La española que ha abierto el camino para traer a UK a familiares de fuera de la UE

Sin pretenderlo, la española Perla Nerea García Ormazábal se ha convertido en la protagonista de una sentencia histórica del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Al estudiar su caso durante cinco meses, los magistrados han marcado un antes y un después para los comunitarios que están solicitando pasaportes británicos y quieren traerse con ellos a los cónyuges que han nacido fuera del bloque.

En medio de las negociaciones del Brexit y cuando un gran porcentaje de los más de 150.000 españoles que residen en suelo británico está valorando su situación, la Corte ha dictaminado que el Gobierno de Theresa May se equivocó al negar a Ormazábal –con doble nacionalidad española y británica- el derecho a tener a su esposo argelino viviendo con ella en el Reino Unido.

No tendrá que pasar ahora por el mismo procedimiento que un británico que quiere traerse a su cónyuge desde un país no perteneciente a la UE. Desde que se conoció este martes la sentencia, la española ha recibido toda clase de críticas y varias amenazas en las redes por parte de grupos euroescépticos radicales.

La decisión de la corte con sede en Luxemburgo supone un duro revés para la 'premier', más debilitada que nunca y sin ningún tipo de autoridad en la peligrosa guerra civil en la que está inmerso el Partido Conservador respecto a las negociaciones con Bruselas y, en particular, el papel que debe jugar el TJUE en el periodo de transición de dos años que se quiere implementar tras el divorcio.

Parminder Saini, abogado de Ormazábal, describe la sentencia como un “hito importante”. “Demuestra que el derecho fundamental de un ciudadano comunitario de moverse y residir libremente dentro del bloque no puede ser violado por ningún país en particular, incluso después de que la persona adopte la nacionalidad de ese país”, asegura a El Confidencial.

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La sentencia supone una importante victoria para España y una gran derrota tanto para Reino Unido como para Polonia que, sorprendentemente, apoyó la posición del Gobierno de May de restringir los derechos de libre circulación de un ciudadano europeo una vez que éste adquiere la nacionalidad británica.

Debido a que se trataba de un caso cuya sentencia tendría un impacto en todos los países de la UE, Polonia –como cualquier otro estado miembro- pudo participar en el proceso. Pero nadie se explica a día de hoy –ni siquiera Saini encuentra una lógica- sus motivos para respaldar la postura de Londres con las implicaciones que puede tener esto para sus compatriotas, que representan la segunda comunidad más extensa nacida en el extranjero que reside en Reino Unido, después de los indios.

El caso ha tenido una tremenda repercusión en la prensa británica. No pocas voces lo han utilizado para presentar el Brexit como más necesario que nunca

Ormazábal se mudó al Reino Unido como estudiante en 1996 y comenzó a trabajar a tiempo completo en 2004. Cinco años después, en 2009, cuando la posibilidad de celebrar un referéndum sobre la permanencia en la UE ni siquiera se contemplaba, consiguió la nacionalidad británica.

En abril de 2014, se casó con el argelino Toufik Lounes, quien había llegado al país en 2010 con una visa de seis meses de visitante y se había quedado desde entonces de manera ilegal.

Tras contraer matrimonio, él se puso en contacto con el ministerio del Interior para obtener una tarjeta de residencia como cónyuge de un ciudadano del Espacio Económico Europeo (compuesto por la UE más Liechtenstein y Noruega). Pero las autoridades británicas rechazaron su solicitud argumentando que, una vez que Ormazábal se había convertido en ciudadana británica, quedaba sujeta a las normas de inmigración del Reino Unido, en lugar de la directiva de libertad de circulación, que se aplica a los ciudadanos de la UE.

Esto significaba que, como cualquier otro británico, debía pasar por el duro procedimiento que entró en vigor en 2012 bajo el cual, tenía que demostrar, entre otras cosas, que ganaban más de 18.600 libras anuales (alrededor de 21.000 euros) antes de conseguir aprobación para que su esposo pudiera vivir con ella.

A principios de este año, un grupo de ciudadanos británicos llevaron a la Corte Suprema del Reino Unido la regla salarial, denunciando que violaba su derecho humano a una vida familiar. Pero los jueces dictaminaron que era legal “en principio”.

Cuando el ministerio del Interior rechazó la solicitud de su marido, Ormazábal acudió al Tribunal Superior de Londres y fueron los propios magistrados británicos quienes remitieron el caso al TJUE para que aclarar si la española aún podía beneficiarse de sus derechos como comunitaria.

En una sentencia histórica, la corte de Luxemburgo ha determinado que la directiva europea que regulaba los derechos de Ormazábal dejó de regular su residencia en el Reino Unido. Sin embargo, concluyó que su esposo tenía “derecho derivado” bajo las leyes de libre circulación. El tribunal señaló que si las leyes de libre circulación son efectivas, los ciudadanos europeos como Ormazábal que se mudan a otro estado miembro y obtienen la nacionalidad del país, tienen que seguir teniendo el derecho a formar una familia.

Según el letrado Saini, el tribunal europeo “declaró que si Ormazábal tuviera que renunciar a sus derechos, sería tratada peor que otro español que hubiera decidido quedarse en España”. “Estuvo de acuerdo con mi argumento de que, si se diera razón al Reino Unido, significaría que cuantas más nacionalidades adquiriera una persona, menos favorable sería su trato, lo que no tendría sentido en términos de integración en la sociedad en otros países de la UE”, matiza. Por su parte, un portavoz del ministerio del Interior asegura: “Estamos revisando la decisión y considerando cuidadosamente su impacto”.

El complejo caso legal ha tenido tremenda repercusión en la prensa británica. Y en este sentido, no pocas voces lo han utilizado para presentar el Brexit como más necesario que nunca al considerar que el TSJE se está entrometiendo en los asuntos del Reino Unido.

Bruselas exige que los derechos de sus ciudadanos sigan siendo tutelados por la corte europea después del divorcio, algo a lo que Londres se niega. Con todo, durante su famoso discurso en Florencia, May aceptó que la jurisprudencia futura del tribunal luxemburgués deberá ser tenida en cuenta por los jueces británicos.