La carrera contra el tiempo de Raúl Castro: el incierto legado económico del Comandante

En marzo de 2014, Raúl Castro tomó la inusual decisión de convocar a la Asamblea Nacional del Poder Popular (el parlamento de Cuba) para una sesión extraordinaria, una de las dos que se realizarían en la actual legislatura de cinco años, a punto de concluir. El excepcional encuentro tenía un único punto en su Orden del Día: abrir las puertas del país al capitalismo llegado desde fuera de sus fronteras. Formalmente, salía a discusión la nueva Ley de Inversión Extranjera; en la práctica, los 612 diputados reunidos tenían ante sí la tarea de escuchar los discursos del Presidente y varios de sus ministros explicando las ventajas del nuevo cuerpo legal y, más tarde, votar unánimemente para ratificarlo.

Desde su primera sesión, en febrero de 1976, la Asamblea Nacional cubana no ha rechazado ninguna propuesta de ley presentada por el Gobierno; en años recientes tan solo ha dejado de aprobar de forma absoluta el nuevo Código de Trabajo (adoptado en junio de 2014), pues en aquella ocasión Mariela Castro, la hija del Presidente, decidió votar en contra porque no iba “lo suficientemente lejos como para evitar la discriminación de las personas con identidades de género no convencionales o de los enfermos con VIH”. Por si no bastaran tales referencias, la Ley 118 llegó al hemiciclo legislativo con el respaldo que le brindaba la inauguración de la terminal para buques portacontenedores del puerto de Mariel, un par de meses antes.

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Para los poco familiarizados con el contexto cubano, es necesario aclarar el valor simbólico y real de esa inversión. Tras un cuarto de siglo sumida en la profunda crisis a que la abocó la caída de la Unión Soviética y el llamado Campo Socialista europeo, de perder sucesivamente los créditos “blandos” de la República Popular China y el petróleo a precio de saldo con el que la reflotaba Venezuela, la economía de la isla ha llegado a un punto de no retorno: o inicia una recuperación sostenida, o sus adversos indicadores comenzarán a traducirse en parálisis social -primero- y en una crisis generalizada de imprevisibles consecuencias políticas -en un futuro no muy lejano-.

Desde que en julio de 2006 Raúl Castro sustituyó a su hermano Fidel en la presidencia, la mayoría de sus esfuerzos se orientaron a dos tareas de “seguridad nacional”. La primera ha sido desde entonces una meta repetida hasta la saciedad por la propaganda oficial, que cifra todas sus esperanzas en la “construcción del socialismo próspero y sostenible”. La segunda, lejos del escrutinio público, se ha dedicado a seleccionar a los hombres de la “generación intermedia” que tendrán la responsabilidad de preservar de la “obra de la Revolución” cuando ya no estén sus actuales líderes.

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El camino hacia ambas metas se inició con una masiva purga de cuadros en marzo de 2009. En la lista de defenestrados sobresalían el canciller Felipe Pérez Roque y Carlos Lage, el vicepresidente que se perfilaba como principal candidato a tomar las riendas del país. “La miel del poder por el cual no conocieron sacrificio alguno, despertó en ellos ambiciones que los condujeron a un papel indigno”', afirmaría desde su retiro Fidel Castro, ratificando la decisión. Dos años después, el primer congreso del Partido Comunista realizado desde 1997 afianzó aun más la autoridad del General-Presidente, al otorgarle carta blanca para emprender una radical reforma económica. La “eliminación de subsidios y gratuidades indebidas”, y la apertura a nuevas formas de gestión –con privilegio para la inversión extranjera y los negocios privados-- marcaron la nueva estrategia de desarrollo del país.

Sin embargo, hasta ahora los éxitos no han ido mucho más allá del sostenido crecimiento en el número de veraneantes que visita la isla, la renegociación de la deuda externa con el Club de París y el discreto florecimiento del sector “cuentapropista”, que al cierre de octubre ya empleaba al 12% de la fuerza laboral. Asignaturas como la inflación, la insuficiente disponibilidad de artículos esenciales o el paulatino deterioro de todo tipo de infraestructuras se mantienen en la columna de pendientes, como un peligroso lastre que podría llegar a ser insoportable para la ciudadanía.

Los jóvenes, los grandes ausentes

“Cuba sigue siendo un país de gente mayoritariamente humilde a pesar de todo lo hecho. Tantos años de dificultades económicas han abierto un espacio para que muchos se decidan a pensar que si la prosperidad, después de todo el sacrificio, no ha llegado ‘por la izquierda’ llegará ‘por la derecha’”, consideraba a finales del 2016 Oniel Díaz Castellanos, cofundador de Auge, un equipo de desarrollo de negocios especializado en la asesoría estratégica al sector privado. También ha escrito para este diario. Sus declaraciones formaban parte de una entrevista plural organizada por la revista Temas, la más importante de la isla en cuanto a investigaciones sociológicas y de teoría política. El debate se centraba en el posible papel de los jóvenes para el futuro del socialismo. El resto de los entrevistados eran un expresidente nacional de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), una exdiputada y un investigador de una ONG especializada en políticas públicas y los derechos humanos.

Un año más tarde Díaz Castellanos se cuenta entre quienes promueven una “iniciativa de diálogo” con la Ministra de Trabajo y Seguridad Social, con el propósito de intercambiar ideas sobre el “perfeccionamiento del trabajo por cuenta propia”, el proceso que en agosto de este año puso en pausa la concesión de nuevos permisos para las actividades más demandadas del sector. Pese a que la propuesta es avalada por las firmas de 43 emprendedores y se ampara en uno de los artículos de la Constitución, tras cuatro meses de espera no parece cercana la posibilidad de que sea atendida.

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La falta de espacios para que la ciudadanía manifieste de forma efectiva su voluntad ha favorecido la apatía de buena parte de la sociedad. En las recientes elecciones municipales resultó extremadamente difícil completar los listados de candidatos para delegados (concejales), un cargo sin retribución material pero con numerosas responsabilidades, que en la terminología política local es definido como “pilar de la democracia socialista”. Las negativas menudearon, sobre todo, entre los jóvenes, quienes al oficializarse los resultados de los comicios constituyeron menos del 15% de los elegidos.

“El socialismo no solo tiene un peso reducido en la discusión de la juventud sobre el futuro de Cuba, sino que tiende a ser cada vez menor. El signo de los jóvenes de hoy -o de una amplia masa de ellos- es la preponderancia del proyecto personal. Lo individual se lleva el protagonismo, dejando el proyecto social como algo por lo que deben luchar otros. No creo que eso hable peor o mejor de los jóvenes, sino de la época que les ha tocado vivir”, apuntaba en la entrevista antes mencionada Carlos Lage Codorniú, hijo del vicepresidente destituido en 2009. Ahora es un doctor en Ciencias Económicas y especialista del Banco Central de Cuba. Entre 2005 y 2007 fue el presidente nacional de la FEU, durante el momento más intenso de la Batalla de Ideas, una suerte de Revolución Cultural con la que Fidel Castro intentó reverdecer los laureles del sistema político que había fundado en enero de 1959.

En marzo de 2009, con la reorganización ejecutiva conducida por Raúl Castro, se cerró aquel capítulo de la historia reciente del país, marcado por las interminables marchas y tribunas abiertas, las grandes inversiones en diversos sectores sociales, y la entrega de ollas eléctricas y televisores para sustituir los desvencijados electrodomésticos de la era soviética. Tan efímera bonanza era pagada por los multimillonarios créditos solicitados a Pekín y el petróleo venezolano, algo que el nuevo mandatario no tardó en comprender que resultaría imposible sostener por mucho tiempo.

Una inversión que no termina de llegar

El día que en el Parlamento se convirtió en Ley la nueva norma sobre inversión extranjera, el llamado “zar de las reformas económicas en Cuba”, Marino Murillo Jorge, aseguró que para que el complejo panorama “comenzara a cambiar de forma sustancial”, sería necesaria “al menos una década de crecimientos anuales en torno al 7% del Producto Interno Bruto”. Dicha condición solo podría alcanzarse abriendo las puertas a los empresarios llegados desde otros países. “Aquí estamos hablando de captar capital, de llegar al menos a 2.000 o 2.500 millones de dólares en inversión extranjera directa por año”, aseguró el dirigente, con el objetivo de despejar cualquier duda de los parlamentarios.

La “motivación” no resultaba superflua. Buena parte del proyecto podía interpretarse como una concesión a los principios del libre mercado, en especial en cuanto a los derechos de los trabajadores contratados en las compañías que surgirían a su amparo, y por los márgenes que otorgaba para el uso de la tierra y otros recursos naturales. Pero como era de esperar, los 612 convocados a ejercer su derecho al voto ratificaron la norma sin mayores cuestionamientos.

Menos expedita ha sido su concreción en beneficios tangibles. En noviembre de 2016, al presentar una nueva edición de la Cartera de Oportunidades de Negocios en la Isla, el ministro para el Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca, reconocía que hasta ese momento solo se habían logrado “captar” unos 1.300 millones de dólares, en lugar de los más de 6.000 millones que para esa fecha se esperaba haber atraído.

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Para finales de octubre de este año el panorama se mantenía virtualmente sin cambios, con poco más de 500 millones de dólares generados por nuevos negocios o la expansión de varios de los ya existentes. Aunque entre las causas de tal fenómeno el analista económico Ariel Terrero resalta la influencia del bloqueo económico de Estados Unidos, no deja de apuntar que entre fines de los años 90 y comienzos del siglo XXI se produjo un récord en la creación de empresas mixtas y la firma de nuevos contratos de inversión, en tiempos en que “la persecución financiera y comercial de EE.UU. era igual de sañuda que en el presente”. En su opinión, un porciento nada despreciable de la culpa radica en la persistencia de “enredos burocráticos”, y en el hecho de que “las empresas cubanas muchas veces carecen de conocimiento, entrenamiento y motivación suficiente para enredarse en asuntos que pueden implicar más responsabilidad que beneficio inmediato para la organización empresarial y sus trabajadores”.

Ni siquiera los llamamientos de Raúl Castro a “eliminar viejos prejuicios” han servido para que la economía isleña encuentre los puentes que la conecten de forma efectiva con los capitales del exterior. Las trabas a la iniciativa privada y la persistencia de los bajos salarios en el sector estatal no han hecho sino agudizar las contradicciones. Y entre tantas preguntas por responder, la cuestión de quién asumirá el timón del barco –y con qué márgenes de maniobra lo hará– sigue siendo precisamente eso… una pregunta.

El día de enero de 2014 en que Raúl Castro acudió a inaugurar la terminal marítima del Mariel acompañado por la entonces presidenta brasileña Dilma Rousseff, su breve discurso fue dedicado a anticipar un futuro en el que esa instalación se convertiría en “una plataforma logística de primer orden a nivel regional”. Casi a las puertas de finalizar su mandato presidencial, con 86 años cumplidos, sabe que esa aspiración no pasa de ser un proyecto todavía por concretar.