el ministro dastis hace su primer viaje a rabat

España teme ser la primera víctima de la tensión entre Marruecos y la UE

Si Rabat busca formas de presionar a la Unión Europea, nuestro país puede ser el eslabón más débil. Y a Marruecos no le ha temblado el pulso a la hora de tomar represalias contra Francia

Foto: El ministro de Exteriores español, Alfonso Dastís, durante una reunión con el ministro marroquí Salahedín Mezuar, durante su visita oficial a Marruecos, el 13 de febrero de 2017. (EFE)
El ministro de Exteriores español, Alfonso Dastís, durante una reunión con el ministro marroquí Salahedín Mezuar, durante su visita oficial a Marruecos, el 13 de febrero de 2017. (EFE)

La relación entre Marruecos y la Unión Europea (UE) atraviesa un área de turbulencias y España teme ser su primera víctima. El ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, efectuó el lunes 13 su primer viaje a Rabat para tratar de evaluar el alcance de los baches que se avecinan, aunque no pudo ser recibido por el rey Mohamed VI, que está de viaje por África subsahariana. Si se producen, los baches perturbarán una relación hispano-marroquí equiparable desde hace años a una balsa de aceite.

Entre los miembros de la UE, España es, en apariencia, el eslabón más débil a hipotéticas represalias marroquíes. Es la principal beneficiaria del acuerdo de pesca con Marruecos; es el primer destino de los migrantes irregulares que zarpan de las costas marroquíes, y mantiene, por último, con Rabat una estrecha cooperación antiterrorista especialmente útil en Ceuta y Melilla.

España teme ser la primera víctima de la tensión entre Marruecos y la UE

La prensa oficialista marroquí la aplaudió en un primer momento, pero la sentencia del 21 de diciembre de la Corte de Justicia europea sobre el tratado agrícola entre Rabat y la UE es un mazazo para los intereses marroquíes. Recalca que el acuerdo no puede abarcar al Sáhara Occidental porque no forma parte de Marruecos.

Las autoridades marroquíes han desencadenado ahora una ofensiva diplomática cuyo objetivo es, en el fondo, conseguir que la UE ignore ese veredicto; que no repercuta sobre el conjunto de acuerdos en vigor entre Rabat y Bruselas que engloban a la antigua colonia española.

La presión marroquí quedó puesta de manifiesto por el comunicado de su Ministerio de Agricultura del 6 de febrero, en el que amenazaba, en términos velados, con reabrir el grifo de la emigración irregular hacia Europa si no se cumplían sus exigencias. También dejaba caer que podría buscar socios alternativos a la UE, desde Rusia hasta China, pasando por India.

Un inmigrante africano colgado de la valla en Ceuta es observado por policías españoles, el 1 de enero de 2017. (Reuters)
Un inmigrante africano colgado de la valla en Ceuta es observado por policías españoles, el 1 de enero de 2017. (Reuters)

Para que el mensaje quedase claro a sus interlocutores españoles, el titular de Agricultura, Aziz Akhnnouch, un multimillonario muy cercano al monarca, concedió además una entrevista a la agencia de prensa española EFE. “¿Por qué vamos a seguir haciendo de gendarmes (…)?” con la emigración, se preguntó el ministro. “El problema de la emigración es muy costoso para Marruecos y Europa debe apreciarlo en su justo valor”, recalcó.

Ante la ofensiva marroquí, la UE se ha mostrado conciliadora. Federica Mogherini, la Alta Representante de Política Exterior, recibió el 7 de febrero, 24 horas después de la publicación del comunicado, al ministro adjunto de Exteriores marroquí, Nasser Burita. A la reunión tuvo la deferencia de incorporarse Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea.

El Gobierno español no se ha manifestado en público sobre la sentencia, de diciembre, pero a lo largo de 2016 aunó en vano fuerzas con el Consejo de Ministros de la UE y Francia para derrotar al Polisario en la corte. Brinda además con discreción su apoyo a Marruecos en todos los foros internacionales, empezando por el Consejo de Seguridad de la ONU, y rehúye protestar por cualquier incidente como la expulsión de periodistas del Sáhara o el ametrallamiento, en 2013, de dos jóvenes melillenses que navegaban en aguas marroquíes, pero muy cerca de su ciudad.

Por mucho que prodiguen buenas palabras, los responsables europeos saben que, con más o menos contundencia, deben acatar la sentencia. Ahí están para recordárselo el bufete de Gilles Devers, el abogado francés del Frente Polisario que ya ha emprendido algunas acciones legales, varias ONG afines al movimiento saharaui y algunos estados miembros nórdicos con menos sensibilidad para los intereses de Marruecos que la de sus principales valedores (Francia, España, Bélgica y Portugal).

A finales de este año, el Tribunal de Justicia europeo deberá además pronunciarse sobre otro acuerdo, de mucho mayor calado, entre la UE y Marruecos: el de pesca. De él se aprovecha fundamentalmente la flota pesquera española que faena, sobre todo, en aguas del Sáhara. Las partes en litigio entregaron el 9 de febrero sus alegatos al tribunal. El bufete Devers prevé que la sentencia será muy parecida a la de diciembre pasado: el Sáhara no forma parte del Reino de Marruecos. Cumplirla significará retirar de esas aguas a la flota comunitaria y ahondar la crisis con Rabat.

Un policía custodia la sede de la DGST en Salé, Marruecos. (Reuters)
Un policía custodia la sede de la DGST en Salé, Marruecos. (Reuters)

La diplomacia española no augura, por tanto, una larga vida al acuerdo pesquero, pero teme otras consecuencias. La primera es que se relaje su vigilancia costera y la que ejercen las Fuerzas Auxiliares (antidisturbios) y el Ejército de Marruecos alrededor de Ceuta y Melilla para protegerlas de los asaltos de los subsaharianos. La segunda es que vuelvan las protestas nacionalistas en los accesos a ambas ciudades.

El comité creado en Marruecos para “liberar” ambas ciudades se autodisolvió en junio de 2014, y sus dos principales responsables fueron condenados por un tribunal de Nador —su número dos, Said Chramti, pasó 18 meses en la cárcel— por entorpecer con sus manifestaciones la frontera con Melilla. Hamid Chabat, líder de la histórica formación Istiqlal, se quejó incluso de que estaba desaconsejado a los partidos mencionar en las campañas electorales la reivindicación sobre Ceuta y Melilla. Unos años antes, en 2007, Abbas el Fassi, un primer ministro del Istiqlal, había equiparado ante el Parlamento la situación en ambas ciudades con la de “Palestina ocupada”.

La principal preocupación española es, sin embargo, que Marruecos corte o racione la cooperación antiterrorista. Ahora es tan estrecha que hasta comisarios de policía españoles asisten allí en vivo a operaciones contra los yihadistas que tienen ramificaciones en España. La Dirección General de Supervisión del Territorio (DGST), la policía secreta de Marruecos, dispone de una excelente información porque, entre otras cosas, buena parte de los aspirantes a terroristas en España son marroquíes o de origen marroquí, y los musulmanes de Ceuta y Melilla viven en ósmosis con sus familiares residentes del otro lado de la frontera.

A Marruecos no le tiembla el pulso a la hora de tomar medidas tan drásticas. No dudó en hacerlo con Francia, un país más importante que España para sus intereses, porque es miembro permanente del Consejo de Seguridad. De febrero de 2014 a enero de 2015, la DGST dejó de suministrar información a la policía y a los servicios secretos franceses.

Fue su respuesta después de que la policía judicial francesa intentase en vano, el 20 de febrero de 2014, llevar a declarar ante un juez instructor a Abdellatif Hammouchi, director de la DGST, que se encontraba de visita en París. Dos franceses de origen marroquí y un saharaui encarcelado en Salé (Marruecos) le acusaban de haberles torturado. Ocho meses después, con motivo de una visita a Madrid, Hammouchi fue condecorado con la Cruz honorífica al Mérito de la Policía.

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