'Atrapados' en la ciudad más cara del mundo

Sarah Nanluega recuerda con claridad cuándo llegó a Hong Kong: el 31 de agosto de 2011. Ese año, la joven decidió huir de Uganda, su país de origen, después que distintos familiares asesinaran a su tía y empezaran a amenazarla a causa de una disputa por la herencia de su padre, según relata. “Primero fui a China, pero allí vi mucha pobreza y me pareció un lugar muy inseguro, me recordó mucho a África. Cuando finalmente llegué a Hong Kong, pensé: ‘Sí, aquí es donde quiero quedarme’”, explica.

Después de tres años viviendo de manera ilegal en la región, Sarah solicitó oficialmente asilo en 2014, alegando que volver a Uganda podía poner su vida en peligro. Sin embargo, la joven ha permanecido desde entonces en un ‘limbo legal’, esperando que el Gobierno hongkonés decida sobre su caso, sin saber si será deportada o podrá permanecer en la región.

Sarah es uno de los miles de demandantes de asilo que lleva años con su vida paralizada, a la espera de una respuesta del Gobierno de Hong Kong. Según datos oficiales, el pasado septiembre más de 7.000 personas se encontraban en una situación similar.

Muchos de ellos se quejan de la lentitud del proceso burocrático, y de las precarias condiciones de vida en las que sobreviven mientras llega la resolución. Según las leyes de la región, distintas a las del resto de China, los demandantes de asilo no pueden trabajar, y deben subsistir con distintas ayudas oficiales, que rondan los 3.300 dólares de Hong Kong (unos 350 euros), en una ciudad donde el salario mínimo se sitúa en 13.000 dólares de Hong Kong (1.400 euros).

De momento, Sarah vive con su hijo de un año y medio, Dylan, en una pequeña habitación en las Chungking Mansions, una laberíntica Torre de Babel de hormigón, conocida por ser un enclave de inmigrantes del sudeste y del sur de Asia en el centro de Hong Kong. “Conseguimos pagar el alquiler cada mes gracias a las donaciones que recibimos de amigos”, explica.

“Se trata de una situación muy estresante, con los subsidios no conseguimos cubrir nuestras necesidades básicas”, explica Adela, otra demandante de asilo de Uganda, y voluntaria de la Unión de Refugiados, creada para ayudar al colectivo. La exiliada, que ha pedido a este medio usar sólo su nombre de pila por miedo a posibles repercusiones en su caso, subraya que las constantes entrevistas con funcionarios y la larga espera hace que muchos solicitantes se sientan como “criminales”.

En 2016, el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas recomendó al Gobierno de Hong Kong conceder “una condición inmigratoria alternativa” a la comunidad, para evitar “la indigencia y el trato degradante”, y permitir a los exiliados conseguir un trabajo.

Algunas voces relacionan la llegada de demandantes de asilo con un aumento de la criminalidad y abogan por crear campos de detención

De momento, el Ejecutivo de Hong Kong ha empezado a acelerar el proceso de revisión de peticiones de asilo con la intención de rebajar el número de personas a la espera de una respuesta, según afirma la propia comunidad de solicitantes de asilo. El Departamento de Inmigración de Hong Kong no ha respondido a las preguntas remitidas por este medio.

“Si son procesadas más rápidamente, se beneficiará a los demandantes […] pero nos preocupa que los nuevos agentes reclutados no estén suficientemente preparados, como ya nos ha parecido detectar en algunos casos”, comenta Annie Li, investigadora de la ONG Justice Centre Hong Kong, centrada en ayudar a peticionarios de asilo y víctimas de tráfico humano. La experta defiende que es necesario que la administración permita a los miembros del colectivo conseguir trabajo, para que dispongan de una fuente de ingresos.

Campos de detención

Por otra parte, algunas voces relacionan directamente la llegada de demandantes de asilo con un aumento de la criminalidad, y abogan por la creación de campos de detención para los demandantes de asilo. “No importa cuántos recursos gastemos en acelerar el proceso de revisión, nunca podremos igualar el gran número de nuevos casos que llegan a Hong Kong”, afirmaba el consejero de distrito Dominic Lee Tsz-king, en declaraciones recogidas por el South China Morning Post.

Aunque el Gobierno ha rechazado la idea, el anterior Ejecutivo valoró la posibilidad de abandonar la Convención contra la Tortura de Naciones Unidas, que permite a los exiliados pedir asilo si alegan tortura, trato inhumano o persecución en sus países de origen.

Según Adela, la falta de recursos económicos empuja a “algunos” demandantes de asilo a trabajar de modo ilegal, o a cometer crímenes para sobrevivir. “Algunos trabajan de manera irregular, pero la mayoría prefiere no arriesgarse a perder su caso”, resalta Li. Desde Justice Centre Hong Kong se argumenta que el gobierno “debería hacer más para frenar” la criminalización del colectivo, pero apuntan que los últimos llamamientos no reflejan la opinión de la sociedad respecto a los inmigrantes. En 2016, una encuesta de la Universidad China de Hong Kong reveló que cerca de la mitad de la población veía con buenos ojos que los refugiados se quedaran en la región, mientras que más del 60% mostraban una posición “neutral” respecto al colectivo.

Recelo contra las peticiones

En cualquier caso, el resultado al final de la espera de los exiliados es a menudo el mismo: la deportación al país de origen. El Gobierno de Hong Kong, que nunca ha firmado la Convención Internacional de Refugiados de 1951, es probablemente una de las regiones desarrolladas más reticentes a aceptar peticiones de asilo. Entre 2009 y 2017, solo 103 de los más de 14.000 casos examinados por la administración han conseguido el estatus de refugiado. Las cifras demuestran “el elevado umbral necesario para la concesión de protección”, criticaba la ONU.

Entre 2009 y 2017, solo 103 de los más de 14.000 casos examinados por la administración han conseguido el estatus de refugiado

“Muchos de los demandantes de asilo no saben casi nada de Hong Kong antes de venir, a menudo son engañados por los agentes y no saben que el porcentaje de peticiones de asilo es muy bajo, y que no se les permitirá trabajar incluso si se les concede el estatus de refugiado”, asegura Li.

Según Adela, muchos exiliados huyen de situaciones de violencia en su país de origen y, después de permanecer durante años en Hong Kong, y de formar familias en la ciudad, no pueden imaginarse residiendo en otro lugar. “En mi caso, si acaban deportándome, me marcharé a cualquier otro lugar. Mientras pueda permanecer ahí, vivir y trabajar, no habrá problema”, asegura.

Sarah también asegura que volver a Uganda podría poner en peligro su vida y la de su hijo, a debido a la violenta disputa familiar: “Ser rechazados y tener que volver a África sería muy arriesgado para mí y para mi hijo, allí no estaríamos seguros”.