Esperar la horca en una celda de 1,5 metros: historia de una pareja y una pena de muerte

Tiene el rostro demacrado, los ojos hundidos, un halo de tristeza que acompaña cada una de sus palabras y de sus gestos como una melodía. Pero hay algo más revelador quizá: sus ojos son opacos. Es como si estuvieran velados; como si sus pupilas dilatadas y sombrías fueran la puerta a la oscuridad que alberga su corazón. La tenebrosidad de una celda lóbrega y húmeda, la misma, quizá, en la que desde hace dos años el esposo de Safaa Morsy, Fadl El Mawla, espera su ejecución en la prisión de Burj el Arab, en Alejandría. “Es como una tumba. Mide un metro y medio por tres. Está por debajo del nivel del suelo y sólo tiene una ventana pequeña que no permite entrar la luz del sol y no tiene baño”.

En el corredor de la muerte, la celda de ejecución “no es un lugar para los vivos, sino para los muertos”, musita Morsy.

Aparte las inhumanas condiciones en las que espera ser colgado, de que sólo se le permita (cuando se le permite) salir a caminar una hora al día, o el hecho de que en el reducido espacio de la celda se le mantenga bien en confinamiento solitario o hacinado con otros dos presos, el caso de Fadl El Mawla representa, según el abogado Fares Mansour, una tendencia en el sistema judicial egipcio. El abogado de Mawla, que colabora con el centro Adalah por los derechos y libertades, una ONG con sede en El Cairo, explica que en los últimos años el número de condenas a muerte y de ejecuciones se ha incrementado exponencialmente, y éstas se han politizado. Sólo en lo que va de año se ha colgado a 23 condenados.

Entre 1981 y 2000, se condenó a la pena capital a 709 personas. 249 fueron ajusticiadas en ese periodo de casi 20 años. En 2017 los tribunales egipcios, tanto civiles como militares, emitieron un total de 375 condenas a muerte, según un informe reciente publicado por la Iniciativa Egipcia para los Derechos Personales y el Centro Adala para los Derechos y las Libertades. Esta misma semana un tribunal penal militar ha condenado a la horca a 36 supuestos miembros del Daesh acusados de llevar a cabo atentados contra iglesias en 2016 y 2017 que dejaron más de un centenar de muertos. El veredicto ha sido remitido al gran muftí de la mezquita de Al-Azhar para que lo ratifique como paso previo a la confirmación de la sentencia, aunque su opinión no es vinculante.

Se pueden castigar con la pena de muerte los cargos de asesinato premeditado, terrorismo, espionaje y traición, además de algunos casos de secuestro y violación, según el código penal egipcio. Pero los cargos de terrorismo y amenaza a la seguridad de la nación han dado lugar a condenas a muerte en masa, especialmente de Hermanos Musulmanes, desde la llegada al poder de Abdel Fatah al Sisi. El exmilitar fue elegido tras dar un golpe de Estado que apeó del poder al miembro de dicha hermandad Mohamed Mursi. Tras la asonada militar en 2013 el grupo fue ilegalizado y se les considera organización terrorista. Gran parte de la cúpula está en la cárcel sirviendo diferentes condenas, y sus miembros han sido purgados de las instituciones. Muchos han sido forzados al exilio y han encontrado refugio en países como Turquía.

El caso de Mawla encaja en el perfil. Fue detenido por el asesinato de un taxista durante una manifestación en Alejandría el día después del desalojo de Rabaa al Adawiya en El Cairo en agosto de 2013. Más de 1.150 personas murieron a manos de las fuerzas de seguridad egipcias, según datos de Human Rights Watch. Los manifestantes islamistas se congregaban en dos plazas de la capital egipcia para defender la legitimidad del presidente Mursi tras el golpe de Estado.

Mawla es un ingeniero casado desde hace 24 años, con cinco hijos y simpatizante de los Hermanos Musulmanes. Se le detuvo en el club de ingenieros de la ciudad mediterránea de Alejandría junto a otros miembros de la hermandad el día de la protesta. Su abogado cuenta que la televisión pública emitió imágenes del arresto, junto a otros miembros de la hermandad, pero nunca vinculó la detención con el asesinato del taxista. “El caso de Fadel El Mawla estuvo lleno de irregularidades”, explica el letrado. La condena se basó principalmente en el testimonio de un testigo, el pasajero del taxi, que cambió su versión de los hechos cinco veces.

“Después de que se emitiera la sentencia de muerte nos sorprendió que el testigo se dirigió al fiscal general para ofrecer su testimonio una vez más. Esta vez confesó que los que lo presionaron para ofrecer falso testimonio acusando a Fadl El Mawla del crimen fueron los Dirección de Seguridad en Alejandría”, detalla Mansour. “Sin embargo el tribunal no le llamó para interrogarle y no detuvo la sentencia de muerte”, concluye. Mawla no pudo tampoco presentar evidencias durante el juicio, ni a sus propios testigos.

Pero no sólo al ejecutarse las sentencias se produjeron irregularidades. Las condenas a muerte se dictan principalmente en juicios militares que carecen de integridad, denuncia Sarah El Sherif, de la organización contra los Juicios Militares a civiles. En muchos casos los interrogatorios se hicieron sin la presencia de abogados “y muchos procesados denuncian haber confesado después de que les torturaran”, subraya.

Los tribunales penales condenaron a 260 acusados a muerte en 2017 por 81 casos, de los cuales 224 están bajo custodia", según el informe elaborado por EIPR y Adala. Al menos 49 personas fueron ejecutadas en Egipto en 2017, el doble que el año anterior y siete veces más que en 2015. Las ONG locales manifiestan su preocupación por esta tendencia que ha llevado a Egipto a convertirse en el 6º país del mundo que más aplica la pena de muerte.

TE PUEDE INTERESAR

Egipto: regreso a la peor de las dictaduras

Nuria Tesón. Estambul

Al menos 26 personas están pendientes de ejecución inmediata, aunque AlSherif explica que no lo saben con seguridad porque no les facilitan los datos. “Lo cierto es que no tenemos forma de saber ni si quiera el número real de condenados a muerte”, explica AlSherif. En 2015 había al menos 1.700 personas condenadas a muerte en Egipto, pero no hay cifras oficiales disponibles debido al secretismo que el Estado mantiene en todo lo que rodea a la pena capital, según la base de datos de pena de muerte del centro de Cornell sobre la pena de muerte en el mundo.

El mes pasado, 13 organizaciones de Derechos Humanos remitieron una carta al Secretario General de Naciones Unidas pidiéndole que presione a Egipto para frenar esas ejecuciones inmediatas como un primer paso a la abolición de la pena capital.

A la esposa de Al Mawla se le contrae la mandíbula al pararse a pensar cómo será la vida cuando le ejecuten. Asegura que mantiene la esperanza, que Dios no le dará algo que no pueda soportar y que, en este momento, “es incapaz de soportar que le ejecuten”. Las noches del lunes las pasa en vela. Los martes son los días de ejecución en el país del Nilo. “Toda la noche estoy preocupada y no puedo dormir. Los martes por la mañana tengo demasiado miedo para encender el televisor por si me encuentro con noticias que… no satisfactorias”.

Le cuesta mirar a su hijo mayor, que permanece en un segundo plano observándola mientras la mujer trata de mantener la compostura cogiendo de cuando en cuando la foto de sus esposo.

“Todas las víctimas y sus familiares tienen el derecho a saber cuándo y dónde morirán tras la sentencia”, lamenta AlSherif, pero sus derechos son vulnerados incluso después de las condenas. El abogado de Fadel Al Mawla detalla la tortura sicológica contra los que esperan ejecución. “Les amenazan y les aterrorizan diciendo que van a ser ejecutados al día siguiente”. E incluso tras su muerte. “La fiscalía, tanto si es civil como si es militar, fuerza a las familias a no tener un funeral. No les dejan recibir condolencias y los entierros se hacen durante la noche cuando no hay gente”, detalla el letrado. “Esto muestra la línea dura que el régimen sigue contra aquellos que se oponen a él”, concluye Mansour.

Egipto celebró elecciones presidenciales a finales de marzo, y Sisi se alzó con una victoria cantada con el 97% de los votos y dudas sobre una posible la manipulación porcentaje de votantes, que oficialmente fue del 40%. Mientras, en la cárcel quedan más de 40.000 prisioneros políticos y entre ellos al menos 60 periodistas. La fiscalía ha pedido pena de muerte para el fotógrafo Mahmud Abu Zeid, Shawkan. Shawkan lleva más de cuatro años y siete meses en prisión preventiva ilegal tras haber agotado el periodo máximo de dos años que establece la ley egipcia. Además está enfermo de Hepatitis C. Su caso se ha vinculado a un macroproceso contra supuestos Hermanos Musulmanes detenidos durante el desalojo de Rabaa al Adawiya. El fotoperiodista se encontraba trabajando para la agencia Demotix cuando le detuvieron y desde entonces permanece en prisión y ha acudido ante el juez más de 50 veces. La próxima vista se celebra el sábado 14 de abril.

“El pueblo ha saboreado la injusticia, todos han probado la injusticia, no sólo un grupo concreto”, explica Safaa Morsy. “Todos. Pero la gente está asustada y piensa ‘si hablo iré a la cárcel yo también, y si hago algo o digo algo, lo que les ha sucedido a ellos me sucederá a mí”.