El 'apartheid habitacional' de Cuba: se amplían las restricciones a la vivienda

El pasado 31 de julio, el Gobierno de Cuba anunció la entrada en vigor de “nuevas regulaciones para las viviendas ubicadas en zonas de alta significación para el turismo”. Una medida que, según la declaración oficial, la medida será implementada en dos municipios de la capital, en La Habana Vieja y Centro Habana, y que limita los derechos residenciales de los ciudadanos de a pie en dichos distritos.

El de la vivienda es uno de los mayores problemas materiales a que se enfrentan las autoridades cubanas. La escasez de domicilios disponibles es un hecho bien conocido fuera de la isla, pero no lo es tanto que los cubanos necesitan un permiso especial para residir en La Habana, y se enfrentan a numerosas restricciones en algunos puntos destacados, como la turística Varadero. Una especie de 'apartheid habitacional' que ahora acaba de ampliarse todavía más.

A medio plazo –tal vez dentro de un par de años–, la nueva medida podría convertirse en obligación también para los pobladores de ciudades coloniales como Trinidad y Baracoa, o de parajes naturales como el Valle de Viñales. “Todo dependerá de la evolución que tenga el turismo; si crece la demanda del mercado, puede estar seguro de que el Estado buscará la forma de meter mano en el asunto”, asegura Anselmo, un pensionado centrohabanero que desde 2015 intenta pasar a su nombre el apartamento en el que nació hace 69 años. Tras la muerte de su madre, confiado en su condición de único hijo y la existencia de un testamento que lo ratificaba como heredero universal, contrató a un abogado y emprendió el proceso para la transmisión de la propiedad.

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Tres años después, su caso sigue empantanado en las marismas de la burocracia, que al hilo de las nuevas disposiciones podrían convertirse en insuperables. Así se lo ha confirmado el letrado que lo representa, quien ya le anunció que los trámites como el suyo han sido virtualmente suspendidos, “a la espera de orientaciones”.

Más expedito resulta, sin embargo, el funcionamiento de la maquinaria encargada de velar por que se cumpla lo establecido. O al menos aparentarlo. Así lo comprobó Anselmo el día que pretendió realizar algunas reparaciones en su casa. “Los mismos organismos que en todo este tiempo no se habían puesto de acuerdo para reconocer mi derecho, ni nos ayudaban a los vecinos a conservar el edificio, se mostraron muy preocupados porque no se fuera a ‘alterar ningún elemento de valor arquitectónico’ o por saber dónde había comprado los materiales. Por supuesto que la mayoría de los inspectores en realidad solo venían buscando lo ‘suyo’", dice, insinuando un soborno, "pero con tantas prohibiciones casi que disponen de una patente de corso para hacer lo que quieran. Al final, el ciudadano no tiene cómo defenderse. Si uno fuera mal pensado, creería que ‘sobra’ en este país”.

La "zona especial" de Varadero

Se trata de un escenario conocido para los habitantes de Varadero, la paradisíaca península turística ubicada 150 kilómetros al este de La Habana. Hasta 2011 allí funcionaba una de las 169 municipalidades que conformaban la división político administrativa del país, pero el Consejo de Estado decidió disolver su administración local y convertirla en una “zona especial” que se le subordinaría directamente.

Fue el comienzo de una escalada de regulaciones que en cierta forma anticipaban las que ahora se pretende extender. En la práctica, las mismas no han supuesto más que obstáculos para impedir la construcción de nuevas viviendas o la ampliación de las existentes. “En los últimos años incluso se eliminó la posibilidad de modificar el estatus jurídico de las casas de 'de descanso' a 'residenciales’' al parecer, con el objetivo de limitar el asentamiento de nuevos pobladores”, explica Carlos Manuel, un abogado especializado en temas de propiedad.

La ley cubana establece que una misma persona puede contar con hasta dos inmuebles a su nombre, siempre y cuando solo uno de ellos ostente la condición de “residencial”. Sin “residentes permanentes”, en una zona resulta mucho más fácil emprender cualquier inversión, en especial, si para el caso se requieren expropiaciones.

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Pese a haber sido por décadas una prioridad de Estado, el fondo habitacional de la isla presenta una situación calamitosa, con 700.000 casas menos de las que se necesitarían para atender la demanda y una infraestructura extremadamente deteriorada (la mitad de los inmuebles se cuentan en la categoría de “mal estado”). Mientras, el ritmo de finalización de casas y apartamentos no ha dejado de decrecer, pasando de un promedio cercano a los 50.000 por año en la década precedente, a menos de 15.000 en el actual decenio (en 2017 solo se concluyeron 9.700 hogares).

Un informe presentado ante el parlamento por el Instituto Nacional de la Vivienda, en julio de 2017 reveló que el déficit alcanza las 200.000 unidades en la ciudad de La Habana, y supera las 100.000 en las provincias de Holguín y Santiago de Cuba. Junto a esos dos últimos territorios, el resto de las provincias del extremo oriental de la isla se han comportado históricamente como grandes emisores de población; al punto de que para sus habitantes existe un término peyorativo en el habla cotidiana: “palestinos”, por su supuesta propensión a abandonar las comunidades de las que son originarios.

Restringir la emigración a la capital

Intentando limitar ese creciente flujo poblacional, en abril de 1997 Fidel Castro firmó el decreto ley 217, que establecía un enrevesado sistema de permisos para residir en la capital. Las penas por violar sus disposiciones van desde la deportación hacia el “lugar de origen” hasta la reclusión penitenciaria, atendiendo al grado de reincidencia de los sancionados.

A veinte años de su puesta en vigor, el “217” acumula resultados contrapuestos. “Esta medida produjo una reducción de los movimientos migratorios casi en un 40% durante el trienio posterior a 1997 (…) En el año 2002 La Habana registró un 68,2% de población nativa. Dicha frecuencia aumentó en el año 2012 a 75,2%”, señala una investigación de los profesores William Hernández, Eduardo San Marful y Darnelis Delisle, del Centro de Estudios Demográficos de la Universidad de La Habana. La misma fuente, sin embargo, reconoce “no contar con cifras de la población asentada de forma ilegal dentro del perímetro capitalino”.

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Precisamente a esos grupos “no registrados” se debe que la metrópoli siga siendo “el principal punto de destino para los inmigrantes de otras provincias, concentrando el 41,6% de las personas que no residen en su territorio de nacimiento”. La estadística resulta más significativa debido a que supera en casi un punto porcentual el registro de diez años antes, revela una actualización censal de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información.

Sin datos absolutos para calificar sus verdaderas implicaciones, el fenómeno solo puede ser analizado a partir de enfoques sectoriales, como los de indagaciones académicas y los ocasionales trabajos periodísticos. Todos coinciden en las negativas consecuencias de mantener a miles de personas en la alegalidad.

En los barrios habitados por inmigrantes “sin papeles”, “los niños asisten a la escuela hasta que se gradúan de algún técnico medio o de obrero calificado –porque el preuniversitario se otorga según la dirección del estudiante–; más tarde, a la hora de ejercer su oficio, no pueden hacerlo en La Habana porque no residen oficialmente en ningún lugar de la ciudad, aunque muchos nacieron allí”, señalaba hace algún tiempo la reportera Lisandra de la Paz, en un artículo publicado por la revista Juventud Técnica.

Una Constitución que deja abierta la cuestión

Aunque en 2012 un nuevo decreto ley –el 293– amplió los marcos legales para el asentamiento en La Habana, al otorgar ese derecho a “parientes de capitalinos, personas declaradas jurídicamente incapaces y otras a quienes el Estado les asigne una vivienda”, ni esa disposición, ni el permiso para la compraventa de inmuebles –formulado en 2013– han conseguido eliminar la “frontera” que separa a la capital del resto del país.

Fórmulas similares comenzaron a implementarse desde hace dos años en las provincias de Artemisa, Mayabeque y Matanzas, las más cercanas a La Habana y en las que se concentran polos de gran atracción para la fuerza de trabajo migrante, como la Zona Especial de Desarrollo del Mariel y los yacimientos petrolíferos de la costa norte. En ambos sitios los salarios pueden ser diez o más veces superiores a los que se cobran en la mitad oriental de la isla. Pero también allí se exige contar con “dirección” en alguna de las localidades cercanas, sobre todo para los empleos mejor remunerados.

Convenientemente, ni la actual Constitución, ni el proyecto de la que ahora se discute con la ciudadanía, especifican los derechos de los cubanos en cuanto al tema. En ese sentido, el artículo 54 del nuevo texto solo plantea esos principios supeditándolos a “las limitaciones establecidas por la ley”, con lo que deja abierta la puerta a las más diversas interpretaciones burocráticas.

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A juicio del sociólogo Adrián Rodríguez Chailloux, “puede que en un futuro no muy lejano, a partir de la propia estrategia puesta en marcha de crecimiento económico del país, podamos vernos enfrentados a un proceso de gentrificación. (…) Estamos frente a un Estado que reconoce las desigualdades sociales como parte constitutiva de su funcionamiento y el mercado tiene mayor relevancia que en décadas pasadas. Mal gestionada, la anunciada 'autonomía' que se pretende otorgar a los municipios podría ahondar aun más las diferencias de desarrollo ya existentes".

Para personas como Anselmo, o para los miles que pretenden asentarse en las áreas más favorecidas de la isla o que ya lo han hecho en condiciones de precariedad económica y legal, será un escenario difícil de asimilar. Un país con varias “velocidades” nunca se contempló en los postulados de la ortodoxia marxista.