Las siete razones por las que la tasa de homicidios ha caído en Honduras

La lucha de Honduras contra la etiqueta de 'país más violento del mundo' comienza a surtir efecto. En los últimos años ha ido escalando en los índices de paz y ha perdido el primer puesto en el podium del país con la ciudad más peligrosa, San Pedro Sula, que en 2016 se instaló en 2016, por detrás de Caracas y Acapulco con 113,24 homicidios por cada 100.000 habitantes.

De acuerdo con los datos del Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS) de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), la proyección de la tasa de homicidios en Honduras de cara a fin de año sigue augurando buenas noticias y prevé que se sitúe en 41,6 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, una cifra que representaría la mitad de las ocurridas en el país centroamericano en los últimos cinco años (en 2012 llegó a la preocupantte cifra de 86 muertes por cada 100.000 habitantes). Con respecto a 2016 el descenso es también representativo al caer desde una tasa de 59 por 100.000 habitantes. La imagen violenta del país no acaba de rebajarse en el exterior, ante casos como el asesinato en marzo del año pasado de la activista medioambiental Berta Cáceres.

En los primeros seis meses del año las cifras de homicidios se han reducido en un 21%, según reveló a principios de noviembre un informe del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma (OV-Unah); pasando de 2.574 casos en 2016 a 2.029 en 2017. La media diaria es de once homicidios diarios, y los motivos de los decesos son ajuste de cuentas, sicariato, riñas interpersonales, violencia doméstica e intrafamiliar, maras y acciones policiales.

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Parte de la receta de los cambios -que se exponen a continuación a partir de un análisis de la institución estadounidense independiente InSight Crime- responde a las políticas aplicadas por el presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, elegido en 2013. De hecho, Hernández se presenta a la reelección en los comicios del domingo, una aspiración, la de perpetuarse en el poder, que la oposición rechaza porque no está reconocida en la Constitución del país. De hecho, la pretensión de ser reelegido le costó un golpe de Estado en 2009 al expresidente Manuel Zelaya, pero durante el Gobierno de Hernández, la Corte Suprema dio luz verde a la que podría ser la primera reelección de un presidente hondureño.

Hernández ha hecho de la seguridad uno de los pilares de su programa de Gobierno, a pesar de las críticas que ha suscitado un estilo que algunos han tildado de autoritario. ¿Validarán los hondureños la política contra el crimen de Hernández?

Política contra el crimen

Una de las estrategias que ha implementado en los últimos años el Gobierno de Hernández ha sido atacar en primer lugar las estructuras financieras de las pandillas, responsables de buena parte de los hechos violentos. Anteriormente, las autoridades se habían centrado en combatir crímenes como la extorsión, que en muchas ocasiones conducen al homicidio en los barrios más complicados. Ello no quiere decir que se haya desatendido este tipo de comunidades más violentas.

La caída de grandes organizaciones criminales

Las Naciones Unidas tenían identificadas a las tres organizaciones más poderosas, los Cachiros, los Valles y los Hermanos AA, causantes de los mayores niveles de violencia en las áreas que ellos controlaban. En los cinco últimos años han sido detenidos o forzados a entregarse muchos de sus líderes, e incluso algunos de ellos han sido extraditados a Estados Unidos.

La purga en la Policía Nacional

Una comisión trabajó durante dos meses sin descanso el año pasado para purgar la Policía Nacional hondureña, una de las instituciones más corrompidas. En junio de 2016, en un evento celebrado en el Woodrow Wilson Center de Washington, la comisión especial presentó los resultados de una purga y reorganización policial sin precedentes en la que salieron del cuerpo un total de 4.445 oficiales. De ellos, 2.997 por reestructuración, 58 por condenas criminales, 68 por muerte, 29 por retiro forzado, 889 por jubilación voluntaria y 54 por inhabilitación permanente. Otros 252 fueron reasignados y 98, despedidos.

La Policía, integrada por unos 14.000 hombres y mujeres, aspira a formar a otros tantos oficiales en los próximos cinco años. En medio de este proceso, hasta media docena de policías han sido extraditados a Estados Unidos por guardar vínculos con el narcotráfico.

Reforma del sistema penitenciario

No ha sido fácil regenerar un sistema penitenciario colapsado pero Honduras ha logrado algo que parecía impensable hace tan solo cuatro años: tener a los capos aislados en cárceles de máxima seguridad, privados de cualquier posibilidad de seguir coordinando actividades ilícitas. Para ello, en 2014 comenzó la construcción de dos nuevos penales, El Pozo I y La Tolva (también llamada El Pozo II). Se trata de grandes moles de cemento con fuertes anillos de seguridad y vigilancia con cámaras en las que han sido encerrados los líderes que se han ido trasladando otros presos.

Probablemente, más importante que todo ello fue el cierre de la cárcel de San Pedro Sula, la otrora ciudad más peligrosa del mundo, que llegó a funcionar como toda una centralita del crimen. Desde este centro fueron trasladados 755 reclusos.

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Crece el presupuesto contra el crimen

El presupuesto destinado a las instituciones de seguridad y justicia ha crecido en Honduras en más de un 50% en los últimos cinco años. Un incremento presupuestario sin precedentes, reconocen los expertos a InSight Crime. Con este desembolso, la Fiscalía, el poder judicial, el Ministerio de Defensa y el de Seguridad han podido atender sus funciones de manera más ejecutiva.

Formación y cambios en el código penal

La purga policial y la cirugía estética penitenciaria no habrían logrado nada de no haberse fortalecido la capacitación de los uniformados de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, así como la división antinarcóticos de la Fiscalía. La mejora de la comunicación y la coordinación entre las instituciones ha permitido llevar a buen término numerosas operaciones antes citadas.

Además, en febrero de 2017 se hizo oficial la reforma del Código Penal. Además, las cortes autorizaron al sistema de inteligencia estatal para recurrir a técnicas como la interceptación electrónica.

Colaboración entre el Estado y la sociedad civil

Los expertos citados por InSight Crime observan que "cuando la sociedad civil, las organizaciones internacionales, los alcaldes y el Gobierno unen sus fuerzas para trabajar -no solo en el control del crimen sino en la prevención en la violencia desde la primera infancia- entonces caen las muertes violentas. En este terreno destaca la irrupción en abril de 206 de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), de la Organización de Estados Americanos (OEA), que para muchos contribuirá a reducir las corruptelas.