El Partido Popular Europeo impide con sus votos la fiscalización de las dietas 'black'

El Parlamento Europeo tuvo en la noche del lunes la oportunidad de ser más transparente con el gasto que se hace de los impuestos de los contribuyentes europeos, pero optó por la opacidad. La Mesa de la Eurocámara descartó la posibilidad de que los 751 diputados rindan cuentas por la dieta para gastos generales de la que disponen, un total de 4.416 euros por cabeza y mes para básicamente cubrir el mantenimiento de oficinas de representación en sus países de origen.

Ocho de los 14 miembros de la Mesa votaron en contra de la propuesta consensuada en el grupo de trabajo creado ‘ad hoc’ como inmediata reacción a la investigación publicada hace un año por medios de 28 países, El Confidencial en España. El trabajo periodístico desveló abusos cometidos por algunos eurodiputados con esa dieta (más conocida por sus siglas en inglés, GEA), tales como la financiación irregular de partidos nacionales o la obtención de un sobresueldo encubierto.

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Los cuatro miembros del Grupo del Partido Popular Europeo (PPE) de la Mesa, tres socialdemócratas y un conservador votaron en contra de una mayor transparencia de la GEA. Antonio Tajani, presidente del Parlamento Europeo y también miembro del PPE, contaba con un voto de calidad en caso de empate a siete, pero no hubo lugar a usarlo. El voto se realizó en una de las trastiendas de la Eurocámara, lejos de la luz y los taquígrafos, pero este diario pudo saber la orientación de cada voto gracias a fuentes fiables que participaron en la reunión.

“No ha habido ningún cambio en la gestión de la dieta, salvo que ahora los eurodiputados estarán obligados a tener una cuenta bancaria específica para recibirla, pero las propuestas en favor de la transparencia han sido derrotadas, tales como que haya contables profesionales controlando el gasto o que se publiquen en abierto los detalles de los recibos”, explica la eurodiputada Heidi Hautala, del Grupo de los Verdes / Alianza Libre Europea.

Es una vergüenza que la mayoría de los eurodiputados socialistas, junto a los populares, haya aceptado la continuidad del uso opaco de dinero público

“Resulta dramático y es indicador de cortas miras democráticas que los europarlamentarios liderados por el Grupo del Partido Popular Europeo hayan votado en contra de una mayor transparencia y rendición de cuentas sobre cómo se emplean casi 40 millones de euros anualmente”, subraya a este diario Hautala, también vicepresidenta de la Mesa del Europarlamento. Sentencia esta representante finlandesa: “Es una vergüenza que la mayoría de los eurodiputados socialistas, junto a los populares, haya aceptado la continuidad de este uso opaco de dinero público”.

La Mesa del Europarlamento está compuesta por 15 miembros. El presidente es el propio Antonio Tajani y luego hay 14 vicepresidentes. Uno de ellos es Ramón Luis Valcárcel, también vicepresidente del Parlamento Europeo, en el que es diputado por España en el Grupo del PPE y que votó en contra de enmendar las condiciones de la GEA. Quien ejerciera como presidente de la Región de Murcia durante dos decenios (1995 – 2014) no atendió a este medio.

Maite Pagazaurtundúa, de UPyD, sí descolgó el teléfono. Cree que no existe justificación para que los gastos de esa dieta no estén fiscalizados por el Parlamento Europeo y no se hagan públicos, como ella misma hace en internet. “No es parte de nuestro salario y los eurodiputados debemos ser un ejemplo de austeridad y eficiencia en el gasto público”, recalca Pagazaurtundúa. “Todo se resolvería si todos pagáramos con una tarjeta de crédito, al mismo tiempo que un profesional contable fiscalizara esos gastos que muestran la trazabilidad de principio a fin por el uso de la tarjeta”, concluye.

40 millones sin control

Cada eurodiputado cuenta con 52.000 euros al año, lo que supone unos 40 millones de euros en el presupuesto comunitario anual. Esa suma se debería usar para alquilar oficinas y cubrir su mantenimiento. Entre los gastos admitidos se incluyen suscripciones a medios, tarjetas de visita, compra de programas informáticos, pero también costos de “viaje, hotel y restaurantes” para cubrir las necesidades de “los invitados de los eurodiputados en el ejercicio de su mandato”.

La Mesa del Parlamento Europeo adoptó una decisión en 2010 sobre esos gastos que se había quedado obsoleta. Incluso, algunos eurodiputados hablan de sobresueldo encubierto y financiación irregular de partidos.

Según una carta fechada el pasado 26 de junio y a la que este diario ha tenido acceso en exclusiva, el presidente del grupo de trabajo de la GEA, el alemán Reiner Wieland, comunicó a Antonio Tajani que la gran mayoría de sus miembros había optado por la continuación del sistema actual de suma alzada con algunas medidas de mayor transparencia y rendición de cuentas para que se pusieran en práctica en la próxima legislatura 2019 – 2024.

Entre esas medidas, Wieland proponía que los europarlamentarios contrataran a una persona con conocimientos de contabilidad para controlar sus gastos. Sin embargo, el eurodiputado ‘popular’ no abogaba por la publicación detallada de los gastos o el reembolso de lo no gastado. Al final, su voto también avaló la opacidad de la GEA.

El periodismo influyó

Los máximos representantes del Parlamento Europeo fueron conscientes del descontrol que reinaba en el uso de las dietas para gastos generales.

La investigación publicada a comienzos de junio de 2017 por 49 periodistas de 28 países -El Confidencial en España- fue el aldabonazo para que Antonio Tajani reaccionara. El trabajo de los reporteros desveló cómo las dietas en cuestión son el único gasto de la Unión Europea que no está sometido a ningún proceso de fiscalización.

Como consecuencia, el presidente de la Eurocámara, Antonio Tajani, anunció el 12 de junio de 2017 que se formalizaría un grupo de trabajo específico para abordar el tema.

Tras un año de intensos y polémicos debates, según informan fuentes internas del grupo de trabajo ‘ad hoc’, la Mesa del Parlamento Europeo votó la propuesta adoptada por el grupo de trabajo específico sobre la GEA en su última reunión del 19 de junio pasado. El grupo ha estado formado por siete representantes. La propuesta final fue primero esbozada por la eurodiputada verde Heidi Hautala.

Esta finlandesa abogaba, entre otras cuestiones, por que la Eurocámara investigara los gastos que no estuvieran suficientemente justificados mediante recibos o facturas y recomendaba que sus eurodiputados devolvieran al final de su mandato las sumas de dinero sin gastar, algo inhabitual entre la mayoría de ellos.

Sin embargo, tras la votación del lunes nada de eso se ha conseguido, con la salvedad que los diputados tengan un cuenta bancaria específica para percibir la dieta.

Reina la opacidad

La investigación realizada por los periodistas mostró en 2017 la opacidad de la dieta por gastos generales, que se eleva a 40 millones de euros al año. En el caso de España, de los 58 eurodiputados consultados —54 actuales y cuatro que lo fueron en el periodo 2015-2016—, solo los seis representantes de Podemos (incluido Pablo Iglesias), Maite Pagazaurtundúa, de UPYD, Ernest Urtasun, de Iniciativa per Catalunya Verds, Izaskun Bilbao del PNV y la independiente Beatriz Becerra hicieron un ejercicio de transparencia y entregaron los registros contables desglosados de esa dieta. Pagazaurtundúa y Bilbao han devuelto el dinero no gastado. La eurodiputada vasca ha reintegrado hasta la fecha 227.254 euros.

En el conjunto de los 28 países, los reporteros preguntaron por el desglose de la inversión de la GEA en los años 2015 y 2016 y por la localización y el precio del alquiler de las oficinas nacionales. De los 751 eurodiputados, únicamente 40 presentaron los detalles de su contabilidad; solo uno de cada tres aportó la ubicación de sus oficinas, de entre los cuales apenas 130 informaron del precio de la renta de alquiler de las mismas.

La dieta para gastos generales es el único gasto del Parlamento Europeo que no se controla. Una suerte de 'eurodietas black'.

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En 2015, los periodistas solicitaron formalmente a la Eurocámara el desglose de esos gastos. La respuesta fue que no podían entregar la información por dos razones fundamentales: respetar la privacidad de los europarlamentarios y que suponía un esfuerzo administrativo hercúleo que no se podía permitir. El caso fue elevado al Tribunal de Justicia Europeo y se espera una sentencia próximamente.

La rendición de cuentas y la transparencia de los gastos de los representantes de los ciudadanos europeos quedan en manos del juez. Los legisladores no están por la labor, según confirmó el resultado de la votación de la Mesa del Europarlamento.

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