Octogenarios en pie de guerra: la resistencia que puso fin a los desahucios en Portugal

A las 7.30 de la mañana se escucha la primera maleta en Alfama. Acaba de llegar de Londres, Madrid o Varsovia, o puede que regrese a Varsovia, Madrid o Londres. Los vecinos no lo saben; es una trolley más pasando por una calle de Lisboa que verá al menos una decena antes del mediodía. No vale la pena ojear, aunque las vecinas habituales da Rua de São Miguel acaben siempre por asomarse -tendiendo un paño de cocina ya seco- para mirar fijamente al turista.

Primer aviso. Este barrio es la punta de lanza de una pionera resistencia iniciada el 5 de abril. Han dicho basta, hastiados por unos desahucios que han alcanzado dimensiones desconocidas hasta ahora en esta y otras zonas con solera, como Castelo, Baixa, Chiado y Mouraria. Todas reunidas administrativamente en la junta de freguesía –un órgano por debajo del Ayuntamiento– de Santa María Maior, y todas absolutas 'estrellas' de las guías de viajes: aquí están todas las cuestas, toda la ropa tendida en la calle y también la mitad de los alojamientos turísticos del centro histórico.

"Cuando me casé era una casa antigua de Alfama. Vieja. No tenía agua, luz, ni siquiera tenía baño. Pero no había otra cosa para poder casarme y poco a poco fui recomponiéndola a nuestra manera". Eduardo Correia recibe a El Confidencial en su casa. Beco das Cruzes, número 11. La dirección es un orgullo para él y su mujer Natália, la pareja más antigua de Alfama, también la más carismática. Así lo han reconocido sus vecinos en una curiosa competición el año pasado, aunque ellos ya eran famosos antes, tanto como para contar con una placa frente a su casa en la que posan sonrientes y se cuentan los pormenores de su romance. Ahora, además, son uno de los principales testimonios de un movimiento vecinal que ha conseguido frenar los desahucios en todo el país.

Eduardo tiene 82 años, Natália, 81. Expresivos, minuciosos con la documentación de lo que llaman su "situación", se interrumpen constantemente en el pequeño salón, repleto de fotografías del sobrino al que criaron como un hijo, para contar la historia de cómo en septiembre de 2017 recibieron la carta en la que les anunciaba que, antes del 1 de agosto de este año, debían abandonar la casa en la que ella había nacido.

"Es rastrero", masculla por fin él. El edificio en el que viven cambió dos veces de dueño desde 1958, fecha de su boda e inicio de la convivencia. En aquella época, el alquiler era vitalicio en Portugal. La ley fue modificada en 1990 y los precios comenzaron a ajustarse un poco, pero no fue hasta 2012 cuando una alteración legislativa liberalizó por completo el mercado de alquiler al eliminar un plazo mínimo de contrato. Con ello se facilitaron los ascensos de precio en poco tiempo, justo en la misma altura en que el alojamiento turístico empezaba a asomar en el país.

En este contexto, el matrimonio Correia recibió una carta en la que se les anunciaba que su contrato, que contemplaba el pago de un alquiler de 70 euros mensuales, estaba próximo a concluir. Amparada en el nuevo régimen legislativo, que le permitía poner el plazo que quisiera, la nueva casera propuso entonces darles un año más, pero pagando 450 euros por mes.

"Para pagar nosotros ese alquiler teníamos que recibir cinco salarios mínimos", calcula Natália, que tiene una pensión de 397 euros. Su marido, que fue chapista y recibe algo más, asegura que ya pagando 70 euros al mes apenas llegan para pagar los gastos habituales, medicinas y comida.

"De aquí solo me sacan muerta"

"De aquí solo me sacan muerta. Digo esto a todo el mundo. Venga la policía o quien sea, o me mato o me tienen que matar, de aquí no salgo. Aquí nací, aquí me crié, aquí murió mi madre, murió un hijo que tuve, aquí tengo todos mis recuerdos. No hay nadie que me saque de aquí", promete Natália Correia. No es la única, porque esta frase es ahora "la política del barrio", cuenta Eduardo mientras pasea por las estrechas calles de Alfama.

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Cinco minutos bastan para volverla a oír, esta vez por boca de Felicidade Silva, de 79 años. Pátio do Prior, número 11. También nació aquí, también se ha involucrado en la resistencia vecinal y, por eso, avisa a Eduardo: "Hoy han venido unos desconocidos a medir la casa por fuera, creo que quieren calcular los metros cuadrados". La gran mayoría de vecinos del patio ha recibido cartas de desahucio.

"Todos los días hay personas que son forzadas a abandonar sus casas en esta freguesía, sobre todo en Alfama, Castelo y Mouraria. Perdimos más de 2.000 electores en cuatro años. 2.000 electores corresponden a muchos más residentes. Es devastador para el territorio", declara Miguel Coelho, presidente de la junta de freguesía de Santa Maria Maior, sabe bien de lo que habla. Cuenta este político socialista a El Confidencial que, tras ser abordado diariamente en la calle por personas desahuciadas ("instigadas muchas veces de forma muy agresiva" por los propietarios) durante los últimos dos años comprendió que no podían seguir callados.

La presión ha sido tal que el Partido Socialista ha presentado una medida extraordinaria para frenar los desahucios a mayores de 65 años

"La junta de freguesía (distrito) fue obligada a tomar una decisión: sabiendo que el problema de la vivienda no es de nuestra competencia legal -porque de hecho no podemos actuar en esa materia-, o veíamos el problema crecer bajo nuestros ojos y la freguesía se quedaba vacía de residentes, o intentábamos alertar del mismo. Yo no soy un presidente que se cruza de brazos ante el problema. ¡Fuimos a la lucha! Estamos en lucha en defensa del derecho a vivienda de nuestros residentes".

Así nació "los rostros del desahucio", una iniciativa para, a través de encuentros públicos, "mostrar que el problema de la vivienda es mucho más que una cuestión de números", afirma Coelho. Los vecinos de Santa Maior se reunieron el 5 de abril para romper la tradicional reserva portuguesa y contar su caso. Salieron todos sorprendidos por saber que no eran los únicos con la carta maldita en casa; "despertaron el monstruo", dice el presidente de la junta, que ha creado un gabinete de apoyo jurídico dedicado en exclusiva a este problema y que asesora, entre otros, a Eduardo y Natália.

David contra Goliat

Pero elevar la voz del centro de Lisboa al resto del país no ha sido fácil. El turismo es el nuevo motor económico de Portugal, donde los turistas se han incrementado un 10,6% entre 2009 y 2017. En paralelo, también han aumentado las unidades de alojamiento turístico local. En Santa Maria Maior hay más de 2.000 registradas, a lo que se suma el alojamiento "informal", del que Coelho es consciente. En un país que acaba de salir de la crisis, que presume de indicadores macroeconómicos, alertar del problema de la vivienda en los barrios más atractivos de la ciudad convirtió al presidente de junta de freguesía en un aguafiestas al que nadie quería oír.

"Durante años fue una lucha solitaria. Todos creían que era un problema exclusivamente de esta freguesía y que incluso así estaba exagerando la realidad", recuerda. Pese a ello, no cejó en avisar a sus compañeros políticos. "Les dije innumerables veces: “esto va a ser un problema nacional”. Intenté alertar al Gobierno, al Ayuntamiento de Lisboa, a mi partido. No fui escuchado. Ahora tenemos el problema en las manos".

Lo que no consiguió Coelho lo logró la resistencia vecinal. Decididos tras ese primer encuentro a hacerse oír, han dado entrevistas, posado para fotos e invitado a las cámaras de televisión a subir la cuesta y entrar en sus pequeñas casas, hasta que la presión ha sido tal que el Partido Socialista, a propuesta del propio presidente de la junta de freguesia, ha presentado una medida extraordinaria para frenar los desahucios a mayores de 65 años y personas con discapacidad superior al 60%. La única condición es que hayan residido en la vivienda al menos 15 años. Eduardo y Natália están protegidos hasta marzo del año que viene, cuando concluye esta medida extraordinaria y se espera que un nuevo paquete legislativo para fomentar el alquiler de larga duración esté listo. En cualquier caso, las nuevas normas protegerán especialmente a los jubilados. La lucha de los vecinos más antiguos de Lisboa ha acabado por proteger a toda la tercera edad de Portugal.

Los que ya se han ido

No todos han tenido tanta suerte. Rosa Imaginário, de 61 años, vive ahora en Reboleira, prácticamente a las afueras de Lisboa. Antigua residente de rua do Chão da Feira, número 23. Rosa y su marido, de 63 años, recibieron en enero la carta en la que su casero, que había comprado el edificio tres años antes, les avisaba de que no les renovaría el contrato una vez cumpliese. "Sabíamos que quería hacer un hostel", asegura Rosa, que pagaba 350 euros de alquiler por la casa de una habitación en la que vivía desde hacía más de dos décadas. Ahora afrontan un pago mensual de 550 euros, al menos durante los próximos dos años, el plazo de su contrato en las afueras.

Opinión

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"Llegué a Lisboa con 16 años y viví en cuartos alquilados. Pedía entonces conseguir una casita, y cuando la tuve, pensé: ya es para el resto de mi vida ¡Y ahora resulta que no es así!", se lamenta. Rosa es empleada doméstica y gana poco más de 400 euros al mes; su marido recibe el salario mínimo, 580 euros. La proximidad de la jubilación castiga su descanso y su cuerpo, que ha perdido diez kilos desde que supo que tenía que marcharse del centro. "No sé cómo va a ser mi vida ni cómo voy a reaccionar. Cuando acabe el contrato tendré 63 años y mi marido 65. Mi pensión estará entre 200 y 300 euros".

A Carla Susana da Cunha, artesana de 38 años, no le preocupa tanto su futuro como el de sus hijas, de 16 y 10 años, aunque también habla de la talla de pantalón que ha perdido por el y lo mucho que se han agudizado sus ojeras. Ex Pátio do Carrasco, sin número. Esta misma semana ha entregado las llaves y está ahora en un piso de protección social "de emergencia". Su contrato acababa en septiembre de 2017, fecha a partir de la cual debía dejar la casa porque el casero "dijo que necesitaba otras cosas".

"Nosotros sufrimos bullying inmobiliario. Sé que no existe ese concepto, pero debería"

"'Otras cosas' tiene un nombre: alojamiento turístico", completa. Carla fue a consultas legales para ver si podía hacer algo, y le dijeron que, si no dejaba de pagar el alquiler, de 220 euros, podía retrasar la salida. Vigilaba de día en casa para que no viniera nadie a cortarle la luz, y de noche se escondía en el baño para que sus hijas no la viesen llorar. Pero acabaron por suceder las dos cosas: pasó a vivir a oscuras y las niñas abrieron la puerta del lavabo, así que hizo las maletas.

"Nosotros sufrimos bullying inmobiliario. Sé que no existe ese concepto, pero debería", suelta a pocos metros de la que fue su casa. Ahora espera que se resuelva un concurso para acceder a vivienda de renta baja en el mismo barrio, porque sus hijas están escolarizadas aquí. Su presupuesto máximo: 300 euros.

El drama de la zona no ha acabado, y por eso la resistencia sigue, pero al menos han sentado el precedente. Portugal, que pasó de decir durante la crisis "no somos Grecia" a decir durante el despegue turístico "no somos Barcelona", admite ahora que hay excesos sobre los que puede tomar medidas. Ya no es solo el problema de Miguel Coelho.

"Ahora pasan debajo de la ventana y me gritan: “¡oh, Natália! No estás sola en esto”. Y yo, ¿qué les puedo decir? Pues gracias, muchas gracias", sonríe Correia.