May 'se vende' ante Trump a cambio de un acuerdo comercial pos-Brexit

“Nuestros intereses y valores primero”. La frase no es de Donald Trump. Es la respuesta de la primera ministra británica, Theresa May, a la presión creciente de diputados de todos los partidos para que aborde hoy en su reunión con el presidente de EEUU cuestiones como el uso de la tortura en la lucha antiterrorista o su estrategia contra el cambio climático. La 'premier' entrará en la Casa Blanca con la misión de establecer una “relación especial” con la Administración Trump tras el Brexit, es decir, cerrar un acuerdo de comercio bilateral entre Londres y Washington, ahora que el Gobierno británico ha confirmado que la salida de la Unión Europea conlleva abandonar el mercado único a comienzos de 2019.

Bruselas ha advertido reiteradamente a Londres de que no puede formalizar acuerdos de comercio bilaterales antes de pactar las condiciones de su salida del bloque comunitario. Ayer, May —que apuesta por la salida del mercado único en aras del control de fronteras pero, a la vez, pretende evitar aranceles con Europa— subrayó que su objetivo en Washington es, únicamente, explorar las “primeras fases” de un futuro tratado. Un tratado vital para un Reino Unido pos-Brexit: la Unión Europea representa el 48,5% del comercio total británico (importaciones y exportaciones de bienes y servicios), según el 'think tank' Open Europe.

"El Brexit ha convertido el Reino Unido en un país que suplica desesperadamente. El Gobierno se aferra con cobardía a una relación especial que reside solo en nuestra necesidad"

El gabinete de May anunció ayer que la reunión entre Trump y la 'premier' en el Despacho Oval versará sobre “prioridades” como el acuerdo comercial pos-Brexit, la cooperación en materia de seguridad o las relaciones con Rusia. Ni una sola referencia a asuntos como las políticas medioambientales, la estrategia antimigratoria o la tortura, ahora que el presidente se dispone a reactivar las políticas de la “guerra contra el terror” que emprendió George W. Bush, incluido el programa de tortura de sospechosos en el extranjero. Por ello, en vísperas del encuentro, diputados, medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales redoblaron la presión sobre May exigiéndole que evidencie ante Trump la brecha que divide a los dos gobiernos en dichas cuestiones.

Mientras el líder de la oposición laborista, Jeremy Corbyn, exigió ayer a la 'premier' que “garantice al pueblo británico” que un futuro acuerdo comercial con EEUU no conllevará la privatización del servicio nacional de salud ni “convertirá a Reino Unido en un paraíso fiscal a orillas de Europa [en referencia a los planes de Londres de rebajar el impuesto de sociedades al 10%]”, parlamentarios de todos los partidos urgieron a May a que cuestione a Trump sobre los métodos interrogatorios abusivos que pretende reinstaurar. “Nosotros no autorizamos la tortura, no nos involucramos [en esa práctica] y esta continuará siendo nuestra posición al respecto”, respondió la primera ministra. Su equipo, sin embargo, se ha negado a confirmar si la tortura estará incluida en la agenda del encuentro.

En cuanto a cuestiones medioambientales, May rechazó presionar a Trump para que cumpla los términos del Acuerdo del Clima de París, tal y como le exigieron la oposición laborista y varias ONG. “May debe asegurarse de que, en su urgencia por conseguir un acuerdo comercial, no se convierte en 'caddie' de Trump”, subrayó el presidente de Greenpeace, John Sauven. Su visión coincide con la que esgrimen numerosos medios británicos, que exigen a la primera ministra que “mantenga la dignidad”. “El Brexit ha convertido el Reino Unido en un país que suplica desesperadamente. El Gobierno se aferra con cobardía a una 'relación especial' que reside solo en nuestra necesidad”, escribe la columnista Polly Toynbee, exeditora de Asuntos Sociales de la BBC, en 'The Guardian'.

Opinión

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Alberto Gallo*

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Con el encuentro con Trump, la 'premier' cierra una semana marcada por la sentencia del Tribunal Supremo británico que obliga a May a contar con la aprobación del Parlamento antes de iniciar el Brexit. Londres mantiene sus planes de activar el artículo 50 del Tratado de Lisboa —que da inicio a las negociaciones para definir la salida de la UE— antes de marzo. Ayer, el Gobierno presentó en Westminster el proyecto de ley que lo autoriza a comunicar formalmente a Bruselas la decisión de abandonar la UE. Los diputados debatirán el texto el próximo martes 31.

"[El fallo del Supremo] no cambia nada", insiste el Gobierno británico desde que la máxima autoridad judicial del país emitió su sentencia. Otros, como el reputado abogado constitucionalista Geoffrey Robertson, sostienen que la obligación de pasar por Westminster podría retrasar hasta dos años el calendario de May para iniciar el proceso de salida. Robertson, que define el fallo del Supremo como una "monumental reafirmación" de la soberanía del Parlamento, sostiene que la obligación de pasar por "todo el proceso parlamentario", incluida la Cámara de los Lores, significa que May probablemente no podrá activar el Brexit hasta 2019, solo un año antes de las próximas elecciones generales. Una visión que todos los expertos consultados consideran exagerada.

"Una vez que se active el artículo 50, es probable que el proceso formal de romper lazos con la UE dure dos años, mientras que el informal podría llevar incluso más tiempo"

"Discrepo de ese punto de vista. El Gobierno pretende activar el artículo 50 en marzo, por lo tanto es probable que fuerce una votación sobre un proyecto de ley en seis semanas. Incluso si este se demora en la Cámara de los Comunes, sería casi imposible retrasarlo más de unos pocos meses, así que dos años está fuera de toda duda. Una vez que se active el artículo 50, es probable que el proceso formal de romper lazos con la UE dure dos años, mientras que el proceso informal podría llevar incluso más tiempo. Esto, sin embargo, es lógico considerando la magnitud de la decisión tomada por los británicos, y el necesario proceso resultante", explica a este diario Ben Harris, presidente del Bow Group, el 'think tank' conservador más antiguo de Reino Unido.

La sensación entre los analistas, no obstante, es que el calendario de May es excesivamente optimista. "Ya desde julio del pasado año, se hablaba en círculos económicos y políticos de un posible retraso o de una activación en falso, aunque nadie se atreve a dar fechas concretas. Se apunta a cuatro posibles supuestos: el primero, que se lleve al Parlamento y este lo rechace. El segundo, que el Parlamento active en condiciones normales el artículo 50, siguiendo el calendario de May. El tercero, que la votación parlamentaria se realice con un retraso de varios meses y que no se active el artículo 50 hasta que las instituciones de la UE elaboren un acuerdo alternativo satisfactorio para el Reino Unido. Finalmente, habiéndose activado [el artículo 50] y una vez alcanzado un nuevo acuerdo, este se sometería nuevamente a un referéndum, más por cuestiones políticas que legales, con un resultado siempre incierto”, explica a El Confidencial Gonzalo Gómez Bengoechea, profesor de Economía y director del máster Asuntos Internacionales en la Universidad Pontificia Comillas-Icade.