Por qué Australia es el único Gobierno que apoya el 'veto antimusulmán' de Trump

Entre las reacciones internacionales al veto ordenado por Donald Trump contra la entrada en EEUU de ciudadanos de siete países de mayoría musulmana, un país ha optado por desmarcarse de la condena generalizada: Australia. Varios altos cargos del Gobierno de Malcolm Turnbull no solo han evitado criticar a EEUU, sino que, en algunos casos, defienden abiertamente esta política.

“Tengo confianza en que los gobiernos australiano y estadounidense seguirán apoyándose mutuamente para asegurar que podemos implementar nuestras políticas fuertes de inmigración y protección de fronteras”, aseguró ayer la ministra de Exteriores australiana, Julie Bishop, en Los Ángeles. Más explícito aún ha sido el ministro del Tesoro y antiguo ministro de Inmigración, Scott Morrison, quien ha asegurado que ahora el resto del mundo “se está poniendo al día” respecto a Australia.

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El motivo: que las propias políticas antiinmigración aplicadas por Australia se encuentran entre las más duras y criticadas del mundo, hasta el punto de que el país llegó a establecer centros de detención en islas cercanas, como Papúa-Nueva Guinea o Nauru, cuyas condiciones, según los testimonios de expertos y antiguos trabajadores, están entre las peores del mundo. Era la llamada Solución del Pacífico, lanzada en 2002 por el Ejecutivo de John Howard, que consistía en que, para evitar las responsabilidades derivadas de la legislación internacional sobre asilo, aquellos solicitantes interceptados en el mar no serían enviados a la propia Australia territorial sino a islas del Pacífico, donde se evaluarían sus peticiones.

Se trataba de un intento deliberado de disuadir a aquellos que trataban de llegar en patera a suelo australiano, dificultando muchísimo el proceso de obtención de asilo. Por ello, Canberra firmó acuerdos con Papúa-Nueva Guinea y Nauru para la creación de estos centros de detención, a cambio de sustanciosas cantidades: para Nauru, un país sin apenas riquezas naturales ni capacidad de explotarlas, el centro de detención de inmigrantes suponía su principal fuente de ingresos.

La Solución del Pacífico fue parcialmente revocada en 2008 por el Gobierno laborista de Kevin Rudd, y a los solicitantes que quedaban en los centros —en su mayoría refugiados de Birmania y Sri Lanka— se les garantizaron derechos de residencia en Australia. En 2012, sin embargo, los centros fueron reabiertos, hasta que el pasado 27 de abril, el Tribunal Supremo de Papúa-Nueva Guinea ordenó el cierre del centro de detención de la isla de Manus, tachándolo de “ilegal e inconstitucional”. Unos días después, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) exigió el traslado inmediato de todos los internos a otro lugar con “condiciones humanas”. “No hay duda de que la política actual de procesamiento y detención prolongada en las islas es inmensamente dañina”, afirmó la institución en un comunicado.

"Nuestras fronteras son la envidia del mundo"

Sin embargo, Morrison ha defendido esta política en una entrevista con el presentador de radio australiano Ray Hadley. “Recuerdo cuando llegué en 2013 y empecé a implementar nuestra política de protección de frontera. La gente se rasgaba las vestiduras, y yo dije: 'Estoy haciendo lo que dije que haría de la forma en la que dije que lo haría'. ¿Y sabes qué? Ahora estoy logrando los resultados que dije que lograría. Y lo hicimos como Gobierno, y lo hemos continuado como Gobierno, y ahora somos la envidia del mundo si hablamos de políticas fuertes de protección de fronteras”, ha dicho. “Al resto del mundo le encantaría tener nuestras fronteras y la forma en la que las hemos asegurado, y los acuerdos de inmigración que hemos establecido, en particular los más recientes, en los últimos tres o cuatro años. Tenemos un buen historial al respecto. Realmente, el resto del mundo se está poniendo al día respecto a Australia”, ha añadido.

La posición australiana contrasta con la mantenida por la mayoría de los países de la Unión Europea, Latinoamérica, el mundo árabe, África e incluso las Naciones Unidas. "La discriminación basada únicamente en la nacionalidad está prohibida bajo la ley internacional de los derechos humanos", ha declarado el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, el jordano Zeid Ra'ad al Husein, que ha calificado la medida de ilegal. "El veto estadounidense es también mezquino y desperdicia los recursos necesarios para una lucha antiterrorista adecuada", ha añadido.

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Por su parte, la canciller de Alemania, Angela Merkel, asegura que su Gobierno está trabajando para ver cómo afecta la medida a aquellos de sus ciudadanos que tienen doble nacionalidad alemana y de uno de los países afectados por el veto. "Desde la Cancillería, se está haciendo todo lo posible por aclarar la situación de esos ciudadanos", afirmó, antes de mostrarse sumamente crítica con la decisión de Trump. Esta "no se ciñe, a mi parecer, a los fundamentos de la ayuda internacional a los refugiados y a la cooperación internacional", ha dicho Merkel.

"La lucha contra el terrorismo internacional no justifica una sospecha general sobre las personas, en razón de su religión, en este caso la musulmana, o su procedencia", subrayó la canciller. El Gobierno alemán estima que el número de sus compatriotas con doble nacionalidad perjudicados por la medida supera ampliamente los 100.000: unas 80.000 personas de origen iraní, 30.000 iraquíes, 25.000 sirios y más de un millar de sudaneses.

Barack Obama también ha participado en la polémica. El antecesor de Trump en la Casa Blanca asegura "sentirse alentado por el nivel de participación en comunidades de todo el país", según ha declarado en un comunicado su portavoz, Kevin Lewis. "Los ciudadanos ejerciendo su derecho constitucional a reunirse, organizarse y hacer que sus voces sean escuchadas por sus representantes electos es exactamente lo que esperamos ver cuando los valores estadounidenses están en juego. En relación con las comparaciones con las decisiones del Presidente Obama en política exterior, tal y como hemos oído, el presidente está fundamentalmente en desacuerdo con la noción de discriminación contra individuos debido a su fe y religión", ha indicado Lewis.

"Los británicos son bienvenidos"

En Reino Unido, sin embargo, parecen estar seguros de que la decisión no afectará a sus compatriotas. "Como principio general, todos los poseedores de un pasaporte británico son bienvenidos a viajar a Estados Unidos", ha declarado el ministro británico de Exteriores, Boris Johnson, al margen de su lugar de nacimiento o de si tienen otros pasaportes. El jefe del Foreign Office asegura que la embajada estadounidense en Londres está al tanto de la situación. La exención se aplicaría solamente a los ciudadanos con pasaporte de Gran Bretaña, Canadá, Nueva Zelanda y Australia.

Pero mientras se aclara la situación, el veto está perjudicando a los trabajadores de las aerolíneas de todo el mundo, algo especialmente visible en países donde existe una importante comunidad inmigrante y refugiada integrada en la vida económica, como es el caso de Alemania. La primera en llamar la atención sobre este problema ha sido, de hecho, Lufthansa, que ha anunciado que la compañía ha tenido que cambiar sus planes de trabajo y redistribuir a su personal. "Tenemos miembros de tripulación que se ven afectados por el cambio", ha dicho un portavoz de la empresa.

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Además, varios diputados británicos, encabezados por el laborista Stephen Doughty pero con apoyo de colegas de otros partidos, han presentado una moción para que no se permita a Trump que se dirija al Parlamento durante su visita oficial a este país. La iniciativa pide a los presidentes de las Cámara de los Comunes, John Bercow, y de los Lores, Peter Fowler, que "no den permiso al Gobierno de su Majestad para que el presidente Trump pronuncie un discurso en Westminster Hall o en ningún otro lugar del Palacio de Westminster". Los diputados consideran que no sería apropiado que el líder estadounidense se dirigiera a las dos cámaras parlamentarias desde el lugar en que lo hizo en 1996 el entonces presidente de Suráfrica, Nelson Mandela, o donde yació en su féretro el ex primer ministro conservador Winston Churchill.

Del mismo modo, una petición ciudadana en la página del Parlamento exigiendo que se cancele el viaje oficial de Trump al Reino Unido se acerca al millón y medio de firmas. "A Donald Trump se le debe permitir entrar en el Reino Unido en su faceta de jefe del Gobierno de EEUU, pero no se le debería invitar a hacer una Visita Oficial de Estado porque eso avergonzaría a su Majestad la Reina", se lee en la página. Sin embargo, la primera ministra británica, Theresa May, ha dicho hoy que el programa "se mantiene" a pesar de las protestas.