"una asamblea al estilo soviético"

Elecciones a la Asamblea Constituyente: claves de un proceso crucial para Venezuela

Si el presidente Maduro logra sacar adelante su proyecto, podrá establecer la base legal para cambiar el sistema político en Venezuela. Por eso habrá un antes y un después de este fin de semana

Foto: Nicolás Maduro en Caracas. (Foto: Reuters)
Nicolás Maduro en Caracas. (Foto: Reuters)

Venezuela se prepara para acudir de nuevo a las urnas este fin de semana, que podría ser decisivo para el futuro del país. El presidente Nicolás Maduro ha convocado elecciones para una Asamblea Nacional Constituyente este domingo 30 de julio, en las que se elegirán a la mayoría de sus miembros, que serán investidos con la responsabilidad de redactar un nuevo texto constitucional para el país. Posteriormente, el documento será sometido a referéndum. La oposición ha llamado a boicotear el proceso, y a un parón de 48 horas desde el pasado miércoles en el que se han producido importantes disturbios y varios muertos. Un escenario que ya parece habitual, pero en esta ocasión hay algunos elementos que lo hacen diferente.

¿Por qué es tan importante?

Hasta ahora, a pesar de los exitosos esfuerzos que el chavismo ha dedicado a controlar las instituciones venezolanas, estas seguían esencialmente en pie: un cambio de gobierno habría permitido mantener el sistema democrático en Venezuela. Lo que plantea ahora Maduro va mucho más allá: mediante una nueva constitución -necesaria para poder alterar el modelo político de una forma tan profunda-, el Gobierno pretende imponer un nuevo reparto de poder que le permita retener importantes competencias independientemente de lo que digan las urnas.

La simple convocatoria ya supone una ruptura radical con el procedimiento democrático hasta ahora vigente: las elecciones permitirán a los venezolanos elegir por sufragio directo a 364 de los miembros de la Asamblea encargada de redactar el nuevo texto constitucional, pero los 181 restantes serán designados en representación de siete sectores sociales, entre ellos los pensionistas, grupos indígenas, campesinos, estudiantes y hombres de negocios. Y ahí es donde el Gobierno tiene más capacidad de determinar quiénes serán esos representantes. Por eso, muchos críticos califican el proyecto que quiere imponer Maduro de “democracia soviética”.

En cualquier caso, más allá de eso, es muy poco lo que se sabe sobre la intención de los mandatarios venezolanos sobre qué cambios concretos se introducirán en la nueva constitución. Maduro y sus colaboradores cercanos han mantenido una calculada ambigüedad al respecto, para tener el mayor margen de acción posible. Pero se sospecha que uno de los propósitos sería modificar el calendario electoral y alterar la obligatoriedad de los plazos actuales: las elecciones regionales, por ejemplo, previstas para el pasado diciembre y retrasadas ya hasta finales de este año, podrían verse afectadas si las previsiones no son favorables para el partido gobernante.

Habitantes de Caracas pasan por delante de una pancarta llamando al boicot electoral, el 26 de julio de 2017. (Reuters)
Habitantes de Caracas pasan por delante de una pancarta llamando al boicot electoral, el 26 de julio de 2017. (Reuters)

¿Cuánto apoyo tiene Maduro para su proyecto?

Es difícil de saber. La idea fue rechazada por el 98% de los participantes de la consulta no oficial organizada por la oposición el pasado 16 de julio, pero el porcentaje es engañoso, puesto que el mero hecho de ir a votar ya implicaba un posicionamiento político contrario al Gobierno. Incluso en el caso más extremo -si, como aseguran los convocantes, 7'5 millones de venezolanos participaron en la votación-, esto supondría apenas una cuarta parte de los 31 millones de habitantes del país. Y aunque la cifra es muy significativa (en 2015, el partido de Maduro apenas logró 5,6 millones de votos) seguimos sin conocer la opinión de las otras tres partes de la ciudadanía sobre esta cuestión concreta.

Ciertamente, las manifestaciones y las protestas son cada vez más multitudinarias, pero la participación en los paros y los actos de repudio convocados por la oposición se corresponden ampliamente con el mapa electoral de la disidencia: mucho seguimiento en el este de Caracas y en regiones con alcaldes y gobernadores opositores, como Miranda, pero con bastante menor impacto en otras áreas de la capital. Para un porcentaje importante de los venezolanos, la subsistencia es lo que ocupa la mayor parte de sus energías en el día a día. En cualquier caso, la tasa de aprobación de Maduro ronda apenas el 20%.

Además, numerosos chavistas están en desacuerdo con la decisión de Maduro: para ellos, es una traición al legado del Comandante Chávez, puesto que supondría anular la constitución promovida por éste en 1999, que muchos consideran la más avanzada y progresista de la historia de Venezuela. Entre los díscolos hay numerosas figuras de alto perfil, como la fiscal general Luisa Ortega o la ex defensora del pueblo María Gabriela Ramírez. Resulta difícil prever de antemano qué postura adoptará este segmento político.

¿Por qué quiere el chavismo sacarlo adelante?

A pesar de los esfuerzos tanto de Hugo Chávez como de su sucesor por legitimarse mediante las urnas, su apoyo electoral ha ido menguando con cada convocatoria de comicios, a medida que la situación económica se deterioraba y las clases medias y bajas, los grandes caladeros de votos, se iban desencantando con el proyecto bolivariano. Tras el varapalo en las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015, en las que la oposición barrió logrando la mayoría absoluta, las posibilidades de mantenerse en el poder mediante las urnas se volvieron muy escasas para Maduro. De modo que su Gobierno ha tenido que recurrir a otras estrategias, entre ellas la represión (“Lo que no se pudo con los votos, lo haríamos con las armas”, declaró Maduro el pasado 28 de junio).

Pero más allá de la defensa del legado de Chávez, los líderes del movimiento saben que lo que está en juego no son sus cargos, sino directamente sus cabezas: sobre muchos de ellos pesan acusaciones de narcotráfico -en algunos casos, como el del vicepresidente Tareck El Aissami, incluyendo una orden de detención internacional-, cuando no de corrupción o de ser parte del aparato represivo. Según la firma de inteligencia privada Stratfor, países como Cuba o Rusia estarían dispuestos a ofrecer asilo político a Maduro y a su esposa Cilia Flores, pero no al resto de altos cargos del chavismo, por lo que a estos no les queda más remedio que jugar el órdago hasta el final.

¿Qué puede pasar?

Para el viernes, la oposición había llamado a 'tomar Caracas', aunque finalmente ha decidio dar marcha atrás. Pero mantiene el llamado a boicotear las elecciones el domingo, lo que dará una medida real de su fuerza. Si la tasa de participación es realmente baja -y no se produce un fraude a gran escala-, el movimiento opositor tendrá legitimidad para rechazar legalmente la Asamblea Constituyente y lo que salga de ella. Maduro ha amenazado con encarcelar a varios de los líderes opositores por “traición a la patria”, y ha señalado que uno de los objetivos de la nueva constitución será procesar a quienes buscan desestabilizar el país.

Pero si nada de eso acaba produciendo un cataclismo político y el 'status quo' se mantiene más o menos igual, Venezuela celebrará elecciones presidenciales en 2018. Para Maduro las perspectivas no son buenas, y él es muy consciente de que, a no ser que una nueva constitución le permita cambiar las reglas del juego, su permanencia en el cargo es más que dudosa. La apuesta, pues, es muy alta para todas las partes.

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