¿Qué está pasando en Myanmar? Las 6 claves de la gran limpieza étnica de nuestro tiempo

El autor de este artículo tuvo un primer contacto con el problema rohingyá en Tailandia, en 2009: dos pateras de refugiados habían sido interceptadas por las autoridades tailandesas en sus costas, pero en lugar de acogerlos, les habían roto los motores y los habían enviado de nuevo aguas adentro, abandonados a su suerte. La historia salió a la luz porque los ocupantes de una de las pateras fueron rescatados por la marina india. De los demás jamás volvió a saberse nada. Aquella atrocidad me impactó mucho, pero palidece a la luz de los abusos que han sufrido en años posteriores los miembros de esta etnia, definida por una portavoz de la ONU como “probablemente el pueblo con menos amigos del mundo”. Desde agosto de este año, una nueva oleada de violencia ha vuelto a poner el foco en un conflicto en el que los grandes perdedores son los miembros de esta etnia, y que a pesar de su magnitud apenas está atrayendo la atención internacional.

¿Quiénes son los rohingyá?

Esta minoría de 1,1 millones de personas vive discriminada en el estado de Rakhine o Arakan, en el oeste de Myanmar (la antigua Birmania), y contra la cual periódicamente se producen estallidos de violencia que provocan éxodos masivos hacia Bangladesh y otros países: en 1977-78, en 1991-92 y en 2012. El motivo de esta persecución es racial y religioso: además de ser una etnia diferenciada, los rohingyá son musulmanes en un Myanmar mayoritariamente budista.

No siempre fue así: cuando el país alcanzó su independencia del Imperio Británico en 1948, los rohingyá eran ciudadanos de pleno derecho. Pero fueron objeto de sucesivas campañas negativas por parte de la dictadura militar, que en 1982 les privó de sus derechos de ciudadanía y de su estatus de minoría étnica y pasó a considerarles oficialmente inmigrantes ilegales. Como consecuencia, son técnicamente “individuos sin estado” que carecen de acceso al empleo, la educación, los servicios sanitarios o incluso el permiso para desplazarse dentro del país o contraer matrimonio.

Hoy, la gran mayoría de los birmanos les considera un pueblo extranjero, y se refiere a ellos como “bengalíes”, a pesar de que existen evidencias de que los pueblos rohingyá se encontraban en el estado de Rakhine ya antes de la conquista británica en 1826. Aung San Suu Kyi, la líder civil de facto del país, incluso ha exigido al Gobierno de EEUU y otros que deje de utilizar el término ‘rohingyá’ en sus documentos oficiales.

¿Cómo empezó el conflicto?

En 2012 se produjo un gran estallido de violencia intercomunal en el estado de Rakhine, azuzada sobre todo por monjes budistas de ideología nacionalista, en la que los rohingyá se llevaron la peor parte. Desde entonces, la discriminación oficial y los abusos no han hecho más que empeorar. En octubre del año pasado, los tradicionalmente pacíficos rohingyá anunciaron la creación de un grupo armado para responder a estos ataques, el Ejército de Salvación Rohingyá de Arakan (ARSA), también conocido como Harakat Al-Yaqin (“Movimiento por la Fe”). Unos cuatrocientos militantes ligeramente armados atacaron tres puestos fronterizos, matando a 9 soldados y haciéndose con armas y munición.

TE PUEDE INTERESAR

La limpieza étnica de musulmanes que conocerá cuando se haga una película

Laura Villadiego. Bangkok

Pero la brutal respuesta del ejército galvanizó aún más a la minoría rohingyá: el pasado 24 de agosto, el ARSA pudo lanzar un ataque coordinado que implicó a más de 6.500 combatientes, lo que indica que la organización goza de un fuerte y creciente apoyo entre la población. Las autoridades han reaccionado con una campaña de acoso y tierra quemada contra las aldeas rohingyás que ha implicado asesinatos, violaciones y una devastación a gran escala. Como consecuencia, la mitad de la población rohingyá ha huido ya a Bangladesh, donde se han unido a los desplazados de éxodos anteriores y se han creado campos de refugiados improvisados que acogen ya a alrededor de 500.000 personas, según MSF.

¿Qué está haciendo el ejército de Myanmar?

Zeid Ra’ad Al Hussein, Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, ha asegurado que lo que está sucediendo es “un caso de limpieza étnica de manual”. Los testigos y las evidencias describen un patrón de serias violaciones de derechos humanos que incluyen la destrucción de aldeas, ejecuciones extrajudiciales y atrocidades de diverso jaez a manos del Tatmadaw, el ejército birmano, y los cuerpos de seguridad en Rakhine. Algunos observadores creen que el propósito es, precisamente, provocar la huida de los rohingyá a otros países.

TE PUEDE INTERESAR

Pueblos prohibidos a musulmanes: la última vuelta de tuerca en el gran apartheid de Asia

Laura Villadiego. Bangkok

“Cuando las fuerzas de seguridad vinieron a nuestra aldea, todos los aldeanos se disculparon y les pidieron que no quemasen sus casas. Pero dispararon a la gente que había hecho esa petición”, ha descrito un testigo a la agencia Reuters. “La gente ha sufrido porque mataron a sus hijos delante de ellos, incluso a pesar de que pidieron clemencia. Sus hijas y hermanas fueron violadas”, añadió.

“Los datos son irrefutables: las fuerzas de seguridad de Myanmar están prendiendo fuego al norte del estado de Rakhine en una campaña dirigida a expulsar a los rohingyás de Myanmar. No se equivoquen: es una limpieza étnica”, afirma Tirana Hassan, directora de Respuesta a las Crisis de Amnistía Internacional. La organización asegura que existe “un patrón claro y sistemático” de abusos: “Las fuerzas de seguridad rodean un pueblo, disparan a la gente que huye presa del pánico, y luego incendian las casas hasta los cimientos. En términos legales, se trata de crímenes de lesa humanidad: ataques sistemáticos y expulsión forzada de civiles”, relata Hassan. Además, Amnistía Internacional ha documentado la colocación de minas antipersona -prohibidas por la legislación internacional- en la frontera norte del país, para impedir el regreso de los refugiados.

¿Cómo están reaccionando los países de alrededor?

Tanto el ministro de Exteriores de Bangladesh como el presidente turco Recep Tayyip Erdogan han calificado estos hechos de “genocidio”. Bangladesh ha abierto sus fronteras a estos refugiados, y hace lo que puede para lidiar con la crisis.

En el resto de países vecinos no hay demasiado entusiasmo hacia la causa rohingyá. Países musulmanes como Arabia Saudí, Pakistán o Malasia, por razones religiosas, han acogido históricamente a cientos de miles de rohingyás, aunque su situación en dichos estados no es demasiado envidiable. Los 40.000 miembros de la minoría en la India se enfrentan ahora a la deportación en masa por el Gobierno nacionalista de Narendra Modi, alegando “evidencias secretas de vínculos terroristas” que los convierten en un peligro de seguridad nacional. Y en otros estados como Tailandia o Indonesia tampoco se les tiene demasiado cariño.

¿Qué hay de cierto en las acusaciones de terrorismo?

El Gobierno de Myanmar asegura que el ARSA es una organización yihadista creada por rohingyás radicalizados en Arabia Saudí. Las evidencias al respecto son escasas, y la mayoría de los observadores se han mostrado cautos o escépticos acerca de esta relación con el yihadismo, tan conveniente para las autoridades birmanas.

No obstante, no hay duda de que el ARSA está dispuesto a utilizar la violencia para lograr sus metas, y no solo contra miembros de las fuerzas de seguridad: según un largo artículo de investigación de la agencia Reuters sobre esta insurgencia, el grupo lleva meses asesinando a administradores locales, jefes de aldea e informantes del Gobierno, para evitar que proporcionen datos a la policía o los servicios de inteligencia sobre sus actividades. Y la estrategia está funcionando: según una fuente de seguridad citada en el artículo, las autoridades están teniendo muchos problemas para conseguir información sobre los planes del ARSA.

El International Crisis Group ha calificado el ataque del 24 de agosto de “clara provocación”. Sin embargo, este prestigioso think tank también ha criticado las represalias indiscriminadas de las autoridades contra la población rohingyá en general. A ojos de muchos rohingyás, la respuesta violenta está cada vez más justificada.

¿Qué papel juega Aung San Suu Kyi, la Premio Nobel de la Paz?

A la principal responsable civil del Gobierno de Myanmar, galardonada por la Academia sueca en 1991 por su larga trayectoria de lucha por la democracia en su país, se la ha criticado mucho por no alzar la voz en defensa de los rohingyá, tanto que existe una campaña en Change.org para exigir que le retiren el Nobel. Cuando finalmente ha hablado, ha sido para peor, minimizando las acciones del ejército y justificando las medidas adoptadas por las fuerzas armadas, y señalando que “la mitad de los miembros de esta minoría no ha abandonado Myanmar”, supuestamente porque “están integrados”, lo que implica que el resto sí lo ha hecho porque no lo estaban, y no debido a las presuntas atrocidades en Rakhine.

Esta reacción hay que entenderla en el contexto político del país. En las elecciones de 2015, la Liga Nacional por la Democracia (NLD) de Suu Kyi se hizo con el 80% de los escaños en el parlamento, y aunque ella no puede ocupar el cargo de presidente debido a un tecnicismo –tiene pasaporte británico debido a su matrimonio con un profesor de esa nacionalidad, circunstancia que el ejército aprovechó para vetarla-, el nuevo ejecutivo creó el cargo de “Consejera de Estado” para que pudiese participar en la gestión gubernamental. Se le considera, por tanto, la líder de facto del país.

Opinión

TE PUEDE INTERESAR

Aung San Suu Kyi, la Premio Nobel de la Paz que está justificando un genocidio

Daniel Iriarte

Pero en realidad es muy poco lo que Aung San Suu Kyi podía hacer: en Myanmar, el Gobierno civil no tiene autoridad real sobre el Tatmadaw (las fuerzas armadas), cuyas prerrogativas están blindadas por la constitución de 2008, por la que los mismos militares permitieron la llegada de la democracia al país. A ello hay que sumar que las propias bases de la NLD tienen exactamente la misma posición que las autoridades castrenses respecto a los rohingyá.

Como señala el experto en Myanmar Lex Rieffel en un artículo académico para la Institución Brookings, probablemente ni una crítica pública al ejército ni la dimisión de Suu Kyi para mantener su credibilidad internacional habrían supuesto una mejora en la situación de los rohingyás. “Si Daw Suu [como llaman a Suu Kyi sus seguidores en Myanmar] condena las operaciones del Tatmadaw que han llevado a los rohingyás a Bangladesh, estará condenando tanto al ejército como a los votantes que le dieron la victoria a su partido en 2015. Como resultado, su posición de liderazgo probablemente se volverá insostenible. El maltrato a los rohingyá es con toda probabilidad un problema menor para Daw Suu que la guerra civil que ha sacudido Myanmar desde la independencia”, afirma Rieffel. Pero eso no hace que el sufrimiento de estas víctimas sea menos real.