Los sueños rotos del Maidán: la razón de que Ucrania no despegue es la corrupción

En un hospital atrapado en el tiempo y desprovisto incluso de ordenadores, Borys Myluilovych, un jubilado de 64 años, se aguanta la pierna derecha con el ademán formal y distante de quien se ha acostumbrado a sufrir, soportando en silencio. En unas horas, le operarán el pedazo de carne tumefacta y no sabe qué quedará de él. Tal y como su compañero de habitación, para estar donde está, en un hospital público de Kiev, Borys ya ha pagado 3.500 grivnas —unos 120 euros, en un país donde el salario mínimo recientemente pasó de 50 a 100 euros— y tiene previsto verse obligado a asumir más gastos, en caso de que deban injertarle una prótesis. Todo lo pagará él, de su bolsillo.

Por ley, en Ucrania la Salud pública es gratuita. Sin embargo, en la realidad, los pacientes acaban pagando casi por todo: medicinas, exámenes, el tiempo de los médicos, la estadía y, a veces, incluso para artículos del baño y el papel higiénico. “No es dinero mío, porque no tengo, se lo pedí a mi hijo que vive fuera del país”, cuenta este paciente, procedente de la región de Mykoláiv (sur) y que se encuentra en una de las estructuras sanitarias consideradas de mayor nivel en Ucrania. No obstante, Borys no considera lo suyo corrupción, sino “el regalillo” que se debe. “No es que sea obligatorio, es que, vamos, si no se lo das, la siguiente vez es mejor que ni vuelvas…”, añade con tono agridulce Svitlana, originaria, en cambio, del oeste del país. “No ha cambiado nada; o mejor, quizá es peor ahora”, insiste.

Que 26 años después de su independencia, y a tres de distancia de la revolución de Euromaidán, la corrupción sea aún endémica en Ucrania es un secreto a voces. “En Ucrania, el 100% del sistema de la salud pública es corrupto y eso es considerado normal. La gente ni se entera de que lo que hace es corrupción, lo tiene asumido con resignación”, admite, en entrevista con esta periodista, Ulana Suprun, una enérgica doctora nacida en Estados Unidos que recientemente se convirtió en la 22ª ministra de Salud de Ucrania. “Los anteriores [ministros] acabaron casi todos defenestrados, en particular los que intentaron cambiar las cosas”, explica la médica, quien recientemente ha presentado cuatro proyectos de ley —todavía estancados en el Parlamento ucraniano— para revertir la situación.

“La lucha contra la corrupción es la madre de todas las batallas”, observa Suprun. No le falta razón, según con informes de comienzos de año sobre esta plaga, en los que se sugiere que a largo plazo la corrupción amenaza con ser un problema para Ucrania más grave que la guerra en el este del país.

Y es que, si bien la salud pública es todavía uno de los sectores considerados más corruptos del país, no es, por supuesto, el único. El fenómeno es transversal. La 'vzyatka' o regalillo, con el que los ucranianos se refieren a los sobornos, es un término todavía tan recurrente en las transacciones en Ucrania que, de acuerdo con la organización Transparencia International (TI), este país sigue siendo uno de los países peor situados en el mundo, colocándose en el puesto 131 —junto con Rusia, Nepal, Irán y Kazajistán— de 176 países. Y todo ello, a pesar de que acabar con la corrupción era precisamente una de las principales reivindicaciones de la mayoría de los manifestantes que, a partir de finales de 2013, tomaron la Maidán Nezalézhnosti de Kiev, para exigir un país más justo y equitativo a nivel socio-económico.

Resultados mixtos

En concreto, según un estudio del Centre for Economic Studies, se calcula que el 62% de las empresas ucranianas no pagan impuestos y cerca de la mitad dan sobornos. Y esto, tan solo en el sector de la industria de al por menor, tiene un coste anual de 8.000 millones de grivnas (unos 270 millones de euros). Más aún, se calcula que entre el 41 y el 46% de la economía ucraniana vive entre las tinieblas de la ilegalidad, es decir, que se salta todo control de las autoridades oficiales. En comparación, en otros vecinos, como Polonia, ese valor equivale al 19%, según esa misma fuente. Con ello, según TI, el 81% de los ucranianos considera un fracaso la lucha contra la corrupción en Ucrania.

En opinión de Volodymyr Yermolenko, director del centro European Projects de Kiev y comentarista de Hromadske, aunque el gobierno del hoy primer ministro ucraniano Volodymyr Groysman —un empresario cercano al presidente oligarca del país,Petro Poroshenko— haya emprendido desde el año pasado una senda de recortes y reformas, los resultados aún son desiguales e incompletos. “Ha habido un 50% de fracasos y un 50% de éxitos”, opina Yermolenko.

Sobre el papel, forzada por sus prestamistas —la Unión Europea y el FMI—, Ucrania, de hecho, ha dado algunos pasos hacia adelante en los últimos años, a través de la creación de algunas instituciones destinadas a cazar corruptos. Entre estas figuran la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU, por sus siglas en ucraniano), un equipo de detectives formados por el FBI estadounidense y la Unión Europea, y cuya tarea es de la de investigar y preparar los casos sobre personas responsables de delitos de corrupción. A comienzos de este año, NABU había preparado unos 260 casos sobre personas sospechosas de esto delitos.

De igual modo, también ha nacido la Oficina Especial de Anticorrupción de la Fiscalía General, cuya tarea sería la de sentar en el banquillo de los imputados a quienes son señalados por la NABU, pero cuya transparencia y eficacia es objeto de controversia. Asimismo, Ucrania también ha creado una agencia nacida para volver a poner a disposición de la sociedad los bienes y el dinero incautados por el Estado, en una maniobra que, sin embargo, todavía no acaba de ponerse bien en marcha.

Así el guion de la vida real ha resultado, hasta la fecha, ser algo diferente al imaginado por los jóvenes de Maidán. “Seguir los juicios es muy frustrante, ninguno de los grandes casos ha acabado aún con sus apresados en prisión definitiva. El problema es que se necesitaría un organismo judicial independiente y no vinculado al poder ejecutivo y no hemos llegado ahí aún”, subraya Yermolenko. “Esto es clave. Pues si tenemos a policías que investigan pero no a jueces que condenan todo se queda en papel mojado”, agrega. Dicho esto, una herramienta que parece estar funcionando es la web ProZorro, un nuevo portal en el que ahora por ley se deben anunciar todas las nuevas licitaciones públicas y gana el proveedor que hace la mejor oferta. Y más aún.

Apenas 30 casos entre decenas de miles

En las primeras horas de la madrugada del 31 de octubre de 2016, poco después de la medianoche, en Ucrania tuvo lugar lo nunca visto. Por primera vez en la historia de esta nación, los ingresos y bienes de decenas de altos funcionarios públicos y legisladores aparecieron en las pantallas de las computadoras de los ciudadanos de todo el país.

Desde entonces y hasta comienzos de 2017, gracias a una ley de 2014 que obliga a ello, 107.000 declaraciones de renta de jueces, magistrados, diputados, funcionarios públicos, salieron a la luz, revelando desmesuradas riquezas, según informaciones de New Eastern Europe, una web financiada por ONGs y centros de estudios polacos vinculados a la UE. Huevos Fabergé, diamantes, relojes de oro macizo, bodegas de los mejores vinos y hasta boletos para viajar hasta el espacio figuraban entre las propiedades reveladas de estas élites. “Parecía un milagro. Finalmente el pueblo conocía las pruebas de la titánica corrupción de las élites”, afirma Maria Zolkina, analista política de la Fundación Ilko Kucheriv de Kiev.

El milagro, no obstante, también esta vez duró poco. En marzo de este año, de esa enorme cantidad de contribuyentes, la Agencia Nacional para la Prevención de la Corrupción (NAPC, otro nuevo organismo cuya tarea es revisar las declaraciones electrónicas de bienes de los funcionarios públicos), reveló que tan solo 30 casos habían resultado sospechosos y se encontraban bajo investigación, subraya Zolkina. “Increíble que sean tan pocos, ¿verdad?”, observa la analista. “Es evidente que algo no está funcionando”.

Cómo, en estos últimos meses, grandes oligarcas ucranianos y altos funcionarios del Estado se han librado de ir a la cárcel ha provocado ríos de tinta en la prensa ucraniana, sin que ello tuviera repercusiones de calado. Uno de ellos, Roman Nasirov, ex jefe de la Agencia Tributaria ucraniana, acusado de haber provocado unos daños de 70 millones de euros al Estado, sí ingresó en prisión en marzo pasado, pero poco después fue liberado bajo fianza tras pagar un récord de 100 millones de grivnas (3,7 millones de dólares).

Otro, más espectacular aún si cabe, es el caso del oligarca Dmytro Firtash, un millonario ucraniano reclamado por la Fiscalía Anticorrupción de Cataluña y el FBI y presunto líder de una trama mafiosa internacional con ramificaciones en España y Estados Unidos y antiguo allegado de Yanukóvich. Firtash, capturado en 2014 en Viena, sólo estuvo diez días en prisión antes de que su abogado —un ex ministro de Justicia austríaco— lograra su puesta en libertad, como reportó en su momento la prensa local.

Invitación a la corrupción

“Y no es un caso único. En los últimos meses, un número no conocido de funcionarios sospechosos de corrupción ha abandonado el país y se desconoce su paradero”, dice Anna Korbut, periodista de investigación del diario bilingüe inglés-ucraniano The Ukrainian Week. Asimismo, las investigaciones sobre las tramas corrupción han arrojado nuevos elementos sobre el alcance de estas telarañas y sobre cómo sobrevivieron tras la rebelión de Maidán. Un ejemplo de ello es la investigación contra el empresario Nikolai Martynenko, a quien se vincula con Arseniy Yatsenyuk, primer ministro de Ucrania hasta el relevo del actual mandatario.

“Otro asunto es adónde está yendo hoy el poder en Ucrania. No hay dudas de que algunos antiguos oligarcas se han reciclado, apoyan hoy al nuevo Gobierno y siguen controlando importantes áreas de la economía ucraniana, como el sector energético”, afirma la reportera. El problema es, de acuerdo con ella, investigar en profundidad sobre cada caso resulta complejo pues a menudo lo visible son compañías que son en realidad empresas pantallas, afincadas en paraísos fiscales y estados reacios a colaborar. “Todo es muy tramposo. Por ejemplo, en 2016, Ucrania nacionalizó Privatbank, el banco que pertenecía a uno de los principales oligarcas del país, Ihor Kolomoisky. Sin embargo, luego se conoció que ese banco está fuertemente endeudado”, afirma Korbut.

“No está en discusión que el sistema de los oligarcas sigue en pie. Nuestro presidente [Petro Poroshenko] es un oligarca”, apunta, por su parte, el analista Dmytro Boyarchuk, director ejecutivo del centro de estudios socioeconómicos CASE Ukraine. “Y, si muchas personas del equipo de [el anterior presidente] Yanukóvich fueron removidas de sus puestos, los esquemas que controlaban y crearon siguen funcionando y benefician a varios [de los antiguos oligarcas]”, argumenta. El año pasado, los Papeles de Panamá revelaron que Poroshenko poseía bienes en las Islas Vírgenes Británicas, uno de los principales paraísos fiscales del mundo.

En un país donde la corrupción se anida entre la burocracia, Suprun, la ministra de Salud, también subraya la insensatez de sistemas paralelos, pero con las mismas funciones. “Hay que saber que mi ministerio controla solo el 60% del sistema sanitario de Ucrania. El otro 40% está en manos de 16 distintas entidades, lo que implica un sinfín de servicios duplicados y destinados a colectivos específicos, ferroviarios, militares…”, cuenta esta doctora, que no deja de señalar las contradicciones que abundan en Ucrania. “Otro es el tema de los salarios. Hoy día los salarios de muchos funcionarios públicos de la parte baja de la pirámide jerárquica siguen siendo una miseria, lo que es casi una invitación a hacerse corruptos”, afirma.

Lejos del centro de la capital de Kiev, donde no es infrecuente ver circular a automóviles de lujo y los cafés están a menudo repletos de jóvenes bien vestidos y políglotas, es donde la factura de los fracasos de Ucrania amenaza así con golpear mayormente los sectores más frágiles de población. “Muchos están peor que antes pues los precios han subido enormemente. Hoy un café puede costar más que en Roma o Madrid”, asevera Svitlana, una trabajadora doméstica habitante de un pueblo cercano a Lviv. “Por eso, también la gente común es corrupta. Aún se cree que no hay otro remedio”, añade y rebufa. “Ojalá logren ganar esta batalla. La gente ya no cree en ello”.