MÁS DE 350 MUERTOS EN CUATRO MESES DE PROTESTAS

"No sabemos nada": la agonía de las familias de los opositores detenidos en Nicaragua

La represión de las protestas contra el Gobierno de Daniel Ortega se está cobrando una víctima colateral: los parientes de los manifestantes presos, que en muchos casos ignoran su paradero

Foto: Entrada de la cárcel de El Chipote, en Managua. (H. Estepa)
Entrada de la cárcel de El Chipote, en Managua. (H. Estepa)

En la puerta de la cárcel de El Chipote, en Managua, se había erigido un campamento improvisado. Decenas de personas dormían a la intemperie para apoyar a sus seres queridos e intentar recabar información de primera mano. Eran los familiares de los detenidos trasladados al lugar en los últimos días, en su mayoría personas que habían protestado contra el Gobierno de Daniel Ortega.

Ese campamento ya no existe. Fue temporalmente desmontado este sábado, por precaución, tras la organización de una manifestación oficialista cuyo objetivo era llegar al portón de la prisión. Duró apenas unos días en pie. Los familiares de presos fueron trasladados a la Catedral de Managua, no muy lejos de El Chipote, donde siguen recibiendo asistencia legal.

“Instamos al Gobierno a que cese estas prácticas de represión, que deje de amedrentar a las familias que lo único que hacen es estar en las afueras de El Chipote. No perjudican a nadie, no interfieren en nada, no es un tranque ni una manifestación, sólo es gente que está sufriendo por sus presos y busca estar cerca de ellos para pasarles comida y pedir su liberación”, dijo Carla Sequeira, directora jurídica de la Comisión Permanente de los Derechos Humanos (CPDH) tras la evacuación del lugar.

Las familias de los presos denuncian que no han podido visitarlos desde su detención. “Se lo llevaron en la entrada de mi casa. Llegaron en una camioneta sin placa seis encapuchados fuertemente armados, con armas de guerra, AK47. Él iba entrando a la casa con mi hija de cinco años. Lo encañonaron, lo sometieron, lo subieron a la camioneta y lo trajeron aquí”, dice a El Confidencial Cavidia López, pareja de Francisco Correa, detenido el pasado 17 de julio. “No sabemos nada de él. Nosotros participábamos en las marchas y plantones ejerciendo nuestro derecho constitucional a la libre expresión. Las calles son del pueblo”, reivindica la joven.

Sabe que su pareja está en El Chipote porque le permiten enviarle comida. En la puerta de la prisión, una empinada cuesta, atravesada por una valla de seguridad, hacen fila cada día decenas de personas. Llaman a los guardias. En sus manos, bolsas con alimentos, etiquetadas con los nombres de sus familiares. Muchas veces, apenas una botella de agua y un zumo, pegados con cinta aislante, para que no sean separados y lleguen a destino.

Familiares de los detenidos entregan paquetes y piden información a los guardias de la prisión. (H. Estepa)
Familiares de los detenidos entregan paquetes y piden información a los guardias de la prisión. (H. Estepa)

"La policía se niega a dar datos"

“El Gobierno debe cesar la represión contra el pueblo, que sólo está ejerciendo su justo derecho a la acción ciudadana. Su justo derecho a defender su voz. El ejercicio de la ciudadanía es estar en las calles. Es nuestro derecho. Este pueblo ha luchado demasiado como para volver a ser sometido otra vez, de la misma forma”, dice López.

Otros ni siquiera saben dónde han llevado a sus familiares. “No sabemos dónde está mi hermano. Estaba con su niña y me lo pegaron, me lo maltrataron. Nos mandaron a Nandaime, a Carazo, a Tipitapa… a varios departamentos… Creemos que está acá porque trajeron a muchos de Masaya directos acá. Pero no lo sabemos seguro”, dice Maribel Martínez tras un día de búsqueda.

El Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos (Cenidh) contaba el pasado miércoles al menos 300 prisioneros en las cárceles del pequeño país centroamericano. “La policía se niega a dar datos”, denunciaba Braulio Abarca, uno de sus abogados, mientras atendía a varias personas.

“Lamentablemente los familiares de los detenidos nos han expresado que están siendo víctimas de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Tenemos casos de personas a las que se les ha aplicado ahogamiento con agua y con trapos dentro de la boca. Hemos recibido denuncias de jóvenes, de mujeres, que han sido víctima de violación por parte de la Policía Nacional y también de fuerzas parapoliciales”, dice el abogado. Recalca que a los presos se les ha impedido las visitas de sus familiares.

Campamento improvisado de los familiares de los detenidos, desmantelado poco después de que se tomase esta foto. (H. Estepa)
Campamento improvisado de los familiares de los detenidos, desmantelado poco después de que se tomase esta foto. (H. Estepa)

Una prisión con un amplio pasado

La cárcel de El Chipote tiene casi nueve décadas de negra historia. Fue creada en 1931 por el ex presidente José María Moncada para ser la casa presidencial. Se ubica en una elevación montañosa en el centro de Managua, junto a una laguna.

Fue conocida como La Loma durante la época de la dictadura somocista, cuando se construyeron los temidos sótanos del lugar. Allí fueron torturados los opositores al régimen dinástico. Entre ellos, el presidente Ortega, que fue capturado en 1967 por robo con intimidación cuando ya militaba en el Frente Sandinista. El líder nicaragüense fue torturado en El Chipote. Una cicatriz en su frente da cuenta de las palizas que le propinó la Guardia Nacional somocista.

No ha sido el único líder nicaragüense que ha pasado por las celdas de El Chipote, como la prisión comenzó a llamarse tras el triunfo de la Revolución Sandinista. Los ex presidentes Arnoldo Alemán (1997-2002) y Enrique Bolaños (2002-2007) también estuvieron presos en el correccional capitalino, que ahora se denomina oficialmente como la Dirección de Auxilio Judicial.

La mayoría de los manifestantes detenidos que cuentan las organizaciones pro Derechos Humanos –consideradas como opositoras por el oficialismo- están en El Chipote y en La Modelo, también en Managua. “Estamos confiando en Dios, que se haga Justicia y que mi hijo pueda salir. Es un dolor tan grande, tan inmenso…. Que a veces sólo las madres pueden sentirlo. Es el quinto día que mi hijo y mi nuera están aquí y no hemos podido hablar con ellos”, asegura Margarita Ortiz, madre de Irivin Escobar y suegra de Blanca Cajina, dos doctores detenidos el sábado 14 de julio por civiles progubernamentales armados en el centro de Managua.

Cajina fue liberada unas horas después de la entrevista. Escobar continúa imputado por tráfico de armas restringidas, una acusación que sus familiares niegan. “Ellos no tienen antecedentes. No han sido delincuentes. Él es un hombre de bien”, dice su madre.

Tres meses de protestas antigubernamentales han dejado 350 muertos en Nicaragua, según las organizaciones de la sociedad civil. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha confirmado 277 fallecidos.

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