"No son humanos, son máquinas de matar": habla el juez que condena al ISIS en Irak

El juez Raed Hamid al Mosleh tiene entre sus manos el futuro de decenas de miles de yihadistas que destruyeron Mosul, en el norte de Irak, cuando se hicieron con el control de colegios, hospitales y universidades, violaron a miles de mujeres y niñas, y convirtieron a los más pequeños en un peligro para la humanidad, poniendo un kalashnikov entre las manos e incitándoles a matar sin piedad. Con todas las imágenes de aquellas masacres aún en mente, y en los archivos de su ordenador personal, el presidente de la sección de Antiterrorismo en la Corte Penal de Nínive tiene claro lo que debe pasar con los cabecillas del autodenominado Estado Islámico (Daesh, en árabe).

“¿Qué sociedad quiere acoger a semejantes desalmados? Esos no son seres humanos. Son máquinas de matar y no se merecen otra oportunidad para vivir porque son un peligro. Les dices que ese es un infiel y allá van a matarlo sin dudar ni un momento. No tienen derecho a otra cosa más que la horca. Se merecen morir”, reafirma, decisivo y sin temblarle la voz, al hablar de los agresores que tanto daño han causado al pueblo iraquí, y al resto del mundo. “Europa nos critica mucho por las penas de muerte, pero eso es porque no son ellos los que han sufrido esas masacres ni son los que tienen que juzgar a todos estos asesinos”, criticó, en respuesta a la pregunta sobre la “moralidad” de ese tipo de sentencias.

En una entrevista con El Confidencial, Al Mosleh subraya las dificultades que tiene juzgar a los terroristas del Estado Islámico, después de la liberación del gran bastión yihadista de Mosul hace ya un año. “La parte más complicada para mí, como ser humano, es escuchar a las víctimas, como esos niños que no tienen ni siete años pero que ya han disparado y matado a sus semejantes, como a chicas de nueve años que han sido esclavas de líderes terroristas, a las que han violado y dejado embarazadas, o las mujeres que sus propias familias consideran ahora una deshonra porque fueron sometidas a los deseos sexuales de un extremista”, cuenta, mientras mueve, nervioso, el ratón de su ordenador portátil en busca del video de una joven yazidí a la que él mismo fue a buscar a otra ciudad de la provincia, después de conocer su trágico caso.

“Esta niña fue vendida en un mercado de esclavas a un emir yihadista que tenía 60 años, yo tengo una hija de su edad y es solo una niña que no entiende nada de la vida”, lamenta, antes de mostrar las imágenes de la joven relatando en árabe cómo se había hecho pasar por turca para poder escapar al país vecino, junto a sus “dueñas”, las mujeres extranjeras que se habían casado con altos oficiales del Daesh y que la habían tenido a ella como esclava. Esta joven está desde octubre de 2017 con su tío, a quien fue entregada después de un análisis de ADN comparativo. Su padre murió a manos de la yihad, su madre se encuentra en paradero desconocido. “Por la información que me ha llegado, también está muerta”, subrayó.

Diferentes protocolos para cada caso

Según el desglose de las cifras que conciernen a la provincia donde ejerce este magistrado, desde la liberación de Mósul fueron detenidos 13.133 sospechosos de combatir en las filas de los extremistas de Abu Bakr al Bagdadi, de los cuales 686 eran menores de edad, 127 eran mujeres iraquíes y 636 extranjeras, de diferentes nacionalidades de países asiáticos y europeos. Después de las correspondientes investigaciones, un total de 2.054 fueron enviados a juicio por causas penales en Nínive y 2.226 fueron liberados por falta de pruebas en su contra.

“El protocolo exigen que todos los extranjeros sean enviados a Bagdad para que puedan estar más cerca de las embajadas de sus países de origen y para continuar allí con las investigaciones sobre su implicación en la ofensiva terrorista”, explica el magistrado, que no concreta el número total de no iraquíes detenidos. Ya han finalizado los juicios a 1.373 personas en Nínive, algunos fueron sentenciados a muerte, otros a cadena perpetua y los demás a diferentes penas de prisión. De esa cifra, 12 fueron mujeres, de las cuales dos fueron enviadas a la horca.

El destino de los más pequeños son los centros de rehabilitación, bajo diferentes medidas y tratamientos obligados por parte de pediatras y psicólogos, pero no son sentenciados a prisión según la ley 76/1983, dice el juez. El procedimiento al tratar con los “hijos de yihadistas” exige como primer paso contactar con los tutores, lo que en muchas ocasiones supone afirmar la muerte de los progenitores del menor. “Los juicios a niños necesitan una preparación especial, se requiere la presencia de un psicólogo y un asistente social, y hay un juez especial para menores que lidia con estos casos. Los menores están totalmente aislados de los adultos y de los medios de comunicación. Buscamos que se reintegren en la sociedad y pasen página. Exponerlos de esa manera no ayudaría”, explica.

Una situación parecida se aplica a las mujeres. “Nosotros lo único que hacemos es aplicar la ley, tanto ahora como hace años. Somos razonables. Aquellas que se han visto envueltas en el conflicto, tanto por culpa de su padre, hermano o marido, pueden fácilmente demostrar que su tutor las obligó a participar y la ley las perdonará, porque legalmente no se las considera responsable por esos actos. Respetamos lo que dice la ley iraquí pero primero hay que probar que ellas no tuvieron la misma ideología de sus hombres”, asegura el magistrado.

Los genocidas, "sin perdón posible"

“Nosotros no nos dedicamos a juzgar con ligereza. Los juicios a todas estas personas, incluidas mujeres y niños, duran varios meses, escuchamos testigos, buscamos pruebas, y tenemos en cuenta el daño provocado. La pena máxima no es algo muy común en estos procedimientos, solo son para los que fueron altos cargos. El porcentaje no supera un 13% del total de las sentencias”, reitera, como respuesta a las críticas sobre la aplicación de la pena muerte. Señala, por ejemplo, a un miembro del grupo terrorista que había ejercido como cocinero y que fue sentenciado a “tan solo 10 años de prisión”.

Sin embargo, añade, los que fueron culpables del “genocidio” contra el pueblo yazidí, una minoría religiosa kurda de Irak, “no tienen” perdón posible. “Los crímenes han dañado la dignidad de muchas mujeres yazidíes. Las han considerado infieles que no merecen humanidad. Las han violado y han vendido a otras en mercados de vírgenes. Otras muchas siguen desaparecidas. Han sido crímenes contra la humanidad”, repite. Muchas de estas niñas yazidíes, el pueblo más odiado por el Estado Islámico, han perdido a sus progenitores y sus fotos aún cuelgan en el edificio del tribunal penal en Mósul, a la espera de que algún familiar no tan lejano reconozca su rostro.

“El problema aparece cuando sus tíos o primos no quieren acogerlas porque las consideran una vergüenza y que fueron deshonradas tras la violación. Muchas veces me he visto a cargo de las niñas y con miedo a entregárselas a sus familiares porque las pueden matar al haber sido violadas sexualmente o están embarazadas. Psicológicamente estos juicios son muy duros y por eso pedimos al Gobierno y a las ONG que formen parte de los procesos, necesitamos su ayuda y su humanidad para reconstruir todo lo que Daesh ha dañado”, dice. Ha ordenado la creación de una comisión para tratar con los yazidíes porque sus casos “no son fáciles” de tratar, y no es suficiente con los orfanatos y organismos creados en general para tratar con las víctimas de la yihad. “Es doloroso ver cómo ya no se quieren acercar a los musulmanes. Su miedo está justificado”, reconoce el juez.

“La parte positiva de este reto de hacer justicia es que Daesh nos ha hecho un favor sin saberlo dejando videos e imágenes de sus crímenes, algo que ha estado difundiendo después de lo que consideraba una victoria. Las ejecuciones están grabadas y los ejecutores aparecen con las caras descubiertas. Ahora deben dar la cara y pagar por sus crímenes. Lo haremos, a pesar de la campaña europea contra la Justicia iraquí que dice que sentenciamos a muerte a los asesinos sin juicio justo”, concluye el magistrado iraquí, antes de cerrar su computadora y marchar de vuelta a Mosul para seguir aplicando mano de hierro a través de la justicia a todos los que una vez juraron lealtad a Al Bagdadi.