Escarnio público y 'premios' a informantes: las armas de Macron contra el fraude fiscal

Airear en la prensa el nombre de la empresa o el particular acusado de fraude al fisco. Es una de las medidas 'estrella' del nuevo arsenal que prepara el Gobierno de Francia para evitar que se evaporen cada año entre 60.000 y 80.000 millones de euros de impuestos.

"Name and shame" (nombrar y avergonzar) es otro de los miles de términos en inglés que los franceses adoptan sin rubor de la práctica ya utilizada en el mundo anglosajón. El ministro francés del Gasto Público, Gerald Darmanin, impulsor del proyecto, considera que "la lucha contra la delincuencia de cuello blanco requiere métodos más eficaces".

Está por ver si la denuncia pública puede hacer dudar al defraudador, ya sea empresario o particular, y recuperar el 20% de recetas fiscales del Estado que se evaporan cada año. En todo caso, el secreto fiscal tiene los días contados y la transparencia sobre los datos de los delincuentes fiscales se impone como en otros ámbitos de la sociedad. El Jefe de Gobierno pone el toque populista al asunto: "Es necesario que el pueblo francés sepa quién busca librarse de sus obligaciones fiscales".

Hasta ahora, el Ministerio de Finanzas no filtraba el nombre de la empresa multada ni los arreglos al los que podía llegar con la misma. Es el llamado "cerrojo de Bercy" (Bercy es el barrio donde se encuentra el citado ministerio), que puede ahora saltar por los aires con las nuevas medidas. La opacidad con que la administración fiscal operaba con los evasores provocaba las críticas sobre los supuestos apaños entre gobiernos y empresas o individuos por razones políticas o de otro tipo. Solo los soplos de algún funcionario al 'Canard Enchainé' ofrecía la exclusiva al público.

Chivatos retribuidos y policía fiscal

Los chivatos, o dicho con corrección política, los "informantes" que colaboren con el fisco serán ahora recompensados económicamente, pero solo si se trata de un fraude internacional. La medida quiere evitar la generalización de uno de las aficiones más populares entre los franceses, la delación entre particulares como arma de venganza. Comportamientos como el de Hervé Falciani obtendrán una retribución. Otras oportunidades, como la de la venta de unos ficheros con miles de clientes de Mossack Fonseca, podrán ser aprovechadas ahora por el Estado, algo a lo que tuvo que renunciar en 2016, cuando se le ofrecía por un millón de euros.

Una nueva policía fiscal será también formada para la lucha antifraude. Cincuenta agentes se añadirán a los miembros de la Brigada de la Represión de la Delincuencia Fiscal, ahora desbordados de trabajo. Los fisco-policías contarán con una ayuda también novedosa. Expertos informáticos serán contratados para cruzar datos y detectar a los infractores. Quince millones de euros costará este departamento de "datamining" formado por "geeks", siguiendo con los anglicismos que se usan en Francia. Cuentas bancarias, teléfonos, correos electrónicos, datos de imposición anteriores…los algoritmos se pondrán servicio así del 'gran hermano' de Macron.

Abogados, banqueros, contables o consejeros serán castigados si sus servicios han servido para evitar el pago de impuestos de forma ilegal

El peso de la ley caerá también sobre los expertos en optimización fiscal. Abogados, banqueros, contables, o consejeros en finanzas serán castigados si se evidencia que sus servicios han servido para evitar el pago de impuestos de forma ilegal. Está por ver cómo se aplica esta medida sobre las grandes empresas expertas en este tipo de comportamiento, como Google o Airbnb.

Pero no todo serán palos; también existe en el texto alguna zanahoria. Las empresas o particulares arrepentidos podrán acudir a una ventanilla de regularización que les juzgará de una forma magnánima. Además, un infractor podrá declararse culpable y evitar así un tribunal penal. Clemencia con los arrepentidos y dureza contra los defraudadores es la nueva norma. "Más vale un buen acuerdo que un mal proceso", asegura Darmanin.

Opinión

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El primer ministro, Edouard Philippe, se justifica: "Hemos bajados mucho los impuestos a las empresas; hemos aprobado una ley para el derecho al error (si una empresa reconoce haber declarado menos de lo debido); ahora es normal si elevamos el nivel de seguridad fiscal".

La primera crítica al proyecto ataca por el lado social. Desde el momento de su investidura, el presidente Macron ha tomado medidas que han golpeado especialmente a los ciudadanos con menores ingresos. El plan sobre fiscalidad está pensado, dice la oposición, para lavar esa imagen de "presidente de los ricos" que persigue al inquilino del Elíseo.

El anuncio se publicita, por otra parte, cuando la presión crece sobre el ministro Darmanin, acusado por una mujer de violación. El caso no ha llegado todavía ante un juez y el gobierno defiende a su colega insitiendo en la presunción de inocencia. Si la investigación fuera a más, el "name and shame" recaería sobre el responsable de las cuentas del Estado francés.