El Gobierno alemán no vetará la extradición de Puigdemont, según 'Der Spiegel'

El Gobierno alemán no vetará una eventual decisión de la Justicia de extraditar a España al expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont, como quieren los abogados de la defensa, según informaciones del semanario 'Der Spiegel'. El Ejecutivo de Angela Merkel, apunta la revista citando fuentes gubernamentales, considera que dar ese paso - el veto - sería una "afrenta jurídico-política hacia los estados federados", a los que se han transferido las competencias de autorizar las extradiciones.

Puigdemont, procesado en España por rebelión y malversación de fondos públicos en el marco del proceso secesionista, fue detenido el pasado domingo en el norte de Alemania poco después de cruzar la frontera danesa y enviado a prisión mientras la Fiscalía del estado de Schleswig Holstein estudia la euroorden española. La Fiscalía debe decidir, previsiblemente después de Semana Santa, si pide la extradición a la Audiencia Territorial de Schleswig, encargada de la resolución del caso.

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Según 'Der Spiegel', la Fiscalía se ha puesto ya de acuerdo con el Ministerio alemán de Justicia, que no tiene intención de vetar una eventual extradición. En conversación telefónica el mismo domingo, tras la detención de Puigdemont, la titular de Justicia, la socialdemócrata Katarina Barley, el ministro de Exteriores, Heiko Maas, el responsable de la Cancillería, Helge Braun, y el secretario de Estado de Interior, Hans-Georg-Engelke estuvieron de acuerdo en que no debe haber "ninguna intromisión política" en el caso.

El abogado alemán contratado por Puigdemont, Wolfgang Schomburg, ha pedido públicamente al Gobierno que haga uso de la posibilidad que le ofrece la ley de no autorizar una eventual extradición del político catalán.

Euroorden y violencia

En la orden europea e internacional de detención y entrega emitida por el juez del Tribunal Supremo español Pablo Llarena se resalta que Puigdemont ignoró los avisos de la eventual escalada de violencia en Cataluña si el 1 de octubre se celebraba el referéndum, considerado ilegal por la Justicia española. El documento, al que ha tenido acceso Efe, recuerda que Puigdemont está procesado por un delito de rebelión, penado con hasta 25 años de cárcel, y otro de malversación de caudales (hasta 8 años de prisión), dos infracciones penales por las que pidió su detención.

Un arresto que se produjo finalmente el domingo en Alemania cuando Puigdemont volvía de Finlandia para viajar hasta Bélgica. Precisamente, en su orden de detención el juez domicilia al expresidente de la Generalitat en Helsinki (Finlandia) y/o Waterloo (Bélgica). Aunque se le acusa de los dos citados delitos, ninguno de los dos figura en el listado de 32 que aparece en el formulario de la orden europea e internacional de detención, por lo que Llarena ha marcado la casilla del delito de "corrupción".

Puigdemont ignoró los avisos de la eventual escalada de violencia en Cataluña si el 1 de octubre se celebraba el referéndum ilegal

Según el relato que hace el juez, fue el 28 de septiembre pasado cuando los máximos responsables de los Mossos d'Esquadra se reunieron con Puigdemont, el entonces vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y el que fuera consejero de Interior Joaquim Forn para informales de que se preveía "una escalada de violencia, con brotes importantes de enfrentamiento" para el 1-O. "Los responsables del Gobierno presentes en esa reunión conocían sobradamente los riesgos de violencia" después de los incidentes ocurridos el 20 de septiembre ante la sede de la Consejería de Economía, cuando miles de personas impedían la entrada de la Guardia Civil y se produjeron graves enfrentamientos.

Pese a ello, continua el magistrado, la decisión de los miembros del Gobierno fue que la votación había de celebrarse. En el planteamiento general que hace el juez se señala que Puigdemont, así como los otros procesados, han actuado con la finalidad de obtener la independencia de Cataluña respecto al resto de España. "Dicha independencia era el objetivo que pretendía alcanzarse en todo caso; primeramente mediante un acuerdo pactado con el Gobierno español y, en caso contrario, de manera unilateral y forzando al Gobierno a asumir una situación de hecho que buscaba crearse. Para ambos supuestos contaban con utilizar la movilización popular", añade el juez.

Y para conseguir ese objetivo se acordó una hoja de ruta, recuerda Llarena, quien hace un relato pormenorizado de todas las actuaciones que llevó a cabo el Parlamento catalán y el Gobierno de la Generalitat, las resoluciones del Tribunal Constitucional y las decisiones del Ejecutivo central. Pese a las reiteradas declaraciones de nulidad y de inconstitucionalidad de las resoluciones del Parlament, los órganos ejecutivos de la Generalitat continuaron con su "permanente" y "obsesiva" actividad de crear las denominadas "estructuras de estado" y de divulgar su proyecto a fin de obtener el apoyo internacional y de la ciudadanía.

En más de 1,6 millones de euros, según la evaluación realizada hasta ahora, se cifra el gasto público para la celebración del referéndum del 1-O, resalta también el magistrado del Supremo, que también enumera las actuaciones de las entidades soberanistas Asamblea Nacional Catala y Òmnium Cultural.