cuestión de dinero... y estabilidad social

Cuba rentabiliza su emigración con una doble ciudadanía (española) inconstitucional

'Convertirse' en español es una de las opciones preferidas por los cubanos para traspasar sus fronteras. Gracias a la Memoria histórica, 100.000 cubanos han obtenido la ciudadanía española

Foto: Migrantes cubanos aterrizan en México procedentes de Panamá para intentar entrar en EEUU desde El Paso. (Reuters)
Migrantes cubanos aterrizan en México procedentes de Panamá para intentar entrar en EEUU desde El Paso. (Reuters)

En 2017, alrededor de 13.500 cubanos con ciudadanía española solicitaron la ayuda otorgada por el Gobierno de Madrid a “personas en extrema necesidad”. Cada uno de los elegidos, cuyo número en esa ocasión sobrepasó los 5.700, recibió 200 euros, una cifra irrelevante a los ojos del europeo común, pero que en la Isla basta para marcar diferencias de peso en prácticamente cualquier economía familiar.

“Mire si es importante que el año pasado, con ese dinero, pudimos comprar hasta la cuna de mi bisnieto”, confiesa Marta, una habanera de 76 años de edad que gracias a la Ley de Memoria Histórica (LMH) adquirió la ciudadanía porque su abuelo llegó a la Isla en 1911. Nunca ha visitado España, ni tiene entre sus planes hacerlo. Cruzar el Atlántico es en realidad el sueño de sus dos hijas y su nieto mayor, a quienes no desalienta ni siquiera el temor a “la crisis”. “Se puede ir a probar suerte allá o en cualquier otro lugar del mundo. El pasaporte español abre muchas puertas”, opinan.

Alexander, otro habanero, lo sabe por experiencia. Desde el día en que se hizo ciudadano español a vida le cambió para mejor. Dejó su trabajo de contador en una empresa estatal, reunió ahorros y comenzó a viajar como “mula” a países del Caribe y a Rusia, trayendo ropas, artículos electrónicos y piezas de autos. “Cuando eliminaron la prohibición de salir al exterior, ya yo llevaba alrededor de tres años yendo y viniendo, y había aprovechado al máximo ese mercado. Con el dinero que gané, pude montar mi propio negocio (una casa de arrendamiento a extranjeros), algo que me hubiera resultado imposible siendo solo un ‘cubano de Cuba’”.

'Convertirse' en español es una de las opciones preferidas por los lugareños en su objetivo de traspasar las fronteras de la Isla. Pero no es la única a disposición de su ingenio. “En los años que llevo en este negocio, he visto de todo: negros ‘carbón’ haciéndose papeles para viajar a Alemania o blancos retintos que dicen estar a punto de recibir la ciudadanía jamaicana. Con tal de ‘montarse en el avión’, hay gente que es capaz de casi cualquier cosa”, cuenta María del Carmen, dueña de un negocio de impresión de documentos en el municipio capitalino de Plaza de la Revolución.

Los hechos le dan la razón. Solo gracias a la LMH, más de 100.000 cubanos han obtenido la ciudadanía española y un número similar se encuentra en trámites para hacerlo. A ambos grupos deben sumarse los miles de estudiantes que cada año se agencian becas universitarias, tanto en España como en naciones latinoamericanas -Brasil, Chile y México son las más “solicitadas”–, en una tendencia que no parece llamada a revertirse.

En enero, las estadísticas oficiales aseguraban que alrededor de 819.000 819 cubanos habían viajado al exterior desde la entrada en vigor de la “nueva legislación migratoria” promulgada cinco años antes. Aunque la misma nota resaltaba que “solo 11% de esos viajeros establecieron su residencia permanente en otro país y pasaron a tener estatus de emigrado”, cualquier hijo de vecino sabe que buena parte de los incluidos en el restante 89% no viven en la Isla.

La mayoría viene una o dos veces al año, por pocos días, para ver a la familia o que le atienda el médico”, reconoce una funcionaria de la Dirección de Inmigración e Identificación, la dependencia del Ministerio del Interior a cargo del tema. La ley, sin embargo, es clara al respecto: “Todos los ciudadanos cubanos pueden permanecer hasta 24 meses en el exterior, sin que por ello pierdan su residencia permanente”.

Migrantes cubanos hacen cola para desayunar en un centro en La Cruz, Costa Rica, en noviembre de 2015. (Reuters)
Migrantes cubanos hacen cola para desayunar en un centro en La Cruz, Costa Rica, en noviembre de 2015. (Reuters)

Cuestión de dinero… y estabilidad social

A comienzos de este mes, las autoridades de La Habana dieron el pistoletazo de salida para la redacción de una nueva Carta Magna. La tarea está en manos de una comisión de 33 miembros encabezada por Raúl Castro, quien a mediados de abril -durante la entrega oficial de la presidencia- ya había anticipado un texto sin grandes sorpresas. En particular, respecto al sistema político: “el Partido debe continuar como vanguardia organizada y fuerza dirigente superior de la sociedad y el Estado, como establece el Artículo número 5 de la actual Constitución, y que en la próxima defenderemos que se mantenga en el mismo Artículo”, señaló enfático.

De acuerdo con observadores, los principales temas en la agenda tendrán que ver con la limitación formal de los mandatos públicos, la reorganización del aparato burocrático y la modificación del articulado relativo a las formas de propiedad (sobre todo, para dar amparo a la inversión extranjera). Tampoco sorprendería un reconocimiento explícito a la diversidad sexual, como “pago” por el respaldo de la comunidad LGTBIQ.

Uno de los puntos por definir en el nuevo texto constitucional es el estatus de los cerca de dos millones de cubanos radicados fuera de la Isla y los cientos de miles que ostentan alguna otra ciudadanía, circunstancia esa última expresamente prohibida por la ley. De hecho, todavía los reglamentos del Partido Comunista consideran inaceptable que sus militantes posean “otra ciudadanía además de la cubana”. Tal fue la condición de un número indeterminado de acogidos a la Ley de Memoria Histórica, quienes debieron abandonar las filas en años recientes.

Tanto rigor para con los integrantes de la “vanguardia política de la Revolución” contrasta con el pragmatismo respecto a otros sectores. En especial, cuando el asunto se mira bajo el prisma de la economía. Así lo confirmaba a principios de este mes el embajador de La Habana en Washington, José Ramón Cabañas, al intervenir en un evento organizado por el Center for International Policy. “El principio por el que nos regimos es que todo cubano –y puede que tenga una segunda o una tercera ciudadanía– cuando vuelve a Cuba, en nuestra frontera, es cubano. Y no esperamos ningún cambio en ese sentido”. En otras palabras, todos los nacidos en la Isla deben contar con su pasaporte local, incluso si llevan décadas residiendo en el exterior.

El problema radica en los dilatados trámites establecidos para adquirir ese documento (válido durante seis años) y su alto precio: 90 euros si el proceso se desarrolla dentro de la Isla; entre 180 y 310 euros más allá de fronteras, dependiendo del sitio de residencia del emigrado (el coste más alto es en Estados Unidos). Además, cada dos años es obligatoria la renovación de la cartilla, previo pago de sumas que van desde los 90 euros hasta alrededor de 140.

Se trata de un negocio redondo, sobre todo si se tiene en cuenta que solo en 2017 más de 430.000 cubanoamericanos viajaron a su país natal, continuando la tendencia progresiva de calendarios anteriores.

“Fue a raíz de la entrada en vigor de la ley española De la Memoria Histórica, más conocida entre nosotros como Ley de Nietos, que apareció esta duplicidad, pues los cubanos que no tenían interés de perder la ciudadanía cubana adquirieron la ciudadanía española con la finalidad de acceder con más facilidad a los trámites de salida del país”, explica en un detallado estudio sobre el tema la doctora en Ciencias Jurídicas Martha Prieto Valdés, profesora de Derecho Constitucional y teoría general del Estado en la Universidad de La Habana. Todas las constituciones promulgadas en la Isla a lo largo de su historia han tenido como principio que la “adquisición de otra ciudadanía provoca la pérdida de la ciudadanía cubana (pero) esa pérdida no es automática, ni podría serlo (…) al no existir la vía para la renuncia de la ciudadanía originaria”, señala.

Los líderes cubanos tienen entre sus prioridades incrementar los ingresos. Poco importa si el dinero llega cruzando fronteras

A juicio de la catedrática, la solución más viable pasaría por brindar “la posibilidad de tener dos ciudadanías (…) una pasiva y otra en ejercicio”, aunque con la condición de que en el territorio nacional “el cubano solo podrá ostentar, reclamar y ejercer los derechos y deberes que derivan del vínculo político-jurídico con el Estado cubano”.

La decisión final que al respecto adopten los constituyentes es una incógnita virtualmente imposible de anticipar. Sin embargo, analistas como el también doctor en Ciencias Jurídicas Julio Antonio Fernández Estrada, han llamado la atención sobre el hecho de que en dicha comisión no tiene plaza ningún investigador especializado en Derecho o tan siquiera los principales directivos del Ministerio de Justicia, el Tribunal Supremo y la Fiscalía General de la República.

A todas luces, la constitución por venir será confeccionada como un traje a la medida de las urgencias que afronta la dirigencia cubana, la cual tiene entre sus prioridades incrementar ingresos. Poco importa si estos llegan cruzando fronteras.

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