Caso Heckler & Koch

Alemania se enfrenta a la cara más oscura del negocio armamentístico

El mayor juicio por exportación ilegal de armas cortas de la historia de la República Federal genera dudas sobre el correcto funcionamiento del Estado de derecho

Foto: Una pistola fabricada por Heckler
Una pistola fabricada por Heckler

La noche del 26 de septiembre de 2014 algo cambió en México: 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa fueron víctimas de una desaparición forzada a manos de la policía local del municipio de Iguala, en aparente colusión con el crimen organizado. La desaparición de los 43 de Ayotzinapa, todavía hoy en paradero desconocido, se convirtió en un caso paradigmático de las violaciones sistemáticas de los Derechos Humanos en México y supuso un cambio de percepción de la grave situación del país latinoamericano más allá de sus fronteras.

Los 43 estudiantes no fueron las únicas víctimas aquella noche: seis personas más murieron y 40 resultaron heridas por disparos de las fuerzas armadas. El ejército empleó fusiles de asalto G36, de fabricación alemana, como demuestran documentos oficiales de la fiscalía general mexicana. El municipio de Iguala está situado en el Estado de Guerrero. Este último es considerado una región de crisis por el Gobierno alemán. Esos fusiles no deberían, por tanto, haber llegado nunca allí, según establece la propia ley alemana, que prohíbe explícitamente la exportación de armas a regiones y países no pertenecientes o asociados a la OTAN en las que se violan los Derechos Humanos.

El desenlace servirá para certificar o desacreditar las sospechas sobre las profundas relaciones entre el Estado y el lobby de la industria armamentística

Pese a ello, la empresa armamentística suaba Heckler & Koch (H&K) decidió exportar miles de fusiles G36 entre 2006 y 2009 por valor de más de cuatro millones de euros. H&K presuntamente sabía que esas armas llegarían a Guerrero, Jalisco, Chiapas y Chihuahua, cuatro Estados mexicanos incluidos en la lista de regiones en crisis del Gobierno federal alemán. Las víctimas de la noche del 26 de septiembre de 2014 muy probablemente no fueron las únicas que generaron los fusiles de fabricación alemana: las armas incluso podrían haber llegado a manos del crimen organizado, como apuntan organizaciones defensoras de Derechos Humanos.

El pasado 15 de mayo comenzó en la Audiencia Regional de Stuttgart un juicio contra cinco extrabajadores de H&K y contra la misma empresa. Es el proceso más importante de la historia de Alemania por un caso de exportación ilegal de armas cortas, “precisamente las que más personas más matan en el mundo, dos tercios de las víctimas de todas las guerras”, subraya Jürgen Grässlin, el activista, pacifista, periodista y escritor que destapó el caso en 2010 gracias a una fuente interna de H&K.

El 'caso Heckler & Koch' coloca a Alemania ante la cara más oscura del negocio de exportación de armas y quién sabe si podría cambiar la percepción que su opinión pública tiene sobre la importante industria armamentística de la economía más fuerte de la Unión Europea. Según el instituto sueco de estudios de paz SIPRI, Alemania es la quinta potencia exportadora de armas del mundo. Los críticos del modelo, entre los que se cuenta Jürgen Grässlin, vienen denunciando desde hace años que buena parte de las armas que Alemania exporta al mundo acaban sirviendo para violar Derechos Humanos en lugares como Guerrero.

“Es un proceso absurdo”

“El proceso que tiene lugar en Stuttgart es absolutamente absurdo debido a las deficientes e insuficientes investigaciones de la Fiscalía”, declara Jürgen Grässlin a El Confidencial. El activista y su abogado fueron los que interpusieron la demanda contra H&K y también contra representantes del Estado alemán en 2010. Además de los ocho años que transcurrieron desde la denuncia hasta el inicio efectivo del juicio, Grässlin echa en falta que el Estado alemán esté sentado en el banquillo de los acusados y critica que la Fiscalía incluso lo denunciase a él y otro periodista por haber publicado informaciones que formaban parte de la instrucción. “La Fiscalía nunca nos agradeció el envío de los documentos oficiales procedentes de México, teníamos incluso la sensación de que les molestaba, de que nos los querían recibir”, asegura Grässlin.

Los ocho años transcurridos hasta el inicio del juicio se hacen difícilmente explicables en un país en el que las instituciones suelen ser diligentes en este tipo de casos. Las sombras sobre el proceso aumentaron cuando los denunciantes vieron certificadas sus sospechas: los posibles delitos cometidos por los representantes del Estado (los que tuvieron que dar obligatoriamente la luz verde a la exportación de los fusiles G36 a México) prescribieron cinco años después del último envío de armas al país latinoamericano. Es decir, en 2014. Las autoridades públicas declararán, por tanto, como testigos, pero no tendrán que hacer frente a ningún tipo de condenas incluso si se confirman responsabilidades legales.

Según una investigación interna de la compañía, hubo donaciones a parlamentarios de la CDU y del FDP para recibir más permisos para la venta de armas a México

“Nosotros creemos que las autoridades públicas alemanas y los correspondientes ministerios sabían que era una irresponsabilidad vender armas a México. Pero México es un importante socio político y comercial de Alemania. Suponemos, por tanto, que consideraciones políticas y económicas jugaron un papel importante”, asegura a El Confidencial Carola Haussoter, jurista y representante de la Coordinación alemana por los Derechos Humanos en México, una red que aglutina a una veintena de organizaciones no gubernamentales y que participa como observadora en el proceso de Stuttgart.

Dada la prescripción de los posibles delitos cometidos por funcionarios del Estado alemán, Haussoter espera que el 'caso H&K' sirva por lo menos para generar un debate público sobre las consecuencias que genera la industria armamentística y tal vez incluso para la creación de una comisión de investigación en el Bundestag (parlamento alemán) que pueda depurar posibles responsabilidades de representantes públicos que ya no pueden ser castigadas por la justicia.

Otro de los aspectos que llama la atención de juicio de Stutggart es la biografía de uno de los cinco acusados: antes de convertirse en directivo de H&K, Peter Beyerle fue juez y presidente de la Audiencia Provincial de Rottweil, el mismo distrito en el que se encuentra la empresa armamentística. A Jürgen Grässlin le cuesta no ver una correlación entre el pasado de Beyerle y la enorme demora para el inicio del juicio. “Todo el proceso apesta”, dice el periodista, que no espera grandes condenas para los cinco acusados y duda que el Estado de Derecho y la separación de poderes estén funcionando correctamente en este caso en Alemania.

Estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa protestan ante la Fiscalía en Chilpacingo, Guerrero. (Reuters)
Estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa protestan ante la Fiscalía en Chilpacingo, Guerrero. (Reuters)

¿Financiación de partidos?

Poco días después del inicio del proceso en Stuttgart, la televisión alemana ARD emitió un reportaje que lanzaba aún más sombras e interrogantes sobre el 'caso H&K': según la cadena, que cita extractos de una investigación interna de la compañía, representantes de la empresa hicieron donaciones a parlamentarios democristianos de la CDU y los liberales del FDP (ambos partidos entonces en el Gobierno federal) en 2009 y 2010 con la esperanza de recibir más permisos para venta de armas a México.

La televisión no puede mostrar o citar fragmentos del informe interno de H&K por estar todavía en manos de la justicia. La Fiscalía confirmó, sin embargo, que había recibido la información sobre esos presuntos sobornos a parlamentarios alemanes y que había archivado temporalmente la investigación en enero de 2017 a la espera de que haya una sentencia firma en el 'caso H&K'.

La Audiencia Regional de Stuttgart tiene previsto tener el juicio listo para sentencia a finales del próximo octubre. El desenlace de este juicio histórico servirá no sólo para impartir justicia, sino también para certificar o desacreditar las sospechas que el activista Jürgen Grässlin lanza sobre las profundas relaciones entre ciertas instituciones del Estado alemán y el lobby de la industria armamentística germana. Según datos de la Asociación Federal de la Industria de Defensa y Seguridad alemana (BDSV, en sus siglas en alemán), el sector generó en 2014 una actividad económica superior a los 28.000 millones de euros.

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