe estar justificada con alguno de estos supuestos: razones de salud para el feto o para la gestante (en este caso, ya sea física o mental) o alegar motivos socioeconómicos o psicológicos.

En República de Irlanda, abortar constituía un delito con pena de cárcel salvo que hubiese riesgo de muerte inminente para la mujer. En mayo, el Gobierno despenalizó esta práctica tras someter la decisión a un referéndum ciudadano en el que ganó el ‘Sí’ con un 66% de los votos a favor.

Completamente legal: España permite interrumpir el embarazo hasta la semana 14 de gestación, un plazo que se amplía hasta la semana 22 si existe algún tipo de riesgo para la gestante o el feto sufre anomalías incompatibles con la vida. Esta ley, de 2010, era una de las más garantistas en Europa porque permitía a las menores de 16 y 17 años abortar sin consentimiento de los tutores legales. El Partido Popular reformó la ley solo en este punto a pesar de la presión que ejerció para modificarla ampliamente en detrimento de los derechos de la mujer: a partir de 2015, cualquier menor de 18 años deberá ir a un centro médico acompañada de, al menos, uno de sus padres o tutores legales.

El aborto es accesible para cualquier mujer sin contemplar ningún supuesto en estos otros países europeos y euroasiáticos: Alemania, Armenia, Austria, Azerbaiyán, Bélgica, Bielorrusia, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Francia, Georgia, Grecia, Hungría, Italia, Kazajistán, Letonia, Lituania, Macedonia, Moldavia, Montenegro, Noruega, Países Bajos, República Checa, Rumanía, Rusia, Serbia, Suecia, Suiza, Turquía y Ucrania.

Cabe destacar que aunque el aborto es legal en estos países, en algunos de ellos el límite para hacerlo está en solo las 10 o 12 primeras semanas. Y muchos exigen el consentimiento de al menos un tutor legal en el caso de que la embarazada sea una menor. En algunos casos como el de Eslovaquia el aborto es legal a demanda pero una mujer no puede abortar más de dos veces en un mismo año: es decir, deben haber pasado al menos seis meses entre aborto y aborto, a no ser que la gestante ya tenga dos hijos, tenga 35 años o más o haya sido violada. En algunos de ellos, además, hay fuertes movimientos antiaborto, por lo que la interrupción del embarazo tiene sanciones sociales en lugar de legislativas.

*Datos obtenidos en los informes realizados por Naciones Unidas y en la página web Women on Waves