Pulso crucial entre Maduro y la oposición: huelga general en Venezuela

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se enfrenta este jueves a la primera huelga nacional convocada por la oposición desde 2002, que no logró el objetivo de derrocar al predecesor de Maduro, Hugo Chávez. 15 años después, el partido chavista todavía controla amplios sectores de la economía venezolana, aunque debilitados por la caída de los precios del petróleo y décadas de corrupción y mala administración.

La huelga convocada tendrá una duración de 24 horas y ha comenzado a las 6 de la mañana. Se trata de una medida política de protesta contra el plan de Maduro para modificar la Constitución mediante una Asamblea Nacional Constituyente, la cual, en caso de producirse, remodelaría el sistema de tal forma que consolidaría el poder del dirigente y su partido frente a las escasas instituciones que aún conservan su independencia política. El propósito de la coalición opositora (MUD) es boicotear la elección de los miembros de la Asamblea, prevista para el 30 de julio.

150.000 negocios venezolanos han cerrado en los últimos 15 años

El mayor grupo empresarial del país, Fedecámaras, ha evitado cautelosamente el apoyo total a la huelga, pero ha comunicado a sus empleados que no habrá consecuencias si deciden no ir a trabajar. Fedecámaras desempeñó un papel clave durante los meses de la huelga de 2002, orquestrada por el sector privado y los rivales políticos de Chávez para derrocar su Gobierno. La huelga de 2002 se saldó con el fortalecimiento del Ejecutivo chavista y años de expropiaciones, regulaciones estrictas e importaciones adquiridas con la venta de petróleo para remplazar la producción nacional. Desde entonces, unos 150.000 negocios venezolanos se han visto obligados a cerrar sus puertas.

"Este es un paro cívico: el que quiera trabajar, que trabaje, y el que se quiera detener, que se detenga", dijo el expresidente de Fedecámaras, Francisco Martínez, que ha renunciado esta misma semana a su puesto. Las industrias gestionadas por el Gobierno permanecerán abiertas. Según el ministro de Empleo, Néstor Ovalles, el Ejecutivo castigará a aquellas empresas que se unan a la huelga. "No vamos a permitirlo, estaremos observando atentamente cualquier interrupción que viole el derecho de la clase trabajadora a trabajar " dijo Ovalles. "Las empresas que se unan a la huelga serán castigadas".

El nuevo presidente de Fedecámaras, el economista Carlos Larrazabal, confirmó que la huelga será breve para no agravar en exceso la situación del país, que sufre escasez de alimentos y otros productos básicos. "Los niveles de abastecimiento son ahora mismo muy precarios. Si empeorase la situación de las cadenas de suministro, podríamos tener problemas más graves", dijo Larrazabal. No obstante, la Unión de Trabajadores Venezolanos -un sindicato ligado a la oposición- explicó que, de cada 20 miembros del sindicato, hay al menos 12 dispuestos a unirse a la huelga. Los empleados del sector de transportes en Caracas, también han confirmado su participación en la protesta.

"Es una llamada a la conciencia del pueblo venezolano", dijo Pedro Jiménez, responsable de una importante unión de trabajadores del transporte, "no habrá servicios de transporte".

Más de 24 horas antes del inicio de la huelga, varios grupos de vecinos en Caracas ya habían dispuesto barricadas en las calles, para irritación de algunos residentes. "El Gobierno encierra a los que protestan y los que protestan nos encierran a nosotros. No es justo", se quejó una de las residentes. Los responsables de las barricadas dijeron que no pensaban detenerse hasta que Maduro sea derrotado.

"Llevamos bloqueando las calles desde ayer y seguiremos haciéndolo el resto de la semana", manifestó una de las participantes. "Seguiremos haciéndolo hasta que este hombre se vaya".

Un escenario sin Maduro

Mientras, la oposición venezolana presentó ayer un acuerdo de gobernabilidad para establecer un gobierno de unión nacional una vez que Nicolás Maduro sea derrocado. La propuesta salió a la luz tres días después de la consulta popular impulsada por el presidente, en la que más de 7 millones de venezolanos votaron en contra de la Asamblea Nacional Constituyente.

El acuerdo, leído ante los principales dirigentes opositores, apuesta por el liderazgo democrático y la justicia social, comprometiéndose a aplicar en primer lugar "un plan de acción inmediata contra la crisis humanitaria" y enfatizando los aspectos básicos de "alimentación, medicamentos, precios, salud y atención". Se compromete a luchar para superar la pobreza y resalta que su política económica "nunca abandonará este objetivo superior" sino que será asimilado como un propósito permanente y estratégico por los siguientes gobiernos.

También establece los mecanismos necesarios para la formación del nuevo gobierno, cuyo presidente será elegido a través de primarias y contará con un gabinete conformado por "los mejores", "los más capacitados" y quienes hayan demostrado "mejor vocación de servicio y sensibilidad social". En este sentido, el acuerdo asegura que jamás habrá represalias o persecuciones "contra quienes simpaticen o militen en otras organizaciones políticas".

Por último, otorga una importancia central a la creación de un plan efectivo profesional para abordar el problema de la inseguridad y la "delincuencia desatada" en Venezuela. Algunas de las medidas mencionadas son el saneamiento de la fuerza pública y el "desarme y desarticulación" de los grupos paramilitares. Desde el 1 de abril han muerto 96 personas en las marchas contra Maduro y su Gobierno. Se trata de una oleada creciente de manifestaciones cada vez más espontáneas, ya que la oposición venezolana no ha respaldado ni estaba directamente involucrada en las protestas más recientes.