Atropellar a un manifestante no estará penado: las “leyes mordaza” llegan a EEUU

La democracia americana está siendo tensada; sus costuras crujen a diario forzadas por las protestas, la desinformación y los decretos temporalmente suspendidos del presidente más impopular desde que hay encuestas. En este clima de agitación, varios estados comienzan a sopesar leyes represivas inéditas desde hace 60 años.

La Cámara de Representantes de Minnesota debate una ley que permitiría multar a los manifestantes con el gasto de las protestas; por ejemplo, el coste de desplegar policías. La ley afectaría a cualquier persona que participara en una manifestación no sancionada por las autoridades. Minnesota ha sido escenario de protestas contra la violencia policial tras la muerte grabada en vídeo del joven negro Philando Catile el pasado julio.

En el estado de Washington algunas protestas podrían pasar a ser consideradas “terrorismo económico”, según propone un parlamentario republicano. Las personas detenidas enfrentarían mayores penas de prisión. En Indiana podría permitirse a la policía desbloquear las carreteras “con los medios que sean necesarios”, sin especificar cuáles. En Iowa parar el tráfico podría castigarse con cinco años de prisión.

En Dakota del Norte, sacudida por las fuertes protestas en torno a la construcción del oleoducto Dakota Access, se ha propuesto una ley que libraría de cargos a quienes atropellasen manifestantes “involuntariamente”

Y en Dakota del Norte, sacudida los últimos meses por las fuertes protestas en torno a la construcción del oleoducto Dakota Access, el representante local Keith Kempenich ha propuesto una ley que libraría de cargos a quienes atropellasen manifestantes “involuntariamente”. “Pasó de ser una protesta a, básicamente, terrorismo en las carreteras, y propusimos la ley para que la gente pueda conducir sin miedo a darse con alguien y tener que ser responsables de ello”, declaró Kempenich a la CNN.

Fabio Rojas, profesor de sociología de la Universidad de Indiana Bloomington y experto en movimientos de protesta, dice que estamos asistiendo a un ciclo típico: una reacción de las autoridades al incremento reciente de manifestaciones. “No es una sorpresa que en EEUU se vayan a aprobar leyes para regular las protestas y facilitar su castigo”, dice a El Confidencial. “Es muy común ver esta reacción en la historia”.

Los dos últimos años han estado marcados por el movimiento Black Lives Matter (“las vidas negras importan”): un enjambre de grupos que protestan contra la violencia policial y que se reactivan cada vez que un joven negro desarmado cae muerto a manos de la policía, sin justificación aparente y a veces grabado por un testigo. Sus manifestaciones empezaron en Ferguson, Misuri, en 2014, tras la muerte a tiros del adolescente Michael Brown, y se extendieron a otros estados por casos parecidos.

Las ciudades afectadas dicen que las manifestaciones, que a veces degeneran en disturbios y enfrentamientos con la policía, han salido caras al erario público: 5 millones de dólares en el caso de Ferguson y 20 millones en el de Baltimore, según estimaciones del ayuntamiento.

Dakota del Norte, un estado dependiente del petróleo, ha sido el centro de la movilización ecologista al reunir una amalgama de grupos decididos a impedir la construcción del oleoducto. Desde la victoria de Donald Trump, las principales ciudades de EEUU han sido escenario de manifestaciones constantes. Las dos últimas la Marcha de las Mujeres y las protestas en los aeropuertos contra el veto de las visas. La frecuencia de las movilizaciones resulta inédita desde la guerra de Vietnam.

Para Michael Heaney, profesor de sociología de la Universidad de Michigan y experto en movimientos sociales, el hecho de que se estén discutiendo estas leyes significa que las autoridades prevén más protestas en el futuro. “Normalmente las medidas que se adoptan son a corto plazo, por ejemplo más policía. Pero a veces se manifiestan en nuevas leyes; es parte de la expectación de que las protestas serán bastante habituales en los próximos dos años. Las autoridades buscan maneras de mejorar su posición”.

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Eva Catalán. Los Ángeles

Carolina del Norte, cuyo exgobernador, Pat McCrory, fue increpado por manifestantes en las calles de Washington el día de la investidura de Donald Trump, prepara leyes contra lo que en España se conoce como “escrache”. Quienes intimiden a funcionarios pasados o actuales enfrentarán penas de prisión.

Grupos de defensa de los derechos civiles, como ACLU (Unión Americana de Libertades Civiles), dicen que alguna de estas leyes podría violar la Constitución. “He estado vigilando las leyes sobre libertad de expresión unos doce años y nunca he visto leyes anti-protesta ni de lejos semejantes a las que estamos viendo este año”, declaró a Bloomberg Lee Rowland, abogado de la ACLU.

“Los próximos dos años van a estar llenos de agitación. Trump ha provocado a muchos aspectos de la sociedad y estas comunidades reaccionarán y lucharán. Puedo anticipar que este va a ser el periodo más contencioso de mi vida; nací en 1972”

Los defensores de estas leyes dicen que no se trata de reprimir la libertad de expresión, sino de garantizar la seguridad pública. “No estamos intentando restringir el derecho de la gente a protestar pacíficamente”, declaró el senador de Iowa Jake Chapman. “Pero hay momentos y lugares apropiados. Y la interestatal no es uno de esos lugares”. Chapman hacía referencia a la carretera cortada por estudiantes el pasado noviembre.

El presidente del país, Donald Trump, se ha referido a las protestas varias veces en Twitter: “Anarquistas profesionales, matones y manifestantes pagados están probando los argumentos de los millones de personas que votaron para (en mayúsculas) hacer América grande otra vez”, tuiteó el viernes 27 de enero.

El profesor Rojas dice que esta dinámica les recuerda a los años sesenta, cuando varios estados colocaron obstáculos al derecho de manifestación. “Hay un caso famoso de Martin Luther King: lo metieron en la cárcel de Birmingham, en Alabama. La razón es que la ciudad no le había dado un permiso para protestar. Es un claro ejemplo de cómo se usa la ley para dificultar la congregación en público”.

“Los próximos dos años van a estar llenos de agitación”, declara a este diario Michael Heaney. “Donald Trump, en sólo un par de semanas, ha provocado a muchos aspectos de la sociedad y estas comunidades reaccionarán y lucharán. Puedo anticipar que este va a ser el periodo más contencioso de mi vida; nací en 1972”.