El nuevo país 'democrático' en el que denunciar una masacre te lleva a la cárcel

Durante años, acceder a ciertas partes del estado Rakhine, una región de Myanmar situada en la frontera con Bangladesh, ha sido una tarea casi imposible para cualquier ojo ajeno, especialmente el de periodistas. Desde 2012, la región ha estado sumergida en una ola de violencia sectaria entre los budistas, mayoría en el país, y los rohingyas, una minoría musulmana que se concentra en esa zona. El Gobierno inició entonces una política segregacionista, confinó a los musulmanes en campos de refugiados y cerró la región a cal y canto ante las acusaciones por parte de la comunidad internacional de crímenes contra la humanidad. Entrar en Rakhine se volvió incluso más complicado después de que en agosto del año pasado el Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA), un nuevo grupo insurgente, organizara un ataque contra puestos militares y el ejército lanzara una contraofensiva que ha hecho huir a 700.000 refugiados hacia Bangladesh.

La represión del gobierno y las políticas segregacionistas han sido tales que la ONU ha calificado la situación de un “genocidio de manual”. Pero ante tantas restricciones, conseguir pruebas concretas sobre los ejecuciones extrajudiciales que testimoniaban los refugiados ha sido casi imposible. Wa Lone y Kyaw Soe Oo, dos periodistas locales que trabajan para la agencia internacional Reuters, navegaron sin embargo a través de todas esas dificultades y documentaron el asesinato por parte del ejército de diez aldeanos del pueblo de Inn Din, en Rakhine, que tuvo lugar en el mes de septiembre.

Myanmar, sin embargo, un país que inició un proceso de apertura política en 2011 tras casi cinco décadas de dictadura militar, no toleró la ofensa de que alguien se saltara sus restricciones y acusó a Wa Lone y Kyaw Soe Oo de desvelar secretos oficiales. El pasado miércoles, un tribunal rechazó retirar los cargos y los periodistas se enfrentan ahora a 14 años de cárcel. Los ejecutores de la masacre, siete soldados, fueron condenados a diez años de prisión por asesinato un día antes.

Myanmar lleva meses ocupando portadas y editoriales en la prensa internacional por el éxodo masivo de rohingyas que huyen de la dura represión del ejército birmano. Sin embargo, los rohingyas, que son considerados inmigrantes ilegales en Myanmar, llevan décadas viviendo en una especie de limbo y desde 1982, se les ha denegado la ciudadanía, lo que les convierte en una de las poblaciones apátridas más grandes del mundo.

TE PUEDE INTERESAR

Devolver a 600.000 personas al infierno del que huyeron

Laura Villadiego. Bangkok

Pero la violencia de los últimos meses apenas tiene precedente. Así, la masacre de Inn Din no ha sido la única que los medios han conseguido documentar. La agencia Associated Press también ha hallado pruebas de cinco fosas comunes en otro pueblo de la zona, Gu Dar Pyin. Varias organizaciones internacionales han denunciado también las políticas del Gobierno. En 2016, Amnistía Internacional publicó un informe en el que denunciaba que las fuerzas de seguridad “han cometido violaciones de derechos humanos generalizadas y sistemáticas contra [los rohingyas] incluso dirigidas de forma deliberada hacia la población local, sin importarles su conexión con los militantes”.

Human Rights Watch lleva años publicando imágenes de satélite de pueblos musulmanes reducidos a cenizas mientras que la Burma Human Rights Network (Red de Derechos Humanos de Birmania) aseguró en un informe el año pasado que se están creando pueblos 'libres de musulmanes'.

La cara déspota de Suu Kyi

Cuando en noviembre de 2010, la junta liberó a la entonces líder la oposición y defensora de la democracia, Aung San Suu Kyi, tras años de arresto domiciliario, pocos creían aún que los militares iban a cumplir su promesa de apertura política. Sin embargo, durante los meses siguientes, esa tensión permanente que se respiraba siempre en las calles de Myanmar se fue relajando poco a poco. Los retratos de La “Dama”, como también se conoce a Suu Kyi, abandonaron los rincones oscuros en los que muchos de sus incondicionales los escondían y empezaron a llenar las calles. La prensa también comenzó a florecer y los quioscos se llenaron de nuevas publicaciones después de que las restricciones, especialmente la censura previa, se relajaran.

Sin embargo, el Gobierno se guardó ases debajo de la manga. Además de mantener leyes represivas como la Ley de Secretos Oficiales por la que se ha acusado a los dos periodistas de Reuters, en 2013 aprobó una nueva Ley de Telecomunicaciones con un polémico apartado, la sección 66d, que prevé hasta tres años de cárcel para cualquiera que utilice “una red de telecomunicaciones” para extorsionar, difamar, amenazar o molestar, entre otros. “Esta ley ha abierto la puerta a una ola de acusaciones criminales de individuos por comunicaciones pacíficas en Facebook y ha sido utilizada cada vez más para reprimir las críticas a las autoridades”, denunciaba Human Rights Watch en un comunicado.

Contra toda expectativa, la ley apenas fue utilizada por el Gobierno semi-civil, compuesto fundamentalmente por antiguos militares, que dirigió el país entre 2011 y 2016 y ha sido su sucesor, un gabinete liderado por Suu Kyi, quien se ha servido de ella para acallar las críticas a su gestión. Así, según la página 'Say No to 66D' (Di no al 66D), hubo una veintena de casos abiertos bajo este artículo desde principios de 2015 y el cambio de gobierno en abril de 2016. Sin embargo, durante los primeros tres meses del Ejecutivo de la Liga Nacional para la Democracia, el partido de Suu Kyi, el apartado se utilizó 29 veces. En el tercer trimestre de 2017, el último para el que la organización tiene cifras, se dieron 106 casos.

La ley no ha sido, sin embargo, utilizada para parar frenar el odio racial contra los rohingyas, que se ha expandido como la pólvora en Facebook. El mismo Mark Zuckeberg reconoció en un email enviado a varios activistas que la red social ha sido una herramienta clave en la campaña de sentimiento antimusulmán en el país, según AFP. En enero, Facebook cerró el perfil del polémico Wirathu, un monje extremista que ha alimentado el odio contra los musulmanes, y ha empezado a regular contenidos.

La opresión ejercida por Suu Kyi y su pasividad ante la represión que el ejército está llevando a cabo en Rakhine ha levantado ampollas entre la misma comunidad internacional que durante décadas apoyó su activismo pro-democracia. El caso contra los dos periodistas de Reuters ha sido, sin embargo, la gota que ha colmado el vaso ya que fueron arrestados incluso antes de que publicaran su historia. “El trato a estos reporteros amenaza la libertad de expresión. Las duras penas a las que se enfrentan mandan un mensaje claro a otros periodistas de que podrían enfrentarse a las mismas consecuencias por hacer su trabajo”, aseguró Frederick Rawski, el director para Asia-Pacífico de la Comisión Internacional de Juristas en un comunicado en diciembre pasado, cuando los periodistas fueron arrestados.

Desde entonces, Wa Lone y Kyaw Soe Oo viven en una celda de la celebre cárcel de Insein, donde la junta militar solía confinar a buena parte de sus presos políticos, un recinto que sólo abandonan para ir a las sesiones de su caso. En la última, en la que se decidió que su caso continuaría adelante, Wa Lone, que cumplía ese día 32 años, mostró a los fotógrafos sus manos esposadas y levantó los pulgares en señal de 'todo va bien'. “Creo en la democracia”, dijo Wa Lone a un reportero del 'Wall Street Journal'. “Creo que algún día seremos liberados de este caso”.