INFORME DE AMNISTÍA INTERNACIONAL

Noches de terror en Venezuela: el chavismo lleva la represión a los hogares

El Gobierno de Maduro ha ampliado su arsenal de tácticas represivas poniendo en marcha una despiadada campaña de allanamientos ilegales de viviendas de supuestos disidentes, según AI

Foto: Un opositor frente a efectivos de las fuerzas de seguridad venezolanas durante una protesta opositoras en Caracas. (Reuters)
Un opositor frente a efectivos de las fuerzas de seguridad venezolanas durante una protesta opositoras en Caracas. (Reuters)

Las autoridades venezolanas han ampliado su arsenal de tácticas represivas poniendo en marcha una despiadada campaña de allanamientos ilegales de viviendas de personas sospechosas de disidencia, según una investigación de Amnistía Internacional difundido hoy. En "Noches del terror: Ataques y allanamientos ilegales a viviendas en Venezuela", la organización revela cómo, en los últimos meses, fuerzas de seguridad venezolanas y grupos de civiles armados avalados por el Gobierno han irrumpido violentamente en los hogares de personas para intimidarlas y así disuadirlas de participar en manifestaciones y cualquier otra forma de protesta.

En Venezuela no hay un lugar que esté a salvo del retorcido poder de las fuerzas de seguridad. Ni siquiera el propio hogar”, ha afirmado Erika Guevara-Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas. “Las autoridades venezolanas han descubierto una forma nueva e inquietante de reprimir la disidencia en su afán, aparentemente interminable, de infundir miedo a la población. Han trasladado la represión de las calles a las salas de estar de casas particulares (...) La gente tiene derecho a sentirse segura en su propio hogar", ha añadido.

En el contexto de las manifestaciones opositoras -en las que un total de 120 personas han perdido la vida, casi dos mil han resultado heridas y más de 5.000 han sido detenidas-, organizaciones locales de derechos humanos han recopilado informes de al menos 47 allanamientos ilegales en 11 estados del país de abril a julio de 2017. Personas afectadas contaron que agentes de seguridad y hombres armados, que presuntamente pertenecían a grupos armados ilegales avalados por el Gobierno, habían irrumpido violentamente en sus casas sin una orden judicial y sin dar explicación alguna del motivo por el que estaban allí.

Estos allanamientos suelen ir acompañados de amenazas de muerte y de violencia, tanto verbal como física, que incluye usar material antidisturbios y disparar botes de gas lacrimógeno al interior de las casas, según los testimonios recogidos por personal de Amnistía Internacional que entrevistó a víctimas de estos allanamientos en cuatro estados: Caracas, Miranda, Carabobo y Lara.

Las víctimas relataron también que las fuerzas de seguridad habían derribado puertas, habían roto ventanas y, en algunos casos, se habían apropiado de objetos de su casa. En un bloque de pisos de Miranda, cámaras de videovigilancia grabaron a miembros de las fuerzas de seguridad saliendo con grandes bolsas, presumiblemente llenas de objetos robados.

Los allanamientos podían durar horas y, en algunos casos, toda la noche. Una vez en el interior de la vivienda, las fuerzas de seguridad preguntaban por el paradero de “los jóvenes que estaban protestando”. Muchos jóvenes fueron sometidos a redadas y se practicaron detenciones arbitrarias de forma masiva. Un hombre del estado de Lara (norte de Venezuela) dijo que las fuerzas de seguridad entraban gritando: “Bajen ahora malditos guarimberos [...] los vamos a violar a toditos”.

Impacto de una bomba lacrimógena en una casa de Montaña Alta, Miranda. (Reuters)
Impacto de una bomba lacrimógena en una casa de Montaña Alta, Miranda. (Reuters)

"Es alarmante que en todas las comunidades entrevistadas fue consistente el relato de uso de violencia como golpes con las armas o patadas a las personas que estaban siendo arrestadas", señala el informe. Varias víctimas dijeron a Amnistía Internacional que temen que haya otra incursión en su casa en cualquier momento y tienen problemas para dormir.

Debido a la escasez crónica de mercancías en Venezuela, algunas de estas personas no han podido reparar los daños sufridos a causa del allanamiento y ahora viven sumamente expuestas en casas sin puertas. “Estos allanamientos de viviendas son absolutamente ilegales con arreglo al derecho internacional y a la propia Constitución de Venezuela”, ha manifestado Erika Guevara-Rosas. “Ya es hora de que el Gobierno de Maduro y sus fuerzas de seguridad desistan de emplear la violencia y la represión contra la población de su país. Violaciones de derechos humanos de esta índole no pueden continuar en el futuro, y para poder garantizar el fin de esta política de violencia tiene que hacerse justicia a las víctimas", ha añadido.

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