INFORME DE AMNISTÍA SOBRE NICARAGUA

“Disparar a matar”: Ortega desata una represión letal contra los manifestantes

El Gobierno de Nicaragua ha adoptado una estrategia de represión caracterizada por ejecuciones extrajudiciales, uso excesivo de la fuerza y de grupos parapoliciales para sofocar protestas

Foto: Un joven protesta el 18 de mayo de 2018, en la ciudad de Managua. (EFE)
Un joven protesta el 18 de mayo de 2018, en la ciudad de Managua. (EFE)

El Gobierno de Nicaragua ha adoptado una estrategia de represión caracterizada por ejecuciones extrajudiciales, el uso excesivo de la fuerza y el uso de grupos parapoliciales para sofocar protestas en las que ya han muerto al menos 83 personas. Así lo denuncia un informe de Amnistía Internacional en un nuevo informe hecho público este martes, en el que se responsabiliza al Ejecutivo de Daniel Ortega de mantener una táctica represiva "en ocasiones intencionalmente letal".

Las manifestaciones, encabezadas principalmente por estudiantes, empezaron el 18 de abril en reacción a los recortes en la Seguridad Social pero se transformaron en un estallido social tras la violenta respuesta por parte del Gobierno. Los jóvenes, apoyados por una parte importante de la población, cambiaron sus demandas para exigir la renuncia de Ortega. Hasta el 28 de mayo, al menos 83 personas habían muerto, 868 habían resultado heridas y 438, detenidas en la contuendente, y sumamente coordinada, respuesta a las protestas.

“Las autoridades nicaragüenses se han vuelto contra su propia gente en un ataque cruel, sostenido y -con frecuencia- letal a sus derechos a la vida, la libertad de expresión y la libertad de reunión pacífica. A continuación, el Gobierno del presidente Ortega ha tratado descaradamente de encubrir estas atrocidades, violando el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación”, explicó ayer Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

En base a la documentación obtenida, AI sostiene que "no solo se privó arbitrariamente de la vida en el marco de la protesta y del uso excesivo de la fuerza, sino que además considera que con base en el patrón identificado, un elevado número de casos podrían considerarse ejecuciones extrajudiciales". El estudio, titulado "Disparar a matar" documenta el uso que la policía nicaragüense hace de las armas letales, el gran número de personas heridas por arma de fuego, la trayectoria de los disparos efectuados, la concentración de heridas de bala en la cabeza, el cuello y el pecho de las personas muertas, y los intentos de obstaculizar la justicia y encubrir la naturaleza de los homicidios.

El informe fue realizado en Nicaragua por una misión de Amnistía Internacional entre el 4 y el 13 de mayo pasados "para investigar las denuncias de graves violaciones de derechos humanos". La misión, formada por un equipo de expertos, visitó las ciudades de Managua, León, Ciudad Sandino y Estelí, y realizaron más de 30 entrevistas personales, así como el estudio y documentación de 16 casos, 9 de ellos de personas fallecidas.

Dentro de la estrategia de represión, Amnistía destaca el discurso de negación e invisibilidad de dicha represión y sus consecuencias, la estigmatización pública por parte del Gobierno de los manifestantes o la utilización de grupos parapoliciales. "La aquiescencia estatal con la que actúan estos grupos se manifiesta en el hecho de que la mayoría de los ataques se comete por particulares en presencia de la fuerza pública o en coordinación con ellos, y en el hecho de que la Policía no persigue su actividad delictiva sino que permite su huida y dispersión", indica.

Según Amnistía, el uso de grupos parapoliciales, conocidos también como “turbas sandinistas”, ha desempeñado un papel fundamental en la represión de las manifestaciones, pues las autoridades les han permitido atacar a manifestantes, incitar a la violencia y sembrar el miedo entre la población, reforzando así tanto el poder represivo del Estado como su capacidad de negar la responsabilidad en los ataques.

La organización también denuncia los actos de encubrimiento y obstaculización en la investigación, la denegación de la atención médica en los hospitales o los intentos de control de la prensa. "Durante las primeras semanas de la crisis, las autoridades también violaron el derecho de la población a acceder a la información bloqueando la transmisión de cuatro canales de televisión que cubrían las protestas. Una emisora de radio fue incendiada, al menos a una docena de periodistas les robaron, amenazaron o atacaron, y a un reportero, Ángel Gahona, lo mataron de un tiro mientras retransmitía en directo en la ciudad costera de Bluefields", señala AI.

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