Polémica en Rumanía por una ley que despenaliza delitos de corrupción
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las protestas, las mayores desde 1989

Polémica en Rumanía por una ley que despenaliza delitos de corrupción

El PSD de Liviu Dragnea ha adoptado por sorpresa un decreto por el que solo se juzgarán los casos en los que la cantidad sustraída sea superior a 44.000 euros, y que beneficia a varios cargos del partido

placeholder Foto: Manifestación en Bucarest contra la despenalización de algunos delitos de corrupción, adoptada por decreto por el Partido Socialdemócrata, el 29 de enero de 2017 (EFE)
Manifestación en Bucarest contra la despenalización de algunos delitos de corrupción, adoptada por decreto por el Partido Socialdemócrata, el 29 de enero de 2017 (EFE)

Decenas de miles de rumanos han salido a la calle en los últimos días contra una polémica ley que despenaliza delitos de corrupción en Rumanía -cuando el valor sustraído no supera los 44.000 euros- y que ha recibido fuertes críticas dentro y fuera del país balcánico. La legislación, pese a esa movilización en contra, la adoptó anoche el Ejecutivo socialdemócrata mediante un decreto de emergencia, lo que beneficiará a numerosos políticos, entre ellos, el líder del Partido Socialdemócrata (PSD), Liviu Dragnea.

Nada más adoptarse la normativa, miles de personas salieron a las calles de Bucarest al grito de "ladrones" y "traidores", en la última de las grandes manifestaciones que ya el pasado domingo reunió a 100.000 personas en la capital y otras grandes ciudades. La manifestación del pasado domingo es considerada la mayor en la historia del país desde la caída del régimen comunista, en 1989.

Foto: Un hombre protesta entre coches durante una protesta antigubernamental tras la tragedia del Club Colectiv, en Bucarest, el 3 de noviembre de 2015 (Reuters)

La oposición ya ha anunciado una moción de censura al Gobierno, la normativa ha despertado las críticas del presidente, el liberal Klaus Iohannis, la Judicatura, la Fiscalía Anticorrupción y la Comisión Europea, que se mostró hoy "muy preocupada". Pese a todas los reproches y advertencias, el Ejecutivo de centroizquierda del primer ministro, Sorin Grindeanu, aprobó de forma sorpresiva -no estaba en la agenda del día- y con un decreto de urgencia una medida que ha dividido al país.

Dragnea, considerado el hombre fuerte del PSD y que no pudo postularse como primer ministro por una condena en suspenso de dos años de cárcel por fraude electoral, será uno de los grandes beneficiados ya que no podrá ser juzgado por una causa pendiente. No tendrá así que responder ante un tribunal en un proceso iniciado precisamente ayer por un caso de corrupción cuando era gobernador de una provincia rumana, puesto que las pérdidas al Estado están valoradas en 24.000 euros. La medida también beneficiará a otros altos cargos políticos pertenecientes al PSD y que están a la espera de juicio.

"Solo se abrirá un proceso administrativo y civil para recuperar el dinero" si la cifra es inferior a 44.000 euros, explica a Efe el redactor jefe del portal de noticias Hotnews, Cristian Pantazi, al subrayar que la medida "da vía libre a prácticas de corrupción". La fiscal jefe anticorrupción, Laura Codruta Kovesi, denunció hoy que "si un gerente de un hospital dispone de más de 50.000 euros para comprar medicamentos y reparte el dinero en sumas pequeñas en contratos a quien quiera -familia o amigos- ya no podrá ser investigado penalmente".

La UE, preocupada por el "retroceso"

La oposición de centroderecha ha anunciado una moción de censura, que no tiene visos de prosperar ante la sólida mayoría absoluta de la coalición formada por el PSD -que obtuvo en las elecciones de diciembre el 45 % de los votos- y la Alianza de Liberales y Demócratas (ALDE). Mientras tanto, el presidente y también el Consejo Superior de Magistratura han pedido a la Corte Constitucional que se pronuncie sobre el polémico decreto ley.

El ministro de Justicia, Florin Iordache, expresó ayer su malestar por las protestas al indicar que está siendo criticado "por algo esencial en una democracia: las leyes las hacen los legisladores". No solo el Gobierno trata de despenalizar ciertos casos de corrupción sino que además ha indultado a 2.700 personas condenadas a menos de cinco años de cárcel por delitos no violentos.

Foto: El oligarca Gigi Becali gesticula tras depositar su voto en un colegio electoral de Bucarest, en noviembre de 2009. (Reuters)

Iordache justificó esta decisión hoy en una declaración de prensa sin preguntas por la necesidad de vaciar las superpobladas cárceles del país. "Piden que la Justicia sea independiente, libre, que castigue a los políticos y sus clientes que roban contratos del Estado, distorsionando el mercado, robando sus puestos de trabajo, sus derechos a una sanidad y educación de calidad", describe Pantazi la indignación de muchos rumanos.

Para el analista Dan Tapalaga la presión política y social es la única vía de hacer al Gobierno cambiar su decisión. "La solución pasa por la presión institucional y pública que obligue a retirar el decreto urgente que ha transformado a Rumanía en una país de ladrones legalizados", explica a Efe.

Mientras, la Comisión Europea se mostró hoy "muy preocupada" por el "retroceso" en la lucha contra la corrupción en Rumanía. "La lucha contra la corrupción necesita avanzar, no ser deshecha. Seguimos con gran preocupación los últimos acontecimientos en Rumanía", indicaron hoy en un comunicado conjuntos el presidente y vicepresidente primero de la Comision, Jean-Claude Juncker y Frans Timmermans.

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