¿Qué está pasando en Puebla? El oasis de paz de México sucumbe a la violencia

Hasta hace poco, las crónicas de sucesos de Puebla se centraban en algún robo violento, peleas callejeras, puñaladas entre borrachos y, cada cierto tiempo, un homicidio. La capital universitaria de México, por donde se pasean algunos de los jóvenes mejor educados -y más adinerados- del país, era un oasis en medio de la violencia que azota a otras regiones. Las imágenes de cadáveres colgados de puentes o de bolsas con cuerpos descuartizados parecían de otro planeta.

Todo ha cambiado recientemente. La delincuencia más violenta se expande por la zona, sembrando el miedo en la población. El asesinato de la estudiante Mara Castilla, a principios de septiembre, fue la gota que colmó el vaso y acabó por visualizar de manera definitiva en la opinión pública mexicana los problemas de seguridad en Puebla. La joven, de solo 19 años, fue violada y asesinada por un conductor de la empresa de transporte Cabify. El caso dio la vuelta al país a través de los medios de comunicación. El culpable fue puesto entre rejas, pero la ciudadanía quedó profundamente afectada.

“Tengo miedo de que me maten. De estar en el lugar incorrecto en el momento más inoportuno, como en medio de un asalto, y me disparen”, cuenta a El Confidencial Laura González, una estudiante española de intercambio en Puebla de Zaragoza, la capital del Estado, donde desapareció Mara Castilla.

Otro de los factores a tener en cuenta es la existencia de un gran centro de trata de blancas en Tlaxcala, cuna de los ‘padrotes’, como se conoce al proxeneta mexicano

Los temores son fundados porque las cifras no engañan. Los homicidios han crecido un 36,8% en los 10 primeros meses de 2017, en comparación con el mismo periodo del año pasado. Casi se sobrepasan ya los 1.100 asesinatos. También han aumentado un 50% los robos con violencia y un 7% las violaciones.

El principal problema para poblanos y autoridades -de las que muchos desconfían- es la dificultad para discernir la causa del incremento de la violencia. Los expertos coinciden en que se debe a la suma de varios factores. El principal es la llegada, por varias vías, de las estructuras criminales mexicanas.

El Triángulo Rojo

“En 2011, Puebla era uno de los estados que no presentaban una tasa significativa de delincuencia organizada. Para 2016, eso cambia. Se quintuplica su influencia. Ellos actúan en conjunto, a través de redes, favoreciendo el surgimiento de otras conductas delictivas que hasta entonces no se veían, como el uso de armas prohibidas, los asaltos a mano armada, homicidios, secuestros y desapariciones", comenta Galilea Cariño, directora del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría.

La delincuencia organizada llega a Puebla, según los analistas, a través del Triángulo Rojo, una zona compuesta por hasta 29 localidades y convertida ahora en la mina de petróleo de los ‘huachicoleros’, o ladrones de combustible, en este caso de los oleoductos de la compañía estatal, Pemex, que pasan por la zona.

Son bandas organizadas, armadas, y vengativas. Un supuesto ajuste de cuentas entre ellas podría haber provocado el asalto a una camioneta que viajaba por el estado el pasado mes de mayo. Dos mujeres -una menor de edad- fueron violadas, y un bebé de dos años asesinado a quemarropa. Algunos de los delitos que se han incrementado podrían explicarse por la llegada de esas bandas. Por ejemplo, el robo de vehículos, necesarios para sus actividades.

La violencia ha mutado, aumentando su brutalidad, con la llegada de las armas. El rector de la Universidad Angelópolis fue asesinado a tiros en su oficina a principios de agosto supuestamente a manos de un profesor que inhabilitó años atrás.

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El gran centro de trata de blancas

Tampoco los políticos se escapan. Hasta cuatro alcaldes de la zona han sido víctimas de homicidios en 2017. En los primeros nueve meses de 2016 se contabilizaron casi 7.000 delitos con violencia. La cifra en el mismo periodo de este año supera los 10.600.

Otro de los factores a tener en cuenta, sobre todo en lo relacionado con desapariciones forzadas de mujeres, es la existencia de un gran centro de trata de blancas en Tlaxcala, el estado vecino, cuna de los ‘padrotes’, como se conoce al proxeneta mexicano.

A la mezcla de la violencia en Puebla se le suman también la lacra de la corrupción y la pobreza. “Hay necesidades de alimentación y vestido que están favoreciendo que esos grupos organizados estén captando a personas, sobre todo a jóvenes. También hay un déficit de posibilidades educativas, muy latentes en zonas como el Triángulo Rojo”, comenta Galilea Cariño.

Cambios de rutina

La crisis violenta ha provocado el cambio de hábitos de los poblanos. Se nota en San Pedro Cholula, la zona de marcha universitaria, donde se ven menos clientes desde el asesinato de Mara Castilla. “Para la comunidad estudiantil es un problema el aumento de violencia. Te ponen en alerta. Cuando llegas, en la bienvenida, te dan un número del teléfono por si tienes algún problema, como un asalto. Después del asesinato de Mara, en una universidad dieron clases sobre qué hacer en caso de que te secuestren”, dice la estudiante de enfermería Laura González.

La paranoia es grande. El crecimiento de la inseguridad preocupa a tres de cada cuatro habitantes de Puebla. Muchos tienen razones de peso. “La semana pasada me robaron una televisión y un equipo de sonido. No me vuelve a pasar”, barrunta René Gómez, dueño de un pequeño restaurante atracado, mientras supervisa la instalación de un sistema de cámaras, que no puede pagar.

Se gasta en seguridad unos 10.000 pesos, equivalentes a 500 euros, cada dos meses, una cantidad prohibitiva para un negocio humilde en México. “Antes solo cerraba los candados y me iba. Ahora, cuando sales, volteas a mirar para todos lados y te aseguras 20 veces de que todo está bien sellado”, comenta el hostelero.

En una crisis siempre hay quien gana. Y en Puebla los ganadores son las empresas de seguridad privada. “En 2005 había 101 de esas empresas. Ahora hay 270. Los poblanos han modificado sus presupuestos, destinando más recursos a proteger sus viviendas. Se comprueba por el aumento de cercados eléctricos, alarmas y cambios de cerraduras en la ciudad. Es un indicativo de que hay miedo en la población”, dice la experta Galilea Cariño.

Los vecinos se organizan

Muchos poblanos han decidido, asimismo, organizar sus propios movimientos vecinales de seguridad: “No se fían de las autoridades. Las instituciones en las que menos se confía en Puebla son la Policía Estatal, Municipal y de Tránsito. Por eso se han creado proyectos llamados ‘vecino vigilante’. Se coordinan entre ellos porque, muchas veces, cuando requieren un apoyo policial, este no llega”, abunda Cariño.

El problema es que, en determinadas ocasiones, los poblanos han decidido tomarse la justicia por su mano, y los linchamientos están también aumentando: “La ciudadanía se siente amenazada y la respuesta muestra su exasperación total”, lamenta Cariño.

Cada 19 horas desaparece una mujer

Esos comités vecinales no son suficientes, eso sí, para frenar la ola de otro tipo de violencia, la machista, que también azota Puebla. En lo que va de año se han producido al menos 90 feminicidios en la región. Cada 19 horas desaparece una mujer. Seis de cada diez poblanas afirman haber sido agredidas en algún momento de sus vidas, mientras que en el total de México declaran agresiones cuatro de cada diez mujeres.

La muerte de Mara Castillo, a manos de un conducto de Cabify, hizo aumentar las precauciones de las ciudadanas, sobre todo a la hora de transportarse por la ciudad. “Acabo de dejar a una mujer de 22 años. Estaba muy nerviosa. Hablaba mucho. Me dijo que desconfiaba de mí. Le dije que me podía detener, si me lo pedía, para que se bajase”, desvela Leo Gamboa, un conductor de Uber en Puebla.

“Ahora cuando una mujer se sube a mi coche, intenta ir hablando todo el camino con una persona, generalmente la mamá o el papá. O ellos mismos piden el servicio a través de sus móviles, para controlar así la ubicación y el recorrido”, admite. El asesinato de Mara Castillo ha perjudicado su negocio. “Ayer solo hice cuatro viajes en ocho horas que estuve conectado. Antes era pedido tras pedido. No terminabas un servicio y ya te estaba llegando otra alerta”, comenta Gamboa.

Y es que no solo Cabify ha sido señalada por dar cobijo a criminales. Un conductor de Uber participó en el asesinato de otra joven, Mariana Fuentes, hecho público a principios de octubre. La compañía se defendió argumentando que el homicidio no se produjo durante un servicio, lo cual es cierto, pero la Secretaría de Seguridad Pública reaccionó haciendo público que al menos 10 conductores de Uber habían participado recientemente en robos a tiendas y farmacias.

Uber y Cabify siguen operando en Puebla. Ambas compañías han firmado nuevas políticas de seguridad -botón del pánico incluido- pero no se les ha denegado el permiso de operaciones, extremo criticado por parte de la población. Cabify fue suspendida durante dos meses, pero volvió a las calles a mediados de noviembre.

La inoperancia política

La permisibilidad con las nuevas compañías de transporte no es la única crítica que los poblanos hacen a sus políticos. El Gobernador saliente, Rafael Moreno Valle, fue acusado de maquillar las cifras de criminalidad durante su mandato. La nueva Administración, a manos de José Antonio Gali, que tomó posesión en febrero, considera la mayor de sus prioridades la lucha contra el crimen pero, por ahora, no ha conseguido paliarlo.

A pesar de todos los problemas, Puebla registra 12 asesinatos por cada 100.000 habitantes, lejos de los 20 asesinatos por cada 100.000 habitantes que registra el total del país. La violencia no da tregua en México. Al menos 18.505 personas han sido asesinadas en los primeros nueve meses de 2017, una cifra inédita, incluso en los años más duros de la guerra contra el narcotráfico.