Cuba no quiere nuevos ricos: la futura Constitución fija límites al emprendimiento
El borrador de la nueva Carta Magna recoge la realidad de aquellos cubanos que han prosperado, pero sigue rechazando "la concentración de la propiedad". La desigualdad es ya un serio problema
“Lo que tenemos que hacer no es regular la concentración de la riqueza, sino la concentración de la propiedad. Que algunas personas obtengan grandes ingresos no está en conflicto, de ninguna forma, con los principios de igualdad y justicia social que defiende nuestra Revolución”. El autor de tan peculiar acrobacia sintáctica es Homero Acosta, el secretario del Consejo de Estado de la República de Cuba. Un hombre surgido del círculo más cercano al General de Ejército Raúl Castro, quien le designó –nueve años atrás– para servir de enlace entre el poderoso consorcio de empresas militares y el núcleo decisorio del poder político en la Isla. Tras la entrega formal de la presidencia del menor de los hermanos Castro -quien todavía sigue siendo Primer Secretario del Partido Comunista-, Acosta sumó a sus responsabilidades la de servirle como portavoz oficioso, en cuyo ejercicio pronunció la frase con que se inician estas líneas. Ocurrió el sábado pasado, durante el “debate” del anteproyecto de una nueva Constitución en la Asamblea Nacional del Poder Popular (parlamento).
El entrecomillado no es gratuito. Durante varios días los 605 diputados que integran esa cámara tuvieron la posibilidad de leer el texto elaborado por una comisión de 33 colegas suyos presidida por Raúl Castro. En teoría, podían incorporarle todas las enmiendas que consideraran pertinentes; pero en la práctica, ni una sola de las propuestas fue tenida en cuenta. En todos los casos las discusiones siguieron un mismo “guión”: un diputado cualquiera planteaba su inquietud, Homero Acosta (en representación de Castro) le daba respuesta con tono de sargento cuartelario, y uno o varios de los presentes lo respaldaban con argumentos cargados de consignas y apelaciones a la “unidad revolucionaria”. Por lo regular, tras semejante avalancha verbal, el ponente se retractaba de su planteamiento y el “debate” seguía su curso sin mayores contratiempos. Solo en una ocasión, una diputada insistió en que su propuesta (relativa al cambio de estilo en un artículo sobre la igualdad de los ciudadanos ante la ley) fuera sometida a votación; por supuesto, el único voto divergente fue el suyo.
Aunque hasta ahora no ha sido publicado oficialmente, el proyecto de nueva Constitución cubana consta de 224 artículos divididos en 11 títulos y 24 capítulos. Dos de ellos bastan para resumir la visión de país planteada por Raúl Castro y el presidente Miguel Díaz-Canel. Uno, el artículo 5, apuntala el inmovilismo: igual que en la actual carta magna (aprobada en 1976), otorga al Partido Comunista el monopolio del poder político, en su condición de “vanguardia organizada de la nación (…) fuerza dirigente superior de la sociedad y el Estado”. Al amparo de esa premisa, los máximos dirigentes partidistas han ejercido por décadas un control absoluto sobre el aparato gubernativo y el sistema electoral, en un orden de cosas para el que no se anticipan cambios. De hecho, según el propio Homero Acosta, todo proceso que se emprenda en la isla deberá desarrollarse dentro “de los marcos establecidos por la democracia socialista”.
El otro es el número 22, orientado a definir la posición del Estado respecto a la riqueza. La opinión de Raúl Castro -en voz de Acosta- defiende la idea de que “la concentración de la propiedad es el gran enemigo al que debemos enfrentar. Por eso, las empresas estatales siguen siendo reconocidas como ‘sujeto principal de la economía’. Aunque haya concentración de la riqueza, si no hay concentración de la propiedad, no hay margen para la explotación del hombre por el hombre”.
Menos optimistas fueron los criterios de algunos diputados, quienes revelaron su preocupación respecto a las diferencias que desde hace años se profundizan en todos los ámbitos de la sociedad. Sin embargo, ninguno de los legisladores se empeñó en mantener su oposición o plantear ante el plenario las inquietudes de los electores a los que supuestamente representan (el de “electores” es solo un término formal, pues en realidad, el sistema cubano funciona sobre la base de “designaciones” avaladas por el Partido).
“Haría falta que con las opiniones del pueblo no pase como con las de muchos diputados, que si eran contrarias o pedían alguna modificación, les caían ‘arriba’ [arremetían contra ellas] y adiós la propuesta. ¿Qué van a hacer cuando la población plantee discrepancias?”, apuntaba un lector en un foro sobre el tema abierto por el sitio digital oficialista Cubadebate. La pregunta es una incógnita a pocos días de que inicie el proceso de consultas con la ciudadanía, previsto desde el 13 de agosto (aniversario del nacimiento de Fidel Castro) al 15 de noviembre.
Algunos “más iguales que otros”
“El 85% de lo depositado en el banco corresponde al 13% de la población”. Armado únicamente con ese dato, Juan Carlos Albizu-Campos pudiera avalar su tesis de que la desigualdad es ya una realidad en Cuba. Pero como investigador del Centro de Estudios Demográficos de la Universidad de La Habana, su trabajo le ha permitido acumular otras muchas evidencias de que el fenómeno no solo existe, sino que se acentúa de año en año.
“Aunque es muy difícil encontrar información, pues las fuentes clásicas para conocer los ingresos (el censo y los anuarios estadísticos) ya no la recogen”, indica, investigaciones académicas han revelado cómo entre 1989 y 2017 la proporción entre los salarios mínimos y los más altos pasó de ser de 1-4 a 1-30. “Eso, en cuanto a salario, pues si se habla de ingresos en general, se encuentra el hecho de que en La Habana la escala va desde los 10 CUC mensuales [alrededor de nueve euros] hasta algunos casos que alcanzan los 20.000 en ese mismo lapso de tiempo”, razonaba a finales de marzo Albizu-Campos, al participar como ponente en un encuentro organizado por la revista Temas.
En la misma ocasión otros panelistas resaltaron la influencia de variables como el sector privado (pese a representar el 13% de la fuerza de trabajo, los cuentapropistas perciben la mitad de los pagos que se efectúan en la isla) y las remesas llegadas desde el exterior. Si en 1994 las mismas alcanzaron un total 537 millones de dólares, en años recientes su monto ha oscilado entre 2.500 y 3.000 millones, con una cuarta parte de los residentes en el país como sus destinatarios fundamentales, señaló el exministro de Economía y de Finanzas y Precios, José Luis Rodríguez.
“La última valoración del Índice de Gini [en Cuba] fue de 0.407 y se realizó veinte atrás”, detallaba en 2017 el economista Pedro Monreal, en un artículo publicado por la plataforma digital Cuba Posible, un proyecto de intercambio teórico muy cuestionado por las autoridades de La Habana. Entre las causas de tal animadversión pudiera estar el dar cabida a estudios como el de Monreal, quien citando una indagación realizada en una comunidad periférica de la capital isleña, concluyó “que el problema de la desigualdad en Cuba es esencialmente un problema de pobreza”. “La empresa estatal (por ejemplo) ni siquiera es capaz de retribuirle a sus empleados el valor del ‘producto necesario’ (el valor producido por el trabajador para cubrir sus necesidades)”.
Encerrados en el círculo vicioso de salarios cada vez más reducidos en cuanto a su poder adquisitivo y menguados programas de asistencia social, la mayoría de los cubanos tiene en la economía su vía crucis cotidiano (estudios no oficiales ubican bajo el umbral de pobreza a más de la mitad de la población). En el campo contrario se posicionan aquellos que pueden pagarse vacaciones en hoteles de lujo o viajes al exterior, y que reclaman la derogación de límites para la inversión de capitales y la adquisición de propiedades.
De aferrarrse al optimismo con que la dirigencia proyecta el futuro de la isla, no parece que sea una situación para inquietarse. A pesar de haber eliminado del proyecto de Constitución toda referencia al comunismo, tanto Raúl Castro como sus asesores siguen defendiendo la sostenibilidad de un socialismo que aspira a ser próspero… aceptando incluso las fortunas de nuevo cuño. Pero con calma.
“Lo que tenemos que hacer no es regular la concentración de la riqueza, sino la concentración de la propiedad. Que algunas personas obtengan grandes ingresos no está en conflicto, de ninguna forma, con los principios de igualdad y justicia social que defiende nuestra Revolución”. El autor de tan peculiar acrobacia sintáctica es Homero Acosta, el secretario del Consejo de Estado de la República de Cuba. Un hombre surgido del círculo más cercano al General de Ejército Raúl Castro, quien le designó –nueve años atrás– para servir de enlace entre el poderoso consorcio de empresas militares y el núcleo decisorio del poder político en la Isla. Tras la entrega formal de la presidencia del menor de los hermanos Castro -quien todavía sigue siendo Primer Secretario del Partido Comunista-, Acosta sumó a sus responsabilidades la de servirle como portavoz oficioso, en cuyo ejercicio pronunció la frase con que se inician estas líneas. Ocurrió el sábado pasado, durante el “debate” del anteproyecto de una nueva Constitución en la Asamblea Nacional del Poder Popular (parlamento).
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