Esterilizarse por una reducción de condena: la polémica práctica de un juez de EEUU

Es bien conocido que EEUU atraviesa una epidemia de adicción a los opiáceos, que a su vez ha empeorado el problema de criminalidad. Para combatirla, un juez de Tennessee decidió aplicar su propia y controvertida solución: reducir la condena de aquellos presos por delitos relacionados con drogas que aceptasen someterse a un proceso de esterilización.

El escándalo estalló después de que una asociación de derechos civiles iniciase un proceso legal contra el magistrado Sam Benningfield, responsable de que 42 hombres se hiciesen una vasectomía y 35 mujeres recibiesen implantes para el control de la natalidad. La medida ha generado una gran polémica, y ha llevado a la reprensión pública del juez por parte de las autoridades reguladoras judiciales del estado. La demanda le acusa de promover “un esquema eugenésico moderno” por razones ideológicas.

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Al conocerse esta práctica, Benningfield alegó que su propósito era “romper el círculo vicioso” de los condenados por delitos de narcóticos, incapaces de encontrar empleo y mantener a sus hijos. “Espero animales a tomar responsabilidad penal y darles una oportunidad, que cuando salgan, no se vean lastrados con unos hijos. Eso les da la oportunidad de levantarse y hacer algo consigo mismos”, declaró en julio.

“Ofrecer una supuesta 'elección' entre un tiempo en la cárcel y una contracepción o esterilización coaccionada es inconstitucional”, afirmó Hedy Weinberg, director ejecutivo de la Unión de las Libertades Civiles en Tennessee. “Dicha elección viola un derecho constitucional fundamental a la autonomía reproductiva y a la integridad corporal al interferir con la decisión íntima de si, y cuando, tener un hijo, imponiendo un procedimiento médico intrusivo sobre individuos que no están en posición de rechazarlo”, aseguró.

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El pasado 15 de noviembre, el Comité de Conducta Judicial de Tennessee envió una carta reprobatoria a Benningfield: “Usted mismo ha reconocido que incluso aunque estaba intentando lograr un objetivo loable al prevenir el nacimiento de bebés adictos a las drogas, se da cuenta de que su orden podría coaccionar a los internos a someterse a un procedimiento quirúrgico que podría causar como mínimo una esterilización temporal, y por lo tanto era impropio”, señala la carta.

Sin embargo, una reprobación de este tipo no tiene ninguna consecuencia en las competencias de un juez, por lo que Benningfield podrá seguir ejerciendo como hasta ahora. Varias de las víctimas, mientras tanto, esperan que se les compense económicamente por lo sucedido.