Órdago "autonómico": Escocia y Gales tramitan su propia ley del Brexit

Edimburgo y Cardiff han comenzado a tramitar su propia ley del Brexit. Tras semanas de negociaciones, el Gobierno central de la debilitada Theresa May no ha conseguido acercar posturas con las autoridades de Escocia y Gales sobre dónde deberían ir las competencias dependientes en la actualidad de la UE, una vez que el Reino Unido abandone el bloque comunitario.

La independentista Nicola Sturgeon -ministra principal de Escocia- y el laborista Carwyn Howell Jones -al frente del Gobierno galés- han presentado ante sus respectivos parlamentos “autonómicos” un proyecto de ley alternativo al que se debate en la actualidad en Westminster. Se trata de la crisis institucional más grave hasta la fecha en materia de competencias derivadas. En definitiva, un órdago en toda regla que podría terminar en el Tribunal Supremo.

Por el momento, los norirlandeses no están envueltos en la polémica, ya que la provincia lleva más de un año sin ejecutivo ante los desacuerdos del Sinn Fein y DUP para pactar una coalición.

La situación no pinta demasiado bien para May. La última vez que su Ejecutivo fue llevado a los tribunales por el Brexit perdió y, tal y como demandaba la abogada Gina Miller, la primera ministra tuvo que acabar pidiendo permiso al Parlamento para activar formalmente el divorcio con la UE.

TE PUEDE INTERESAR

Baño de realidad: May admite que UK no logrará todo lo que pretende con el Brexit

Celia Maza. Londres

En esta ocasión, la polémica se centra en la cláusula 11 del proyecto de ley de retirada, que actualmente está debatiéndose en Westminster, para traspasar a la legislatura británica todas las actuales normativas comunitarias acumuladas desde la adhesión de Reino Unido al bloque en 1973. El objetivo es evitar un vacío legal cuando llegue el Brexit.

El Gobierno central propone que, de los 111 poderes y responsabilidades transferidos actualmente a Bruselas, 86 pasen directamente a Edimburgo y Cardiff y 25 se “congelen temporalmente” en Londres, a fin de establecer un marco común en todo el Reino Unido. Según un portavoz del Gobierno, “esto funcionaría como un freno de seguridad para poder acordar un marco global en temas como la agricultura, protección ambiental o pesca”.

El problema es que no hay un periodo de tiempo establecido para que estos poderes se devuelvan luego a Escocia y Gales. Los gobiernos “autonómicos” quieren que se repatrien los 111 poderes en su totalidad. Y no están dispuestos a esperar. Sobre todo, el escocés, cuya relación con Londres en los últimos años por cuestiones independentistas no es precisamente la más cordial.

“Hay una cuestión de principio en juego. Por eso no nos comprometemos. Si lo hiciéramos, permitiríamos que Westminster ejerciera poder sobre las responsabilidades del Parlamento escocés y no creo que ningún ministro principal escocés que se precie pueda estar de acuerdo con eso”, asegura Sturgeon.

El presidente del parlamento escocés, Ken Macintosh -candidato independiente-, ha advertido que la tramitación de esta ley paralela está fuera de las competencias de la Cámara. Pero, por primera vez desde que se recuperaron los poderes de Holyrood en 1998, el Gobierno escocés ha decidido desafiar la opinión de esta importante figura política para seguir adelante con sus planes, ya que cuenta con la aprobación de Lord Advocate James Wolffe QC (responsable de Justicia de la Corona en Escocia).

Ambos parlamentos “autonómicos” han presentado sus correspondientes borradores normativos por la vía rápida, por lo que se espera que para el 21 de marzo las leyes sean aprobadas.

“No podemos avanzar más de la manera que Escocia y Gales quieren. Intentamos encontrar una solución, pero no sé si ahora mismo podemos cerrar esa brecha”

Los independentistas escoceses del SNP no cuentan con mayoría absoluta, pero sí tienen el respaldo de los verdes. Por su parte, en Cardiff, los laboristas cuentan con el apoyo de los independientes.

Pese a la crisis institucional que se avecina, desde Whitehall (donde se encuentran los ministerios) aseguran que no están dispuestos “a cambiar de opinión”. “Ya nos hemos movido un largo trecho y no podemos avanzar más de la manera que los gobiernos escocés y gales quieren que los hagamos. Aún estamos en negociaciones y se está tratando de encontrar una solución, pero no sé si ahora mismo podemos cerrar esa brecha”, matiza un portavoz.

Cierto es que los parlamentos “autonómicos” de Escocia y Gales no tienen poder de veto para poder descarrilar la ley británica de retirada de la UE. Pero de la misma manera, Westminster nunca ha legislado antes sin su consentimiento en un asunto de normativa descentralizada.

¿Un nuevo referéndum de independencia?

En este sentido, el Gobierno escocés de Sturgeon podría aprovechar el escenario para recuperar sus planes ante un nuevo referéndum de independencia. El año pasado, el SNP consiguió, con el apoyo de los Verdes, que Holyrood le diera autorización para pedir formalmente a Downing Street la convocatoria de un segundo plebiscito, aunque tuvo que arrinconar luego su objetivo tras los malos resultados cosechados en las elecciones generales del pasado mes de junio, donde los independentistas pasaron de tener 56 escaños en Westminster a 35.

En una comparecencia en la Cámara de los Comunes, May aseguró que su Gobierno no se sentirá “abrumado por las exigencias (de los independentistas escoceses) o sus amenazas con marcharse”. “No cederemos a los argumentos de desesperación de que esto no puede hacerse, ya que está en los intereses del Reino Unido y de la UE”, matizó.