De otras memorias históricas (I): Albania quiere sacar a sus muertos de las cunetas

Al menos 6.000 cuerpos yacen ocultos en las cunetas de Albania. Decimos al menos porque los datos concretos sobre los crímenes de la dictadura estalinista de Enver Hoxha, que comenzó en 1945 y sobrevivió a su muerte en 1985, son escasos y difícilmente contrastables. Los historiadores manejan, además de esta cifra, la de 34.000 prisioneros y 50.000 internos en campos de trabajo hasta 1991, cuando cayó definitivamente el régimen. Todo esto en un país que en 1960 apenas contaba con un millón y medio de habitantes.

Para entender el carácter especialmente represor de Albania hay que recordar que, mientras otros países como Yugoslavia o la misma Unión Soviética, trataron de adaptarse a los tiempos desmarcándose de los años más sangrientos de Stalin, Hoxha nunca llevó a cabo este proceso, y alcanzó el extremo de romper con Kruschev, al que acusó de “traidor” y “revisionista”. Por tanto, los métodos de encarcelamiento sumario, tortura e internamiento carcelario siguieron siendo férreos hasta principios de los noventa.

Llegado el momento de hacer cuentas con su pasado, una vez llegada la democracia, el país volvió a darle la espalda a un proceso que sí hicieron la República Checa, Polonia o Lituania. Albania prefirió el silencio. Repasando la actividad parlamentaria, desde 1991 se aprobaron hasta 24 leyes sobre “las víctimas del antiguo régimen”, pero solo en 2006 se condenaron oficialmente los crímenes de la dictadura, y era la primera vez que un órgano pedía que se resolviera el problema de los desaparecidos. Amnistía Internacional denunciaba en su último informe de 2017 el “nulo progreso en la exhumación de sus restos”.

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El jueves se volvió a abrir la esperanza de restañar las heridas de miles de familias albanesas, con la firma de un acuerdo entre la ministra del Interior socialista, Rovena Voda, y el director del programa para los Balcanes Occidentales de la Comisión Internacional sobre Personas Desaparecidas (CIPD), Matthew Holliday. El CIPD ayudará, si el Parlamento lo aprueba tras el verano y gracias a 600.000 euros en fondos proporcionados por la Unión Europea, a buscar a muchos de estos desaparecidos en dos emplazamientos, Ballsh y Dajti. Es conocido en Albania, aunque más por el boca a boca que por las investigaciones oficiales, que cerca de cada cárcel y campo de trabajo de la dictadura hay una fosa común.

Identificar los restos de la de Dajti, descubierta en 2010, será además una reparación histórica a un ingeniero retirado que hasta ahora ha hecho más justicia que el Gobierno: Nikolin Kurti, que hace ya ocho años decidió plantarse con un bulldozer para, en dos meses, recuperar los restos de entre 14 y 21 personas, con la esperanza de encontrar a su tío Shtjefen un sacerdote católico ejecutado en 1971 por bautizar. Kurti pagó de su bolsillo los análisis de ADN de uno de los cadáveres, que tenía una deformación en la cadera como su antepasado, pero el resultado fue negativo. Después se enteraría que el cadáver fue entregado a la universidad para ser diseccionado.

“Para mí este es uno de los primeros días de nuestra democracia, que es ante todo el respeto a los derechos humanos”, decía a la prensa local tras la firma del acuerdo entre gobierno y CIPD Artan Lleshi, cuyo abuelo fue asesinado en 1946. “Solo espero poder poner una flor en su tumba”.

Los archivos de la Segurimi

El silencio nacional al respecto está cimentado en el pacto tácito entre el Partido Socialista -heredero directo del comunista-, del primer ministro Edi Rama, y el conservador Partido Democrático, porque ambos tienen el pecado original de la dictadura muy dentro. El activista y escritor albanés Fatos Lubonja, que pasó 17 años en las cárceles del régimen por criticar en su diario personal a Hoxha, ha dicho en repetidas ocasiones que ambas fuerzas prefieren mantener los crímenes sin resolver para poder usarlos como arma política contra el otro, señalando colaboracionistas del otro lado, tratando de usar a las víctimas con fines políticos.

Kurti recordaba en una entrevista hace un año que Hajredin Fuga (fallecido en 2012), fiscal que firmó la sentencia de su tío por “propaganda religiosa”, fue después juez del Tribunal Supremo. Agron Tufa, director del Instituto Nacional de Investigación del Comunismo, nombra el caso de encontrarse en una reunión sobre los desaparecidos con Ilirjan Mustafaraj, que ejerció de secretario general en el Ministerio del Interior de la dictadura… y continuó con su carrera política tras ella. Mustafaraj se retiró en 2016.

Albania sí ha dado un paso importante con respecto a la muy temida policía secreta de la dictadura, Segurimi, al abrir los archivos al público en 2015. Aunque con limitaciones: solo se puede acceder a la información de los registros sobre uno mismo. No obstante, se puede saber si tus vecinos eran informantes de Segurimi, o qué clase de información tenía el Gobierno sobre tus actividades. Este luctuoso organismo tuvo 15.000 agentes y se calcula que un 20% de la población llegó a ser informante. Muchos no dieron información relevante, pero seguían coaccionados por la policía. Los dosieres que están completos pueden llegar a las centenares de páginas.

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Pero, claro, la dictadura borró bien sus huellas: era costumbre que se destruyeran muchos de ellos cada cinco años, y con el inminente advenimiento de la democracia, en 1990, el régimen eliminó muchos de ellos. También hubo una gran purga en el asalto a los archivos en las revueltas populares de 1997 contra el primer ministro conservador, Sali Berisha. Se calcula que hasta 2009 entre 30.000 y 60.000 dossieres se esfumaron. A esto hay que sumar el problema es que hay documentos en mal estado por el almacenamiento defectuoso. Estos obstáculos se reproducen, ni que decir tiene, en los casos de ejecuciones, muchas veces sin juicio previo… o en los trabajos forzados.

Fadil Daja, Ali Leka y Agim Hakcani, condenados por la dictadura a cumplir condena en la cárcel de Spac, en el norte de Albania, fueron obligados junto a centenares de presos más a trabajar en las minas de cobre de las montañas cercanas. La minería y la industria pesada eran dos sectores muy importantes para el régimen. Cuando fueron a reclamar su pensión les dijeron que, aunque se sabía cuando habían entrado en el penal, los informes de sus actividades eran inexistentes. Tras meses de batalla mediática consiguieron que el Gobierno les reconociera su ‘contribución’.

La de Spac es la única construcción de la dictadura declarada monumento cultural para ser preservado. Allí se produjo el levantamiento contra el régimen en 1973, aplastado en unos días, que protestaba contra las duras condiciones de trabajo, de semiesclavitud. Aunque en 2007 Tirana anunció sus planes de convertirlo en un museo, en 2018 solo una ONG, Herencia Cultural Sin Fronteras, ha dedicado algún esfuerzo a tratar de conservar el lugar, que en algunas partes corre el riesgo de derrumbarse. Al Ministerio de Cultura albanés se le llena la boca de promesas, mientras al recinto acuden cada año unas 3.000 personas, guiadas por el boca a boca, donde solo hay carteles colocados por esta organización, y donde el vandalismo en forma de grafiti campa a sus anchas. Otro ejemplo de que, en cuanto a la memoria de la dictadura se refiere, sólo el voluntarismo de los que quieren recordar es capaz de contrarrestar el poco interés del Gobierno en romper un silencio que dura ya 26 años.